Un imputado en el caso de la formación pone a la UDEF en su punto de mira

Más de tres horas de comparencia en la comisión de investigación sobre el fraude en los fondos de formación en el Parlamento andaluz han servido para que el exconsejero de Hacienda de la Junta y principal encausado, Ángel Ojeda, ponga en el punto de mira al inspector jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que redactó el atestado que acabó con su detención. Contra éste ya se ha querellado por falsedad documental y detención ilegal, pero ha añadido un elemento más: todo se desencadenó en plena campaña de las elecciones autonómicas.

Ojeda ha sido duro en el ataque. Según sus datos, el 90% de las detenciones por este caso se produjo en Andalucía y en periodo electoral: 90 detenciones en la operación Edu Costa y otras 110 en la operación Edu Centro, en precampaña y campaña, respectivamente. De inmediato los cerca de 400 empresarios andaluces detenidos fueron puestos en libertad, mientras en otras comunidades “ha habido empresarios que han acabado en prisión, ha habido regalos a ‘conselleiras’, tráfico de influencias y mordidas”, ha dicho retador, “y aquí no ha habido ninguno de estos supuestos”.

Pese a no querer señalar a nadie en instancias superiores, ha acusado a este inspector jefe de haber introducido “la deriva penal” en un caso en el que, a su modo de ver, no hay fraude, sino simples irregularidades administrativas.

El entramado empresarial de Ojeda, que constituye por sí solo una de las nueve piezas en las que ha sido dividida esta macrocausa que está siendo investigada judicialmente, según un informe de la UDEF, pudo haber obtenido supuestamente beneficios millonarios de la Junta para la realización de cursos. Por esta razón, el empresario se querelló contra el inspector jefe de la UDEF, cuya declaración en los juzgados de Cádiz estaba prevista también para hoy, pero que ha sido suspendida al haber solicitado este un abogado del Estado, según informa Europa Press.

Ojeda sostuvo su querella en que el inspector jefe elaboró el atestado sobre una de sus empresas (Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas) con datos de la Agencia Tributaria, y su conclusión era que obtuvo unos beneficios de más de 3,7 millones de fondos públicos. Entre las razones para desmontar el atestado, Ojeda resalta en su querella que esos datos son una “verdadera y auténtica falsedad” en documento público porque no “no contiene ni los gastos de las nóminas, ni de los seguros sociales, ni de las operaciones menores de 3.000 euros”.

Su comparecencia en la comisión de investigación también le ha servido a Ojeda de ensayo del esquema de defensa que, con toda probabilidad, volverá a emplear en su declaración ante los juzgados dentro de una semana. Ha insistido en que el escándalo de los fondos de formación no llega a la categoría de fraude, sino que se queda varios peldaños más abajo, en la mera “irregularidad administrativa”. Para corroborarlo, se ha apoyado en los testimonios de los interventores provinciales de la Junta ante la comisión de investigación y en la profesionalidad de los funcionarios y técnicos de la Junta. Por eso, ha insistido en que todos los cursos fueron legales: desde su adjudicación a su pago y posterior justificación.

Contra el Ministerio de Trabajo

Otra de las pruebas que ha esgrimido son las victorias judiciales que está teniendo por el momento en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la vía contencioso-administrativa. La Junta está siendo condenada a abonarle el 25% de las subvenciones concedidas que aún no le ha pagado, por considerarse que todo está justificado (la Junta concedía el 75% de las ayudas y dejaba el abono del 25% restante a la espera de la justificación de los cursos). Sin ir más lejos, la semana pasada fue condenada a liquidarle casi 35.000 euros.

También ha apuntado al Ministerio de Trabajo. Según ha narrado, la propia ministra Fátima Báñez quiso detener la adjudicación de cursos de formación a sus empresas tras su detención y pidió un informe al servicio jurídico del Estado, pero se le respondió que todo era “absolutamente legal”. A este respecto, en su descargo sobre, Ojeda ha recordado que si hubiera conseguido las cosas por influencia, tan sólo en Andalucía tiene un 1% de su trabajo, y el 18% son cursos de formación del Estado y logrados en concurrencia competitiva.

Ojeda, que se autoproclamado como un empresario “casi ejemplar”, ha justificado lo complejo de entramado empresarial (50 empresas entre sociedades limitadas y anónimas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, que tienen 17.000 clientes y 3.000 trabajadores) en su capacidad por apostar por la internacionalización y por romper en un sector tradicionalmente “minifundista”, por ser un latifundista en sectores costosos donde para los cursos se requiere de inversión en tecnología.

Interrogatorio tenso hasta para ir al baño

La tensión en este interrogatorio ha sido palpable, en especial, con el PP. Poco o nulo éxito han tenido los populares a la hora de acorralar a Ojeda, que se ha negado a responder al denso interrogatorio que tenía preparado la diputada Teresa Ruiz Sillero, y justificó su negativa en que ésta le había “difamado”. Ruiz Sillero se ha defendido, no ha querido pedirle perdón y le ha espetado que “si está acostumbrado a mandar en sus empresas y en la Junta, en el PP no manda”. La tensión ha ido en aumento cuando, tras este episodio, Ojeda ha pedido un receso para ir al baño y el PP se lo ha recriminado al presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz, por habérselo concedido.

Ruiz Sillero ha acusado a Ojeda de presentarse como un “comercial” que ha sabido “vender” su inocencia, pero al que el PP “no le va a comprar nada”. Entre el largo cuestionario sin respuesta, Ruiz Sillero ha colado preguntas acerca existencia de fondos de Ojeda en Kuala Lumpur, Luxemburgo o Chile. “¿Usted no tiene dinero en Panamá, que está tan de moda?”, le ha preguntado.

El segundo plato fuerte del día era el interrogatorio al extesorero de UGT en Andalucía Federico Fresneda, otro de los principales imputados en la trama de las facturas falsas del sindicato que se investiga. Este ha negado a declarar en la comisión de investigación, aunque los diputados de los distintos grupos sí le han preguntado por la titularidad de los centros en los que se impartieron los cursos, las posibles contraprestaciones en los alquileres, las facturas o las justificaciones de los cursos, si hubo contabilidad B o un supuesto desvío de los fondos de formación para actividades sindicales con facturas falsas.

“No sé hacer un chorizo”

En esta jornada también ha declarado un exalumno de un curso de formación subvencionado por la Junta de elaborador de productos cárnicos. Jesús Marín, que recibió el curso en 2010 en la empresa Zureja Formación en Alhaurín el Grande (Málaga) y que las prácticas las realizó en la empresa Embutidos Moreno Plaza, ha indicado que obtuvo el título “regalado” de la Junta. “No sé elaborar un chorizo”, ha manifestado.

Entre la lista irregularidades que ha señalado, está que supuestamente sabían de antemano cuándo había visita de un inspector, la falta de adecuación de los espacios para recibir las clases y hacer las prácticas, que el curso lo empezaron quince alumnos y sólo lo terminaron diez y que, aunque el compromiso de contratación era del 60%, solo contrataron a dos. Tampoco la contratación se correspondía con el trabajo que desempeñaban porque, según indicó, el administrador de la empresa del curso contrató a otros cuatro alumnos como "matarifes" para que no le penalizaran, pero luego hicieron trabajos de en su vivienda de fontanería o albañilería.

Marín ha señalado que estas y otras anomalías las comunicó a un funcionario de la Junta vía e-mail pero que no hicieron nada para comprobar que sus denuncias. Tras su paso por este curso, ha dicho sentirse “como un idiota” ya que este “ha valido para que otros se lucraran”.