Las comunidades autónomas del PSOE habían calentado antes de que comenzara el partido. Lo hicieron en su sede central socialista como previa a que se celebrase la Conferencia sectorial de Educación anunciando una nueva vuelta de tuerca, un resquicio en la norma, para no realizar la evaluación final de Primaria.
Los socialistas dejarán en manos de los centros educativos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana la decisión de realizar -o no- un examen para poner a prueba los conocimientos de los estudiantes de 12 años en Ciencia, Tecnología, Matemáticas, Lengua e Inglés.
En el caso de no realizarlo, bastará, según su interpretación del Real Decreto que regula la prueba, con un informe “individualizado” fruto del resultado de “la evaluación continua” que será entregado a los padres.
Esto, en la práctica, es dejar la insumisión, que vienen abanderando las ocho CCAA del PSOE desde que en pasado noviembre se reguló la prueba recogida en la ley para la mejora de la calidad educativa (Lomce), en manos de los directores de los centros educativos.
Un ‘truco’ que en palabras de la consejera de Aragón, Mayte Pérez “es legal, se ajusta a la Lomce”. ”Esta es la forma de sortear la LOMCE sin ser insumisos, pero siendo conscientes de que esto es un desastre”.
La propuesta “roza la insumisión”
Lo repitió en rueda de prensa en varias ocasiones como respuesta al ministro, que en la misma mañana hizo un aviso a navegantes: la alternativa planteada por el PSOE “roza la insumisión” y “eso no puede ser”. "La ley hay que cumplirla correctamente y, si no, procederé", advirtió en los micrófonos de Onda Cero.
Esta alternativa presentada en bloque contempla la realización de un informe “individualizado” que recoja la evaluación continua controlada por el docente durante todo el curso. Este a su vez, será supervisado por un “consejo externo de inspectores”.
“Las comunidades conocen la ley. La norma hay que cumplirla y no admite atajo. No es un menú a la carta”, ha señalado el ministro de Educación tras las más de cinco horas que durado la Conferencia.
“No quiero llegar al contencioso administrativo”
Pero, ¿qué pasa con aquellas regiones que no se ciñan a la ley? Según el responsable de la cartera de Educación, Alta inspección velará por el cumplimiento de los preceptos y en el caso de que no se cumpla, el Ministerio acudirá al contencioso administrativo. “Pero no quiero llegar a ese extremo”, ha apostillado.
“Las CCAA que no ha realizado la prueba esgrimen razones de tiempo, pero los territorios gobernados por el PP sí las han realizado (o la van a realizar en el caso de Murcia la próxima semana)”, ha analizado.
Las doce comunidades que se oponen a la LOMCE representan 75% de la población española -las ocho socialistas más País Vasco, Canarias y Cataluña—. Y en boca de ellas, Pérez explicó que no quieren ser "cómplices" de una política educativa que "devuelve a los años cuarenta (del siglo pasado), que da "fórmulas viejas a problemas nuevos”.
A su juicio, las reválidas de la LOMCE (secundaria y bachillerato) "sólo conducen a la exclusión”, cierran el camino a los estudiantes porque el Ministerio no contempla una alternativa formativa para aquellos alumnos que suspendan la 'reválida' de ESO y son “incompatibles con la igualdad de oportunidades”.
Galicia y Castilla y León la realizaron con docentes propios
El artículo 7 del decreto de la ‘reválida’ de 6º de Primaria deja lugar a pocas interpretaciones: Quien se encargará de aplicar y corregir las pruebas será “profesorado externo a los respectivos centros docentes”. Pues bien, dos de las cuatro comunidades autónomas del PP que realizaron la prueba final de 12 años tal y como recoge la Lomce no cumplieron este precepto.
Así lo han reconocido en la Conferencia sectorial de Educación los consejeros de Castilla y León y Galicia. Las evaluaciones fueron realizadas en sus regiones por profesores propios de los centros educativos en vez de personal externo.
Según el representante educativo de Castilla y León la decisión se adoptó por “motivos logísticos” propios de la Comunidad: su extensión y las numerosas zonas rurales de pocos alumnos.
Pero, ¿cómo justifica esta media que con la norma en la mano supone su incumpliento? "La esencia es que la prueba sea externa. Y para respetar su espíritu la han corregido profesores que no son los que dan clase a los niños pero sí pertenecen al centro”.
Los docentes, en su opinión, “no van a hacer trampas” a la hora de evaluar a los alumnos ya que confía en su “imparcialidad” a la hora de evaluar a los alumnos.