El Ministerio de Defensa trató con los armadores españoles de la flota atunera sobre su contrato de seguridad. Y lo hizo pese a no "tener atribución alguna sobre el asunto, en una reunión celebrada" el 9 de julio de 2014. La reunión se celebró dos días después de que el Ministerio del Interior, competente en cuestiones de seguridad privada, autorizara el cambio de dispositivo entre la nueva concesionaria (Ombuds) y la anterior titular de estos servicios que era Segur Ibérica. Esta empresa estuvo presidida hasta su toma de posesión por el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés.
En una comunicación remitida a EL ESPAÑOL, el departamento de Morenés mantiene de forma oficial que "ni el Ministerio de Defensa ni ninguno de sus representantes medió, intercedió ni rogó por ninguna empresa". Sin embargo, en otro de los puntos Defensa reconoce que "en la reunión citada en su artículo, celebrada el 9 de julio de 2014, estaban presentes además del señor [Alejandro] Alvargonzález, dos generales, un coronel y seis representantes de las asociaciones de Armadores, de Buques Atuneros Congeladores".
El dato confirma por tanto que Defensa "medió" entre las partes, tal y como recoge la RAE para este verbo en su cuarta acepción: "Participar o intervenir en algo", independientemente de que el actor tomara una posición neutral o beneficiara a uno de los intervinientes.
En su escrito, Defensa explica que "fueron éstas [las asociaciones de atuneros] las que en dicha reunión expusieron que había estudiado la posibilidad de cambio de empresa de seguridad para intentar reducir costes pero que de momento se había descartado". Es aquí donde la versión aportada por el departamento de Morenés difiere de la recabada por EL ESPAÑOL de fuentes del sector.
Según ha podido saber este diario, varios de los armadores se sintieron incómodos por el mensaje lanzado en aquella reunión: "Preguntado por la opinión del Ministerio al respecto, el Secretario General de Política de Defensa dejó claro que la decisión sobre la empresa de seguridad era un asunto puramente empresarial".
Al final, el cambio entre empresas de seguridad nunca se materializó. Una semana antes de la fecha de finalización de contrato (el 7 de julio de 2014), el Ministerio de Interior emitió una comunicación en la que autorizaba a la sociedad Ombuds para utilizar armas de alto calibre, tal y como requiere el contrato. Dos días después, se produjo la reunión en el Ministerio de Defensa. En cualquier caso, este es el documento íntegro remitido por la cartera de Pedro Morenés:
Respecto a la información publicada el sábado 14 de mayo por su medio titulada "La ex empresa de Morenés recuperó un contrato millonario tras la mediación de Defensa", este ministerio, acogiéndose al derecho de rectificación, puntualiza lo siguiente:
- Ni el Ministerio de Defensa ni ninguno de sus representantes, medió, intercedió ni rogó por ninguna empresa.
- Ni el Ministerio de Defensa ni ninguno de sus representantes opinó siquiera acerca de la conveniencia o no de que los armadores que operan en el Océano Índico contrataran a una u otra empresa de seguridad.
- El Secretario General de Política de Defensa se reúne periódicamente con los armadores de los atuneros que operan en el Indico para informarles sobre la situación de la piratería en el Índico y el despliegue de unidades militares en la zona. Nunca presionó a nadie para que mantuviera contrato alguno a ninguna empresa, ni intervino en decisión alguna ni recomendó empresa alguna.
- En la reunión que cita su artículo, celebrada el 9 de julio de 2014, estaban presentes, además del señor Alvargonzález, dos generales, un coronel, un teniente coronel y seis representantes de las asociaciones de Armadores de Buques Atuneros Congeladores.
- Fueron estas las que en dicha reunión expusieron que habían estudiado la posibilidad de cambio de empresa de seguridad para intentar reducir costes pero que de momento se había descartado. Preguntado por la opinión del Ministerio al respecto, el Secretario General de Política de Defensa dejó claro que la decisión sobre la empresa de seguridad era un asunto puramente empresarial.
- El Ministerio de Defensa no tiene nada que firmar ni autorizar respecto a la seguridad de los atuneros.
- El Ministerio de Defensa no coordina la operación Atalanta. Se trata de una misión de la Unión Europea en la que España participa junto a muchos otros países.