El cerebro de Vitaldent seguirá en la cárcel por mover ingente cantidad de dinero negro

El presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, acaba de perder su esperanza de quedar en libertad. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que tanto él como sus cuatro más estrechos colaboradores deben permanecer en prisión. La principal razón es que todos ellos manejaron o conocían todo el dinero negro obtenido de sus clínicas, y que la Policía cuantifica en 17 millones de euros al año, y por tanto hay mucho riesgo de que si quedan libres se puedan fugar.

Colman, a quien se llegó a conocer como “Mc Dentist” y sus compinches llevan dos meses en la cárcel desde que a mediados de febrero, la titular del Juzgado número 2 de Majadahonda lanzaba, con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, la 'Operación Topolino'. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) llevaba tres años investigando al dueño de las franquicias Vitaldent, quien había conseguido amasar una de las mayores fortunas en España, por mover grandes cantidades de dinero a extranjero no declarado a Hacienda y con el objeto de blanquearlo.

Colman, uruguayo de nacimiento, no trabajó sólo sino que un estrecho grupo de colaboradores le ayudaron a mover todo ese dinero. De la investigación lo que más llama la atención es que esta organización tenía serias dificultades para esconder y sacar del país de la gran cantidad de dinero en metálico del que disponían. Este empresario tenía una casa en la más lujosa urbanización de Madrid, varios aviones e incluso se había comprado un pueblo en el pirineo catalán por cinco millones de euros, entre otras muchas propiedades.

Hechos de “notable gravedad”

Y es precisamente por este argumento, que la Sala ha desestimado los recursos de apelación presentados tanto por Colman como por el vicepresidente, Bartolo Conte; el director general de Expansión del grupo, Javier Artega, su hermano Óscar, y la directiva Yolanda Copete. Él único que ha obtenido la libertad es Nicolás Sissini por cuestiones de salud.

Según recoge el auto de la Sala, y como ha podido saber EL ESPAÑOL, los hechos por los que están siendo investigados “es evidente que son de notable gravedad, aunque en el momento procesal en el que nos encontramos se desconozca la plena participación del investigado en los hechos objeto de instrucción, debido al secreto parcial en el que se encuentran las actuaciones”, explica de cada uno de los imputados.

En la causa se investigan delitos blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de organización criminal, contra la Hacienda Pública, y estafa. Respecto de este último delito, los estafados y quienes denunciaron los comportamientos delictivos de Colman son los dueños de las clínicas, es decir los franquiciados, a quienes se les exigí pagar un porcentaje de sus ganancias así como el canon establecido en metálico y fuera del control legal. Ante los abusos del dueño de la marca, varios de los franquiciados acudieron a la Policía a denunciar los hechos y ahora se encuentran como perjudicados.

A la vista de los delitos que se le imputan, el tribunal sostiene que “son suficientes, en cuanto a su gravedad, para afirmar la existencia de un riesgo de fuga”.

Intervienen o conocen las recogidas de dinero

Son numerosas las recogidas en efectivo que constan en la causa y los investigados intervienen y/o conocen en la recogida de dinero b. Por tanto, el tribunal entiende que es un peligro que el cabecilla de la organización criminal y sus colaboradores quedan en libertad. También tiene en cuenta que de manera indiciaria se habrían cometiendo una serie de delitos que llevan aparejadas penas muy altas por lo que considera que la medida de prisión es proporcionada.

Además, tiene en cuenta que que existe en esos momento una parte secreta de las actuaciones y, por tanto, si quedaran en libertad se cometería el riesgo de que pudieran destruir y ocultar las fuentes de prueba.

En el auto de prisión acordado por el juez María Isabel Serrano, se recogía un informe policial que fijaba en 17,5 millones de euros al año la cantidad que el dueño de la cadena de clínicas había obtenido en B y que habría ocultado a Hacienda a través de un entramado societario tanto en España como en diversos paraísos fiscales.

Según la magistrada, de la investigación llevada a cabo se desprende indicios bastantes de la existencia de un grupo de personas que, de manera organizada, como propietarias y/o responsables de Vitaldent, “y a través del sistema de franquicia que opera con centenares de clínicas repartidas por España, habrían diseñado y estaría participando en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes y la propia Hacienda”.

De esta manera, habría generado “cantidades ingentes” de dinero opaco a la Administración Pública, cuyo destino final “trataría de desvincularse de su origen mediante operaciones ficticias y la utilización e interposición de numerosas entidades instrumentales radicadas en España, Holanda, Suiza o Luxemburgo”.