"Desde hace más de cinco años no he percibido remuneración alguna por mis trabajos realizados en el sindicato Manos Limpias". Quien así habla es Virginia López-Negrete, abogada y acusación particular en el caso Nóos y la persona que con su petición de pena mantiene sentada en el banquillo a la infanta Cristina. La letrada sale así al paso en una comunicación enviada a EL ESPAÑOL de las informaciones que le vinculan con la operación Nelson, que ha supuesto el ingreso en prisión preventiva del máximo responsable de Manos Limpias, Miguel Bernad. 

"Ejerzo desde hace más de 20 años mi actividad profesional como letrado independiente, con mi propio despacho y desconozco las cuentas del sindicato Manos Limpias", refleja López-Negrete. "No he participado, ni ahora ni nunca, en la gestión, administración y dirección de las mismas, y más cuando desde hace años mi vinculación con el mismo se ha ceñido única y exclusivamente a la representación procesal del caso Nóos".

La abogada ha negado estar "en el ojo del huracán" sobre la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional. "No tengo nada que esconder ni he participado en los hechos investigados, por los que ahora el secretario general de Manos Limpias se encuentra en prisión", mantiene. "Y eso no lo digo yo, sino el propio juez que investiga dicha causa, que en su auto manifiesta que yo no tengo ninguna implicación en los hechos.

La acusación popular en el caso Nóos recuerda que en las escuchas practicadas al presidente de Ausbanc Luis Pineda, se pone de manifiesto su "animadversión hacia cualquier tipo de negociación o manipulación ilícita, ciñéndome exclusivamente a mi actuación profesional". 

"No he participado ni realizado hecho ilícito alguno", explica Negrete."Nunca. Y menos en los hechos investigados. Hechos que por cierto desconocía en todo momento y sobre los que obra en mi poder documentación que acredita fehacientemente este punto, que será aportada a su señoría o al órgano judicial cuando sea requerido por el mismo [...] Si el juez instructor tuviera dudas sobre mi participación en los hechos investigados, ya hubiera sido citada ante su señoría a prestar declaración", explica López-Negrete.

Sobre su investigación de Hacienda

López-Negrete asegura que ejerce como abogada "A título personal y como persona física", y rechaza las informaciones que la colocan como titular de una cuenta en Panamá. "No tengo ni soy titular de ninguna personalidad jurídica, mercantil o sociedad. Toda mi facturación la tributo íntegramente por los oportunos impuestos de IVA e IRPF, abonando los impuestos devengados por mi trabajo. He sido sujeto de distintas inspecciones de la Agencia Tributaria -reconoce López-Negrete- habiendo aportado toda la documentación requerida para ello en años anteriores. No tengo cuentas abiertas en ninguna entidad financiera fuera de España, y mucho menos en un paraíso fiscal", constata la abogada.

La abogada del caso Nóos ha negado además cualquier relación con el empresario Juan José Prado, responsable de la empresa de seguridad ESABE y que se encuentra en busca y captura. "espero que como sobre cualquier ciudadano, se aplique sobre él todo el peso de la ley", mantiene. "Nuestra relación fue estrictamente profesional".

López-Negrete enmarca este tipo de informaciones en un "intento de desacreditar mi vida personal y profesional" en relación con su papel al frente de la acusación popular en Palma de Mallorca. "El sindicato Manos Limpias es un cliente que está constituido como una entidad sin ánimo de lucro. Esto es: no reparte dividendos ni tiene ganancias a final de año. Ello nada tiene que ver con mi actividad profesional externa, en las que yo decido si devengo o no honorarios", explica la abogada. "No he devengado honorarios por mi participación como acusación en el caso Nóos, y nunca en mi vida aconsejé, recomendé o propuse al señor Bernad recaudar dinero alguno de afectados que acudieran al sindicato Manos Limpias".

Sin embargo, López-Negrete matiza que "la única actividad jurídica por la que se devengó honorarios fue en el año 2010, por mi actuación en el caso Afinsa, del que cobré por asesorar a más de 950 perjudicados, trabajo que desarrollé durante más de cinco años en la Agencia Tributaria, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional".