El Gobierno de Íñigo Urkullu, personado como acusación particular en la causa de “De Miguel”, ha decidido no pedir penas de cárcel para ninguno de los 26 acusados, vinculados en su mayoría al PNV.

Se limitará a solicitar -tal y como ya ha reflejado en su escrito de acusación- el pago de una multa conjunta de 221.779 euros para siete encausados, como indemnización por el presunto quebranto económico originado a la Hacienda general vasca.

El argumento esgrimido este martes por su portavoz, Josu Erkoreka, es que al Gobierno vasco no le corresponde ejercer ni de acusación popular, ni de fiscal. Está personado como “acusación particular”, como “perjudicado” y en función de esa categoría, su objetivo “no es la defensa de la legalidad en su conjunto”, ni la “persecución de todos los hechos delictivos” que aparezcan en la causa, sino el de los “intereses económicos” del Ejecutivo que hayan podido ser quebrantados.

Hasta por tres veces ha repetido la misma explicación Erkoreka ante las preguntas de los periodistas que durante la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno le han interpelado por la tibia actitud del Ejecutivo frente al mayor escándalo de presunta corrupción que ha conocido el País Vasco.

Con independencia de la tipificación penal que merecen los hechos y el castigo asociado al delito, el Gobierno de Urkullu únicamente buscará el resarcimiento económico, aunque lo hará hasta “el último céntimo de euro” de todo "el daño o perjuicio patrimonial" que pueda aflorar durante la vista oral, según el compromiso reiterado por su portavoz y consejero de Justicia y Administración Pública.

La postura del Ejecutivo está obteniendo las críticas de la oposición desde que fuera adelantada este lunes por “El Correo”. Una pregunta del PSE-EE al respecto obligará al lehendakari, Íñigo Urkullu, a dar explicaciones este viernes ante el pleno de control del Parlamento Vasco.

UNA DENUNCIA POR EXTORSIÓN

El caso “De Miguel” se destapó en marzo de 2010 después de que una empresaria, Ainhoa Alberdi, denunciara meses antes ante la Fiscalía de Álava que estaba siendo objeto de una extorsión por parte del entonces diputado foral Alfredo De Miguel y otros dirigentes del PNV alavés. Aberdi y su socio, Iñaki Etxaburu, habían accedido a un contrato público para gestionar la ampliación del parque tecnológico de Miñano en Álava y ella denunciaba y aportaba grabaciones de que como contrapartida se le venía reclamando el pago de una comisión ilegal de cien mil euros.

La investigación dejó al descubierto un complicado entramado societario creado por De Miguel y los también exdirigentes del PNV Aitor Tellería y Koldo Otxandiano y destinado, según el juez y el fiscal, al logro de un beneficio económico “ilícito” para su “enriquecimiento personal y de terceros” mediante comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares.

La presunta trama corrupta llegó a tener distintas ramificaciones pero en su origen pivotó sobre una pequeña sociedad instrumental, Kataia Consulting, constituida por las esposas de los tres principales encausados – Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu- que actuaban siguiendo las indicaciones de sus maridos.

Sólo para los tres exdirigentes nacionalistas la Fiscalía pide un total más de 119 años de prisión y para sus mujeres entre 21,5 y 30,5 años de cárcel para cada una de ellas. La reclamación global es de más de 400 años de reclusión para el conjunto de los 26 acusados, entre los que figuran otros antiguos cargos públicos del PNV, además de un grupo de inversores catalanes. Reclama asimismo multas por un total de 63 millones de euros y otros 120 en concepto de fianzas.

CONTRATOS IRREGULARES EN CULTURA

Según el relato compartido por el juez instructor y el fiscal, los tres exdirigentes nacionalistas, utilizaron Kataia Consulting y las sociedades también “pantalla” de Errexal y Ortzi Muga para recibir adjudicaciones “irregulares” del Gobierno vasco y otras instituciones , controladas por el PNV, valiéndose de sus relaciones personales y de partido. Su proceder y el de quienes actuaron en connivencia con ellos está inmerso en los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento.

Las tres mercantiles citadas accedieron a varios contratos menores del Departamento de Cultura del Ejecutivo autonómico otorgados desde la dirección de Deportes, que gestionaba Xabier Sánchez Robles, del PNV. Debido a su pequeña cuantía no se sometían a concurso público y si era necesario se fragmentaban para que la adjudicación siguiera siendo directa. De esta forma recibieron, según la fiscalía, contratos por valor de 289.359 euros por prestaciones que en algunos casos ni siquiera se llevaron a cabo.

La acusación pública solicita 18 años y 4 meses de cárcel para Sánchez Robles y 17 para su superior, Gurutz Larrañaga, que era quien en su condición de viceconsejero de Cultura suscribía todas las contrataciones.

Errexal fue constituida por el exedil del PNV de Leioa, Iñaki San Juan, que creó Ortzi Muga con Josu Montes, otro amigo de De Miguel igualmente afiliado al PNV. La Fiscalía pide para ambos penas de prisión de casi 20 y 17,5 años respectivamente.

En el escrito de acusación formulado ante la apertura de juicio oral el Gobierno vasco se limita a pedir el abono conjunto por parte de siete de los encausados (De Miguel, Tellería, Otxandiano, Larrañaga, Sánchez Robles, San Juan y Montes) de una multa de 221.779 euros por el posible quebranto económico causado a las arcas públicas.

Aunque este martes Erkoreka ha asegurado que la cuantificación del perjuicio correspondía al efectuado por el juez y el fiscal del caso, la valoración contenida en el escrito del ministerio público es de 67.580 euros más.

El Ejecutivo vasco exime además de toda responsabilidad a las esposas de los tres exdirigentes del PNV alavés para las que pide la absolución y no entra en los hechos que afectan al Parque Tecnológico de Miñano, en el que participa la SPRI, organismo dependiente del Gobierno autonómico.

APOYO DEL PNV

Cuando estalló el escándalo el PNV destituyó a De Miguel de la Diputación y exigió a los tres principales imputados la entrega del carné del partido, pero a lo largo de la investigación judicial les ha apoyado en más de una ocasión y ha cuestionado tanto el trabajo del juez instructor como el de la Fiscalía. Fue el único grupo que no respaldó las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación sobre la existencia de la trama y las irregularidades cometidas.