Problemas para Cifuentes con Púnica: llega al TSJ de Madrid la implicación del diputado Ortiz

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la trama de corrupción Púnica, ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que expone los indicios delictivos que aprecia contra el diputado autonómico del PP Daniel Ortiz por haber favorecido supuestamente a la empresa Cofely en la adjudicación del contrato de eficiencia energética de Móstoles, ciudad de la que Ortiz fue alcalde.

El contrato ascendió a 73 millones de euros y, según Velasco, Ortiz percibió comisiones ilegales que salieron del propio presupuesto municipal con el que se pagó a Cofely. Las comisiones se habrían camuflado bajo la facturación de inexistentes auditorías del contrato.

Es la primera exposición razonada que sale de la Audiencia Nacional hacia al TSJ de Madrid, competente para imputar a los diputados autonómicos. Ortiz es el primero de ellos aunque no el único que está en el punto de mira de la trama Púnica. La investigación judicial puede afectar también a Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares y Juan Soler, exalcalde de Getafe. El empresario David Marjaliza, que colabora con la Audiencia Nacional en desentrañar la red de corrupción, ha implicado al consejero Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Cinco posibles delitos

Según la información facilitada por la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 considera que la conducta del aforado Daniel Ortiz sería constitutiva de los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho.

A lo largo de los 74 folios de la exposición razonada el juez explica que en esta pieza del caso Púnica, la sexta, se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre ayuntamientos de la comunidad de Madrid y la multinacional Cofely.

En el caso concreto de Móstoles, Velasco señala que durante el mandato de Ortiz (2013-2014) “se han detectado presuntos actos de corrupción” en beneficio de Cofely “con un ánimo de lucro personal como contrapartida” en el que fue en su día regidor del Ayuntamiento, además de en su concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla Palombi y su hermano Mario Utrilla Palombi, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva, “que se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en las negociaciones del cobro de dádivas”.

Por parte de Cofely actuaron “activamente” responsables del departamento comercial, principalmente su director, Constatino Álvarez, el responsable de mercado público, Pedro García Pérez, así como personal del departamento de operaciones y el director general de la compañía en España, Mauricio Didier.

Participó también David Marjaliza, como asesor comercial externo de la empresa, como conseguidor del contrato, como intermediario con los mencionados cargos públicos municipales en la obtención de informaciones reservadas para preparar las ofertas de la compañía, como representante de la compañía en la negociación de los pagos de las comisiones e incluso como financiador, adelantando los primeros pagos de comisiones, objeto luego de reembolso, tal y como él mismo ha confesado en el Juzgado.

Presión a los funcionarios

La exposición razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años.

Daniel Ortiz, según el juez de la Audiencia Nacional, recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad”, especialmente sobre el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, llegando incluso a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.

Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento puso en marcha “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor”.

Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros técnicos de esa multinacional realizaran “como efectivamente realizaron, un contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces”, con el fin de ayudar a esa empresa –Cofely España- “facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella”.

El escrito del juez señala que las irregularidades se hicieron a cambio de cantidades entre 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros “como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato”, dinero que salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una simulada auditoría por importe del 2 por ciento del presupuesto de adjudicación en 12 anualidades.

También a cambio de “una serie de reformados que no eran más que una ficción de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para abonar las dádivas prometidas que, en perjuicio del servicio, la competencia y el erario público repartió con otras autoridades municipales y que llevó a que finalmente se le adjudicara el contrato a la empresa indicada”.