Báñez da plantón de última hora a la comisión de investigación de los fondos de formación

A pocas horas de su comparecencia en la comisión de investigación por los fondos de formación, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ha dado plantón. No acudirá acogiéndose a un informe del Consejo de Estado, que se remite a la doctrina consolidada desde 1986, y en el que se rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas, y se “advierte de que el Parlamento de Andalucía no puede requerir la presencia de la ministra Báñez por falta de competencia”. Esta decisión tendrá sus consecuencias para el PP, porque ahora dinamita su estrategia para justificar el paseíllo de la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Los populares se acogen, además de a este documento, a una teoría: Báñez “no ha gestionado ni un solo euro de la formación en Andalucía”. Curiosamente, este es el mismo argumento que ha utilizado en todo momento el PSOE para resistirse a la comparecencia de Díaz, porque el supuesto fraude de los fondos de formación se dio antes de que ella llegara a estar en el Gobierno y cuando accedió al cargo no existían convocatorias de formación (el periodo judicialmente investigado va de 2002 a 2011). Al final Díaz acudirá el próximo 31 de mayo porque Ciudadanos se unió al resto de fuerzas políticas para solicitarlo.

El PP andaluz va a tener que soportar las críticas del resto de grupos parlamentarios, PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, porque fue precisamente su líder Juan Manuel Moreno Bonilla, quien anunciaba en enero muy ufano que Báñez daría “sorpresas” en la comisión de investigación. “El PSOE a lo mejor se lleva alguna sorpresa porque podría aportar información sobre lo que se ha hecho en algunas de las provincias”, dijo Moreno en Canal Sur sobre la comparecencia de Báñez.

Los socialistas ya ironizan con la “sorpresa” de Báñez y ponen el acento en la “falta de liderazgo” de Moreno Bonilla, cuestionando si él era conocedor de la decisión que se tomó en Madrid por su partido respecto a la ministra, ya que este sábado posaba sonriente con esta y con el presidente en funciones, Mariano Rajoy, cerveza en mano, durante un paseo en Málaga. También advierten del papel que les queda ahora a los portavoces populares en esta comisión, que creen quedan ya “deslegitimados”.

Lo que choca de la “fuga” de Báñez, que para el resto de grupos parlamentarios es un “desprecio”, una “burla”, y una “falta de respeto” a Andalucía, además de un gesto de “cobardía” e “hipocresía”, es que se haya producido en el último minuto. Su comparecencia está prevista para las 18:00 horas, y el informe ha llegado al Parlamento andaluz apenas ocho horas antes. A esto se suma, que las comparecencias fueron fijadas por la comisión en enero y la citación se le envió el 21 de abril, por lo que podrían haberlo dicho antes y no esperar hasta ahora.

La actitud de Báñez sorprende aún más cuando en la anterior comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz sí tuvieron que superar el interrogatorio de los diputados los ex ministros de Trabajo Javier Arenas y Eduardo Zaplana, o la ex titular socialista de la cartera de Economía Magdalena Álvarez, que acudió entonces en calidad de exconsejera andaluza.

Consecuencias legales y otros casos ante la Fiscalía

Desde los servicios jurídicos del Parlamento andaluz se están estudiando las consecuencias legales que tiene su incomparecencia amparándose en este informe del Consejo de Estado. Este ya fue utilizado en otras ocasiones y en casos sonados, como la comisión de investigación en el Parlamento gallego por el hundimiento del Prestige, o recientemente, en el caso Pujol, en que se pidió la comparecencia de dos ministros, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. En este último, el Parlament catalán decidió llevar ante la Fiscalía su incomparecencia.

Algo parecido sucedió en las Cortes valencianas en 2013 cuando se quiso convocar a la comisión de investigación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al ex-presidente de la Comisión Nacional del Mercado Valores Julio Segura y diferentes cargos del FROB o del Banco de España, entre ellos, su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez (en ese caso el Consejo de Estado expresaba la no obligatoriedad de los dirigentes del Banco de España y del FROB de comparecer en los parlamentos autonómicos). El Parlamento valenciano llevó las incomparecencias al ministerio Fiscal, que archivó el caso al considerar que no había delito porque “en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna”.

Lo que ahora analizan los servicios jurídicos de la Cámara andaluza es el artículo 502 del Código Penal. Este recoge que “los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Los miembros de la comisión de investigación, como ya pasó en Cataluña o Valencia, podrían acudir a la Fiscalía. De hecho, desde Ciudadanos ya se ha apuntado en esta dirección. Ahora habrá que ver si en la citación se advierte de apercibimiento y que no pase como con el caso valenciano.