El PP reconoce que la aplicación de la Lomce fue “forzada”: “Cometimos un error”

El ‘rodillo’ popular que sirvió en la X legislatura en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la Lomce “sin consenso y de espaldas a la comunidad educativa” -según la oposición- se vuelve en contra del propio Partido Popular. El senador balear Miguel Ramis ha reconocido que, gracias a aquella mayoría absoluta, la que es la séptima ley educativa de la democracia se aplicó de “forma forzada”, algo que, según ha afirmado, “fue un error”: “No se me caen los anillos por admitirlo”.

Este ‘mea culpa’ del senador del PP se ha entonado en mitad del debate educativo a cuatro organizado por estudiantes de la Asociación Ítaca y que ha contado con la presencia también de PSOE, Podemos y Ciudadanos, quienes, pese a mostrar aspectos de divergencia en materia educativa, han lanzado al unísono el mensaje de la necesidad de un pacto “urgente” educativo tras las elecciones generales del 26-J.

“España necesita un gran pacto por la Educación, los últimos 40 años son la historia de un fracaso si nos remitimos a los resultados”, ha explicado Ramis. Para el ‘popular’, es urgente “cortar el fracaso educativo” porque, en su opinión, se está “hipotecando a las generaciones del futuro”.

En la misma línea se ha mostrado la representante de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, quien ha recordado que las anteriores seis leyes educativas de la democracia no han durando más de seis años cada una: “Esto quiere decir que muy bien no se han hecho las cosas, no nos podemos engañar”. “La Lomce se tramitó como una apisonadora, de espaldas a la comunidad educativa y es un ámbito que afecta a mucha gente”.

Wert a la fuga

“El que la inventó (en referencia al exministro José Ignacio Wert) al final de la función se marchó, por eso estamos hablando de un acuerdo conjunto”, ha recordado la diputada ‘naranja’.

Para Rivera, el gran pacto debe tener entre sus pilares fundamentales la “equidad y la excelencia pensando en el alumnado”, pero también en el profesor. Esto pasa por la creación de un MIR del profesorado, al igual que existe en materia médica, que garantice la formación continua del profesorado.

Por su parte Cecilia Salazar, en representación del partido de Pablo Iglesias, ha recordado que el ajedrez político actual obliga al consenso. “No tenemos más remedio”, ha apostillado al ser interpelada por la necesidad de ese pacto.

Las polémicas reválidas, a debate

Si un aspecto está marcando este final de curso en las aulas, ese es el desacuerdo entre comunidades autónomas y Gobierno central (además de asociaciones estudiantiles, de profesores y de padres y madres de alumnos) en torno a las reválidas que recoge la ley para la mejora de la calidad educativa.

Si bien la de 6º de Primaria es de “diagnóstico” y no tiene carácter académico, las contempladas en la ley para alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato si determinarán si un alumno obtiene el título o no. Esto es, si el estudiante al final de curso, habiendo aprobado este, no consigue superar la prueba final de evaluación externa no podrá pasar de curso.

Los representantes políticos reunidos coinciden en la necesidad de realizar evaluaciones que permitan conocer el estado de la comunidad educativa para “detectar” las deficiencias y así poder hace “un diagnostico exhaustivo” sobre dónde hay que mejorar.

“Hay que evaluar para diagnostica, pero que no tengan vinculación académica. Si es para hacer rankings entre centros educativos y comunidades autónomas, el PSOE dice ‘no’”, ha dicho el portavoz socialista Rafael Simancas.

Esta es la idea del frente común creado por las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que piden la eliminación de las reválidas de la Lomce y que se lo hicieron saber al ministro en la Conferencia sectorial de Educación celebrada el pasado viernes.

Las ocho regiones socialistas ya ha avisado de que delegarán en los directores de los colegios de Primaria la realización -o no- de un examen para poner a prueba los conocimientos en Ciencia, Tecnología, Matemáticas, Lengua e Inglés de los chavales de 12 años. En el caso negativo, bastará, según su criterio, en un informe “individualizado” fruto de la evaluación continua.