La Audiencia Nacional confirma la prisión de Conde por su riesgo de fuga

La Audiencia Nacional acaba de confirmar la prisión incondicional del exbanquero Mario Conde y su abogado Francisco Javier de la Vega por montar un entramado opaco para repatriar los fondos ocultos por el ex presidente de Banesto, en por lo menos ocho países y que habría estado introduciendo en España por lo menos desde los últimos 15 años y que asciende a un total de 13 millones de euros.

De esta manera, la Sala de lo Penal confirma la prisión acordada por el juez Santiago Pedraz, quien ordenó la detención de Conde, sus dos hijos, y varios de sus colaboradores. La Sala tiene en cuenta el riesgo de fuga, la posibilidad de obstrucción de la justicia y la gravedad de los delitos investigados.

El tribunal entiende que existe riesgo de fuga y de obstrucción de pruebas, al encontrarse la investigación en la fase inicial. En el caso de Conde, los magistrados consideran "razonada y razonable" la inferencia de riesgo de fuga.

En el auto, el tribunal tiene en cuenta que Conde ha sido condenado anteriormente en otros procedimientos, “lo que unido a su alta disponibilidad económica (con fondos distribuidos en el extranjero) incrementa el riesgo de fuga”.

Los jueces han tenido en cuenta el estado incipiente de la investigación, pendiente de analizar la documentación informática incautada y el riesgo de que los dos investigados podrían obstruir la acción de la justicia en caso de quedar en libertad.

Respecto a Mario Conde, el tribunal recuerda su capacidad para eludir la acción de la justicia en su aspecto patrimonial, "como acredita el hecho de que la ejecutoria derivada de aquellos procedimientos continúe aun sin concluir pese al tiempo transcurrido, lo que acredita el riesgo objetivo de la disponibilidad del recurrente para obtener tal fin así mismo en la presente causa". En su condena por el caso Banesto, Conde se declaró insolvente para no pagar la multa correspondiente.

En cuanto al abogado Francisco Javier de la Vega la Sala destaca que en este momento inicial no es la fase procesal indicada para valorar los indicios pero los jueces le atribuyen un "papel clave" en la organización criminal investigada y un conocimiento del entramado societario, donde aparece vinculado entre otras, a siete entidades mercantiles sometidas a la investigación.