Todo lo que necesita saber sobre la polémica reválida de 6º de Primaria

La precampaña política empieza esta vez en las aulas. A menos de dos semanas de la primera gran prueba de fuego de la Lomce, comunidades autónomas, asociaciones de profesores y padres se han levantado en armas contra la reválida de sexto de primaria. Una evaluación final de ciclo que deberían realizar antes de que acabe el curso más de 460.000 alumnos de 12 años, según se recoge en la ley para la mejora de la calidad educativa, pero que al menos 170.000 estudiantes no la realizarán porque sus gobiernos autonómicos se han declarado insumisos ante el Ministerio de Educación: “Los niños no van a pagar los platos rotos del Gobierno”.

Son ocho las comunidades autónomas las que rechazan de plano el Real Decreto publicado el 20 de noviembre de 2015, de nuevo en plena campaña electoral del pasado 20-D, en el que se regulan las características de la polémica reválida. Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón ya han avisado al titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que no van a celebrar la evaluación final.

Por “segregadora”. Por “poner en duda la labor de los docentes”. Por “inconcebible”. O por “invadir competencias”. Estas son algunos de los calificativos que han utilizados los consejeros educativos de las comunidades para calificar una prueba que, a diferencia de las recogidas en la ‘Ley Wert’ para 4º de ESO y 2º de Bachillerato, no es vinculante para promocionar.

¿Por qué ésta rebelión?

¿Qué razones exponen los Gobiernos regionales para no realizar la prueba? En el País Vasco (PNV), donde “la decisión está tomada y no se hará la prueba”, la consejera Cristina Uriarte se ha encargado de trasladar que definirán su propios sitema de evaluación educativa y “no el que se imponga desde Madrid”. En su opinión, Euskadi tiene sus propias competencias en el ámbito educativo, con su propio modelo pedagógico, y que deben adecuar sus propias evaluaciones “para lograr y mejorar esas competencias”.

Los alumnos castellano-manchegos tampoco se examinarán de la prueba “de diagnóstico” que pretende evaluarlos en comunicación lingüística, en competencia matemática y en ciencia y tecnología. Según su presidente, Emiliano García Page (PSOE), “los niños no pueden pagar los platos rotos del Ministerio de Educación y el Gobierno de España”. Desde el atril de campaña ya ha avisado que no van a “someter a tortura y presión psicológica a los estudiantes de 12 años y a sus padres”.

Argumentos electoralistas aparte, la razón que levantó ampollas desde que el anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó la norma es la posibilidad de que se realicen ránkings después de conocer los resultados de la prueba. Es decir, las notas podrán servir para establecer una media de cada colegio y luego ordenarlos por puntuación.

La reválida es someter a tortura y presión psicológica a los estudiantes de 12 años y a sus padres

Algo que desde las comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular ha sido criticado porque puede servir para “establecer comparaciones” entre centros que “sólo puede generar más desigualdad”, ya que, a juicio de los que critican este aspecto, la prueba no tendrá en cuenta “los factores sociales, económicos, y culturales” de cada colegio.

Rebeldes, pero dicen que cumplirán la ley

Otras regiones sí van a realizar la prueba de sexto, pese a tienen un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar el decreto. Son Andalucía, Valencia, Baleares y Asturias, todas ellas gobernadas por un presidente socialista. El elemento que les llevó a acudir al alto tribunal, de nuevo, los ránkings.

La consejera andaluza, Adelaida de la Calle, ha expresado que “su deseo” es no realizar la reválida este curso, pero ha afirmado que “la insumisión no va con Andalucía” y que “todo está preparado para cumplir la ley”. Dice que ya ha dado instrucciones a los directores de los centros para empezar a preparar la prueba, aunque, insiste, su deseo es paralizarla: “Somos conscientes de los cansado que está el profesorado”, por lo que se haría “con fechas, tiempos justos y medios para perjudicar lo mínimo a los profesores, a los niños y a las familias.

La insumisión no va con Andalucía, todo está preparado para cumplir la ley

Otra comunidad que lo tiene todo preparado para realizar la reválida a más de 7,500 alumnos es Asturias, pese a que en las últimas horas han surgido dudas debido a la presión que están ejerciendo sus homólogos socialistas contra Méndez de Vigo. “Asturias no va a ser insumisa”, pero la reválida, “se va a hacer con el menor coste económico y emocional para las familias. Por ejemplo, se hará la prueba en un día y no en dos”, argumentaba el consejero del área, Genaro Alonso.

Esta rebeldía quedó patente este jueves cuando las ochos comunidades gobernadas por el PSOE, además de Cataluña, País Vasco y Canaria, plantaron al ministro en la reunión técnica que había convocado para analizar la situación. Los once consejeros amenazaron con tomar decisiones propias para “paliar los efectos negativos de la Lomce” si “antes del 2 de mayo” el Gobierno no daba marcha atrás. De no hacerlo, las regiones socialistas ya han avisado que se reunirán para tomar cartas en el asunto.

De esta forma, los que en este momento dicen que sí cumplirán la ley puede ser que en los próximos días lancen su último órdago al Ejecutivo central: otros 159.000 tomados como rehenes no realizarían la prueba.

Méndez de Vigo: stop “dramatización”

“Yo creo que la harán, porque en España las leyes hay que cumplirlas y ya se hacen pruebas similares en casi todas las Comunidades Autónomas”. Con esta frase el ministro de Educación, pretendía zanjar toda la polémica generada por la evaluación que está a la vuelta de la esquina. Sin parecer importarle la rebelión impulsada por todas las comunidades que no están teñidas con el azul ‘popular’ y después del plantón de 11 de ellas a su reunión, Méndez de Vigo se ha mostrado convencido de que “harán al final” la prueba de 6º de primaria y aconsejaba a las regiones insumisas que “desdramaticen”: “Tranquilidad absoluta”.

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“Pero, ministro, habrá ránkings”, le preguntaba un periodista por enésima vez esta semana. Y como en todas las ocasiones, respuesta que no aclara absolutamente nada. En su opinión, el hecho de que los resultados de la evaluación no sean públicos evitará “que se hagan ránkings de ningún tipo”.

No obstante, no aclara cómo evitará que no se den a conocer unos resultados que supuestamente tendrá cada centro educativo y la comunidad autónoma.

De hecho, el Marco general de la evaluación final de primara es bastante claro: “Se podrán ofrecer resultados promedios y niveles de rendimiento para cada alumno, grupo, centro y territorio considerado, relativos al grado de adquisición o dominio de cada competencia por parte del alumnado. Se concretarán dichos resultados en las diferentes destrezas de cada una de las competencias evaluadas”.

El último cartucho: Conferencia sectorial ya

Ante la incertidumbre en la comunidad educativa y la pasividad de Méndez de Vigo, las autonomías han instado, por activa y por pasiva, al ministro que convoque de manera urgente la Conferencia sectorial de Educación, el máximo órgano de interlocución entre los gobiernos central y autonómicos en materia educativa, antes del 2 de mayo, plazo en el que expira el tiempo para formar Gobierno antes de que se disuelvan las Cortes Generales.

Hasta el momento, el mayor avance mostrado por Educación es el envío de una carta a los consejeros informándoles de que convocará la reunión “en las próximas semanas”.

“Convocaré la sectorial cuando crea que tengo posibilidades de llegar a un buen acuerdo que redunde en beneficio de los docentes y las familias. Si no las lleváramos resultas antes o encauzadas, podríamos tener una Conferencia sin resultados y de eso no se trata”, salió del paso el ministro.

Unas palabras y unos plazos que no convencen a las comunidades que ya han amenazado con mantener su pulso hasta el 2 de mayo y en el caso de que el ministro siga sin mover ficha, se reunirán de forma paralela para llevar a cabo una acción conjunta.