El Algarrobico madrileño, un edificio en el limbo legal desde hace 16 años

Algunos de los vecinos de Arroyo Fresno que conocen el caso se refieren a la parcela como su particular "Algarrobico". El edificio Montelago, erigido en el barrio madrileño de Mirasierra, sí que cuenta con inquilinos, a diferencia del hotel que se levanta en la playa de Almería. Pero muchos de ellos no saben que la vivienda en la que residen se sostiene en un limbo jurídico abierto hace 16 años y que todavía no tiene respuesta.

La parcela está ubicada entre las calles Cerro Minguete, Valle de Enmedio, Senda del Infante y Avenida Ventisquero de Condesa. Sobre ella pesa un proceso contencioso judicial, interpuesto en el año 2000, que tres lustros después, todavía está pendiente de sentencia.

De acuerdo a la denuncia que interpuso en si día un vecino de un bloque de viviendas anexo, la promoción que considera ilegal cuenta con un procedimiento irregular desde sus inicios. La parcela debía de contar con una edificabilidad total de 20.000 metros cuadrados distribuidos de la siguiente forma: 9.000, para uso terciario; 3.000, de uso comercial; 8.000, destinados a un centro cívico. Pero en el proyecto final se edificó un bloque de 28.000 metros cuadrados con un uso exclusivamente residencial.

Los informes negativos de la Comunidad

Y eso que, según un informe de la Comunidad de Madrid del año 2000, se produjo "un cambio de uso terciario a residencial sin haberse tramitado la oportuna modificación de planeamiento": "Incumple lo dispuesto por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid", detalla el texto.

La promotora CP Inversiones -hoy, CP Grupo- adquirió la parcela por 14,86 millones de euros; 6 de ellos fueron a parar a las arcas del Ayuntamiento por ser parcialmente pública. Después construyó el edificio Montelago, con seis plantas y 231 viviendas.

16 años en los tribunales

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el escenario en el que se debe dirimir el caso. El principal motivo que ha marcado esta dilación en el tiempo fue la identificación de todos los propietarios de las viviendas, que debían testificar en el juicio. Esta maniobra duró casi diez años.

El contencioso judicial que todavía no se ha resuelto, en caso de que se anulase la licencia y se ordenase la demolición del edificio, podría suponer para las arcas del Ayuntamiento un desembolso superior a los 100 millones de euros, tanto por el valor de la construcción como por los daños y perjuicios a los propietarios de las 231 viviendas.

Para estos propietarios, terceros de buena fe y que serían los más perjudicados si al final se anula la licencia, la solución a su intranquilidad pasaría porque el demandante desistiera de su demanda antes de que se dicte sentencia, algo que ya le han solicitado. "Nunca aceptaría dinero o compensación ni de ellos ni del Ayuntamiento para desistir", apunta el demandante, quien exige que sea el promotor inmobiliario el que "procede únicamente a la demolición de 4 pisos áticos del edificio de la fachada que está frente a su ático, que son los que más le afectan negativamente".