Un técnico de Hacienda y un abogado plantearon a un mafioso indio comprar policías

El líder de una organización criminal de origen indio asentada en España, Harischadra Taranchand Varma, recibió información relevante sobre la investigación que había sobre él y que llevó a su detención en noviembre de 2014. La jueza encargada de la instrucción ha concluido que hay indicios suficientes para llevar a juicio a dos traductores que trabajan para la Policía por dar a Varma datos de la investigación a cambio de diversos pagos.

Además, en el auto por el que concluye la instrucción, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada apunta hacia otras dos personas que habrían ayudado a Varma a continuar con su actividad criminal e intentar conseguir información a base de sobornos a funcionarios públicos.

Por un lado se encuentra un funcionario de Hacienda, quien "ante la preocupación de Varma por una mercancía de aduanas le propone comprar voluntades, llegando a pedir una provisión de fondos de 2.000 euros, que le dice que si puede llevar al día siguiente".

Sin embargo, la instructora, Teresa Daphne Calamita, ha preferido dejar la investigación de este miembro de la Agencia Tributaria en la causa principal contra la organización criminal, investigada por defraudar decenas de millones de euros con productos importados y blanqueo de capitales.

En la pieza separada que ahora va a juicio sólo están imputados de manera formal por delito de revelación de secretos o violación de secretos, extorsión y cohecho dos traductores de origen indio, que tuvieron acceso a todas las intervenciones telefónicas y a la documentación manejada por la Policía sobre la organización criminal, y el propio Varma por pagar a cambio de recibir ese información.

Acceso a información relevante

En la resolución judicial, la magistrada hace mención al papel del abogado Óscar Jiménez Rubia, imputado en la pieza principal. Según consta en el auto, el letrado sugiere a Varma la posibilidad de realizar pagos a terceros, en referencia a policías. Sin embargo, los agentes que han investigado este aspecto llegaron a la conclusión de que el jefe de la organización criminal no llegó a ofrecer esos pagos. 

La instructora considera que, por tanto, la actuación del abogado debe quedar "impune al no haber conseguido convencer al otro de la idea criminal". Señala la magistrada que dado que "para que la inducción sea típica debe darse un comienzo al menos de la fase ejecutiva por parte del autor, y si el inducido no da comienzo al hecho no puede castigarse al inductor".

El auto narra cómo los dos traductores, que hacían su labor para la Unidad de Delincuencia Organizada Asiática de la Policía, intimidaron a Varma para que pagara diversas sumas de dinero a cambio de ofrecerle información, propuesta que Varma aceptó.

De esta manera, el investigado "tuvo conocimiento de las líneas principales de la investigación, con el grave perjuicio que para la causa penal haya podido derivarse de esta filtración de información relevante".  El jefe de la organización denunció ante la Policía estar siendo extorsionado.

La Policía deja fuera a Villarejo

La investigación sobre esta revelación de secretos la ha realizó la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Finalmente, ha concluido que no se ha detectado que se hayan materializado pagos a agentes de Policía, ni que exista algún funcionario que lo haya solicitado o accedido a la facilitación de la información.

Sin embargo, al inicio de la instrucción Asuntos Internos elaboró un informe en el que recogía que del análisis del tráfico de llamadas sólo constaba una llamada del abogado Jiménez Rubia a Varma, y precisamente ese día el comisario de Policía José Villarejo solicitó información a esta misma unidad sobre una matrícula de coche, al conocer que un empresario indio podía estar siendo extorsionado por quienes podrían ser policías.

Tras comprobarse desde Asuntos Internos esa matrícula, se entregó a Villarejo una nota manuscrita "y posteriormente es cuando, tras contactar con Óscar Jiménez, se interpone denuncia en Asuntos Internos por Varma", recogía en aquel entonces ese escrito.

Esta conclusión hacía, para la Policía, necesario que se analizasen las líneas de teléfono que justo después alertan al sospechoso de que efectivamente se trataba de un coche policial. La jueza requirió a la compañía Movistar el posicionamiento de esa línea en esas fechas, así como todos los datos de contratación de la línea, al igual que las formas de pago.

Además, ordenó a Asuntos Internos que practicara todas las “gestiones posibles” sobre las personas de Martín Reyes y JJ Hidalgo, titulares de esas líneas y que se sospecha que se trata de de identidades falsas utilizadas por la Policía. Sin embargo, fuentes del caso explican que finalmente estos datos no han sido confirmados.