La okupación divide al gobierno de Carmena

Carmena quiere suavizar las condiciones para quienes necesitan acceder a una vivienda pública. Su propuesta, más allá de rebajar los requisitos económicos y agilizar el proceso, pasa por permitir la solicitud también a quienes hayan ocupado ilegalmente durante los últimos diez años, lo que de momento está prohibido.

Este cambio en el reglamento fue tumbado en la comisión de Equidad. El PSOE -su socio fundamental- se abstuvo y el cambio de las normas que aprobó Botella en 2012 ha quedado en el aire. La oferta de Ahora Madrid quedó coja en la comisión por fuera, pero también por dentro. Ganemos -una de las corrientes fundamentales del movimiento- ha pedido a su alcaldesa que dé un paso más, lo que alejaría más si cabe a los socialistas. En su comunicado apuestan por "suprimir el requisito de no estar ocupando en el momento de la solicitud".

El escrito lo refrendaban en Twitter algunos concejales como Guillermo Zapata y Celia Mayer -delegada de Cultura- que retuiteaba el mensaje de su compañero.

El Ayuntamiento quiere ganar tiempo

Al no ser aprobado en comisión, la variación del reglamento de la Empresa de la Vivienda Municipal iba a pasar a debatirse en el pleno de la próxima, pero Rita Maestre -portavoz- ha anunciado que la votación se pospondrá. "Vamos a retirarlo porque es un tema complejo", reconocía la edil de Ahora Madrid.

Sin fecha en cartera, Manuela Carmena ha logrado tiempo para negociar con los socialistas, a quienes necesita para aprobar un cambio en la normativa. Pero no sólo tendrá que convencer a la formación de Causapié, sino también a su propio partido, que por medio de Ganemos le pide que deje a los ocupas optar a los pisos municipales.

Algunas cifras clave

Madrid dispone de 6.000 viviendas sociales, de las cuales están ocupadas alrededor de 90. El Consistorio tiene en mente ampliar el parque de pisos públicos y así lo ha proyectado.

Mientras tanto, según ha informado la delegación del Gobierno en la capital, existen 7.000 viviendas susceptibles de ser ocupadas y -sin contar éstas- ya se habitan ilegalmente unas 4.000.

En cuanto al número de desahucios, PAH Madrid habla de 300 "ejecuciones hipotecarias" mensuales sólo en Madrid, 600 en toda la Comunidad.

Detenciones en La Morada

El problema de la okupación en Madrid, reconocido como uno de los mayores desafíos en agenda tanto por la delegación del Gobierno en la capital como por el Ayuntamiento, estalló este miércoles con el desalojo del Centro Social Autogestionado La Morada. 32 personas fueron detenidas y el Consistorio calificó la acción como "desproporcionada y represiva".

Maestre aseguró que la Policía no contaba con una orden judicial y que, por eso, no se trataba de un desalojo. La portavoz del Ayuntamiento también se refirió a una sentencia judicial según la cual un magistrado negó el desalojo del espacio a petición del propietario.

Varios concejales lamentaron las detenciones. Jorge García Castaño habló de "recuperarlo pronto". Celia Mayer se refirió a la ocupación como "creación de espacios comunes" y consideró "intolerable" que se produjesen los arrestos.