El sindicato Manos Limpias ha intentado en al menos dos ocasiones frenar la causa contra la infanta Cristina antes de que se sentara en el banquillo. La primera, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, se produjo en verano de 2014 cuando Manos Limpias arrancó también la causa contra la familia Pujol. La segunda, se produjo poco antes de que arrancara el juicio definitivo contra la hija del rey. En ambos casos, las maniobras no fueron secundadas por la letrada de la acusación popular, Virginia López-Negrete, que se opuso a cambiar de criterio y abandonar la causa.
Sin embargo, la detención del máximo responsable del sindicato, Miguel Bernad, acusado de chantajear presuntamente a entidades bancarias a cambio de no ejercer acusaciones judiciales contra ellas, ha salpicado de lleno el procedimiento. Pau Molins, uno de los abogados que ejerce la defensa de la infanta, ha reconocido públicamente haber denunciado ante la Audiencia Nacional la "extorsión" a la que fue sometido cuando un enviado de Manos Limpias -todavía sin identificar públicamente- le pidió hasta tres millones de euros para retirar la acusación contra Cristina de Borbón.
Un correo para las negociaciones
No fue la abogada López-Negrete quien se presentó en su despacho, sino alguien que decía representar los intereses del sindicato. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los letrados de la infanta no fueron los únicos que recibieron la visita de enviados que actuaban en nombre de Manos Limpias. En estos casos, la fórmula utilizada por los intermediarios fue similar, y dejaron además un correo electrónico como medio de negociación financiera; una dirección de email que pertenecía a una tercera persona y que aparentemente nada tenía que ver con Manos Limpias.
La abogada del sindicato en el Caso Noos se ha desligado de este tipo de operaciones y mantiene que, de ser confirmadas por la investigación abierta, se realizaron siempre a sus espaldas y sin su consentimiento. Fuentes de la investigación matizan además que, aunque la denuncia presentada por los abogados de la infanta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha incorporado a la causa, instruida por el juez Santiago Pedraz, el grueso de las investigaciones se centran en las presuntos sobornos reclamados por Luis Pineda y otro personal de Ausbanc.