El fiscal ve motivo para que el CGPJ revise la actuación de la 'jueza de Podemos'

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este martes a la Sala Penal que remita al Consejo General del Poder Judicial las informaciones periodísticas que la defensa del ministro José Manuel Soria ha aportado en una ampliación de la querella que interpuso contra la jueza en excedencia y diputada de Podemos por Canarias Victoria Rosell.

La Sala Penal tiene pendiente pronunciarse sobre la admisión de una querella en la que el ministro de Industria en funciones atribuye a Rosell supuestos delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.

La querella se refiere a unas manifestaciones realizadas por Rosell durante la última campaña electoral en las que acusó a Soria de utilizar a la Fiscalía para neutralizarla a ella como rival político.

Se refería a que la Fiscalía de Las Palmas había abierto unas diligencias para investigar si Victoria Rosell, como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de esa ciudad, debía haberse abstenido de intervenir en unas diligencias abiertas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Según la querella, Rosell instruyó ese asunto mientras su pareja, el periodista Carlos Sosa, estaba negociando acuerdos comerciales con Ramírez, entre ellos el arrendamiento por 300.000 euros de una licencia de radio que necesitaba la Unión Deportiva Las Palmas. El acuerdo se cerró el 26 de octubre, 10 días después de que la jueza solicitara la excedencia para concurrir a las elecciones generales.

Sobre la base de que el negocio entre Ramírez y la pareja de Rosell se había cerrado después de que ésta abandonara el Juzgado, el Consejo General del Poder Judicial archivó en febrero una denuncia disciplinaria presentada por la Fiscalía. El Ministerio Público, tras señalar los retrasos que había sufrido la causa contra Ramírez, subrayaba que Rosell había seguido tomando decisiones como juez de instrucción a sabiendas de que su pareja estaba negociando con el principal imputado un acuerdo comercial.

Sin embargo, según el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ la denuncia no aportaba indicio alguno, más allá del hecho de la convivencia, que permitiera sospechar que la magistrada era conocedora de la actuación de su pareja.

Ampliación de la querella

La defensa del ex ministro de Industria, que ejerce Eligio Hernández, ex fiscal general con el Gobierno del PSOE, presentó a finales del mes pasado una ampliación de la querella para poner en conocimiento del Supremo que, de acuerdo con lo publicado por distintos medios de comunicación, el magistrado que se encarga ahora del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas tomó declaración a Miguel Ángel Ramírez el 21 de marzo y el empresario aportó un pendrive con documentos que pondrían de manifiesto que sus negocios con Carlos Sosa se remontan al año 2000.

La ampliación de la querella fue remitida por la Sala a la Fiscalía del Supremo para que manifestara su criterio. En un dictamen firmado por el fiscal Fernando Prieto, el Ministerio Público insiste en que la querella no debe ser admitida a trámite porque no aporta un principio de prueba distinto de las informaciones periodísticas, pero añade: "No obstante, procede remitir testimonio de los documentos aportados [por el querellante] al Consejo General del Poder Judicial a los efectos oportunos".

Fuentes jurídicas señalaron, no obstante, que en ese caso no se trata de meras informaciones periodísticas ya que existe una declaración judicial, prestada ante el nuevo instructor por el empresario investigado, que la Sala podría reclamar para comprobar la existencia de los indicios necesarios para admitir a trámite la querella.

En una práctica seguida sobre todo en causas que afectan a miembros del Poder Judicial, la Sala suele optar por tramitar unas mínimas diligencias preprocesales, indispensables para evaluar la solvencia de la querella antes de decidir sobre su admisión o no a trámite. Así se hizo, entre otros procedimientos, con las querellas presentadas contra el ex juez Baltasar Garzón.