La Audiencia Nacional acaba de dictar una sentencia de conformidad y ha condenado al expresidente de la entidad PricewaterhouseCoopers S.L., Miguel Fernández de Pinedo, además del presidente del Comité Ejecutivo de PwC y responsable de Operaciones para España, al responsable de los Servicios Fiscales de Landwell y a un socio de la División Jurídico y Fiscal, en los años 2002 y 2003, fechas de los hechos.

Sin embargo, no se ha llegado a celebrar el juicio porque los cuatro acusados han llegado a una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para que les rebajara la pena, lo que evita su ingreso efectivo en prisión, a cambio de devolver los 17 millones de cuota defraudada, más los intereses, que superan los 11 millones de euros y multas cercanas a los nueve millones de euros.

Esta cantidad ha sido pagada por la propia auditoría, “extremo que ha sido determinante para alcanzar el acuerdo de conformidad”. La multa de los nueve millones de multa ha sido impuesta a cambio de no ingresar en prisión. El acuerdo se ha hecho efectivo después de pagar todas las cantidades.

La sentencia sanciona la utilización de las escisiones-venta con finalidad defraudatoria. Estas actuaciones constituyen un fraude a la Hacienda Pública basado en el abuso de formas jurídicas y en la utilización de negocios simulados y otras categorías de negocios anómalos.

La sentencia de referencia supone la primera condena en Europa y en España de este tipo de fraude fiscal, asociado a la utilización abusiva del Régimen especial de Fusiones y Escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores y derivada de la aplicación de la cláusula antiabuso contenida en la regulación del mismo.

Ingeniería fiscal

La acusación de Anticorrupción comenzó contra 61 socios pero finalmente han llegado a juicio el presidente y otros tres altos cargos.

Los hechos descritos por la Fiscalía y asumidos por la Audiencia se refieren a la venta de la división de consultoría a nivel mundial, PwC Consulting a IBM por 3.500 millones de dólares en octubre de 2002. La filial española se valoró en 40 millones de euros. Los acusados realizaron diversas operaciones previas a la venta en busca de defraudar a las haciendas Pública Estatal, Foral Vasca, Foral de Vizcaya y Foral de Álava.

Estas operaciones de “ingeniería fiscal” se concretan en la presunta simulación de una operación de reestructuración empresarial, la omisión de las retenciones de IRPF debidas y su ingreso en el erario público por parte de la sociedad PwC y la omisión de declaración de ingreso por cada uno de los socios de los beneficios obtenidos como consecuencia de las dos operaciones.