El exembajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien le había citado a declarar en calidad de investigado por delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
En este mismo asunto está investigado el exdiputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, aunque en su caso, al tener hasta hace pocos días su condición de aforado, el magistrado le había dado la oportunidad de acudir a declarar de manera voluntaria el próximo martes, dado que el órgano judicial competente para investigarle era el Tribunal Supremo. Una vez disueltas las cámaras, Gómez de la Serna ha pedido su condición de aforado y, por tanto, De la Mata podría modificar su condición.
Esta causa se inició a raíz de una denuncia de un extrabajor del despacho de De la Serna y Arístegui, ante la Fiscalía Anticorrupción, que tras analizar la documentación procedió a presentar una querella ante la Audiencia Nacional, recayendo en el Juzgado de De la Mata, quien, a petición de ésta, ordenó la práctica de varias diligencias, entre ellas el registro de sus despachos y domicilios particulares.
En esta causa se investigan posibles pagos dinerarios realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por importe total de 480 millones de euros. Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el cual era dirigido por Gómez de la Serna y De Arístegui.
El hijo de Arístegui, entre los investigados
Entre los investigados se encuentran varios empresarios y el hijo de Arístegui, que también ha declarado este viernes. En relación con el registro de la sociedad Scardovi o el despacho profesional Voltar Lassen, vinculados a Gómez de la Serna, el magistrado hace hincapié en el hecho de que un diputado sea su administrador único, lo que obliga a ser "especialmente cuidadoso".
Respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, De la Mata señala la existencia de posibles pagos dinerarios realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos de obra denominados La Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta por 250 millones de euros y el Tranvía de Ouargla por importe de 230 millones.
Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el cual era dirigido por los dos el ex diputado y el ex embajador y por la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra, también investigado.
En relación con el delito de cohecho, el juez sospecha que esta infracción penal vendría condicionada por los pagos realizados por las empresas españolas a Gómez de la Serna y a De Arístegui, directamente o a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, por su condición de autoridad y funcionario público.