Giro inesperado en el caso que investiga las extorsiones por parte del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. El juez que instruyó el 'caso Nóos', José Castro, y quien ha llevado a la infanta Cristina de Borbón al banquillo de los acusados, con el único apoyo del sindicato, se ha metido de lleno en el proceso seguido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El magistrado ha enviado un escrito informando de que el abogado de la hermana del rey Felipe VI, Miquel Roca, le propuso mantener una reunión secreta a finales de 2013 antes de decidir si citaba como imputada a Cristina de Borbón.



Se trata de un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aportado a la causa seguida por Pedraz enviado sin que nadie se lo requiriera. Es más, el propio Castro relata cómo a través del decano de los Juzgados de Palma de Mallorca se llamó a Pedraz -Castro no llamó desde su teléfono al sospechar que se encuentra intervenido- para ofrecerse como testigo y éste nunca le dio una respuesta. Esta llamada ocurrió el pasado 22 de abril, y a la vista que el magistrado no le respondió, ha decidido él mismo contar lo que sabe y que considera que puede ser útil para el proceso.

Así, en este escrito narra cómo el abogado que trabaja con Roca en Palma de Mallorca, Javier Riutort, a finales de 2013, días antes de resolver sobre la segunda imputación de la infanta, le trasladó el encargo de Roca de reunirse con él.



“Lo que me llamó la atención no fue la pretensión en sí puesto que la puerta de mi despacho siempre ha estado abierta para cuantos letrados han querido acceder a él sin necesidad de pedir cita previa, sino el hecho de que mi interlocutor enfatizara las condiciones en que esa reunión debería celebrarse”, recoge el escrito remitido por el instructor.

Finca alejada de periodistas

El lugar de la reunión sería, según Castro, una finca en Barcelona o Mallorca “y que por lo que deduje, o quizá se me dijo, se trataría de rústica, garantizándome insistentemente que estaría al abrigo de periodistas y fotógrafos, asegurándome, en definitiva, la más completa intimidad”.



Según Castro, no preguntó de qué se iba a hablar porque “era obvio que Roca y yo no teníamos más tema en común que el de Cristina de Borbón”. El instructor les trasladó que no habría ningún problema en celebrar esa reunión siempre y cuando fuera en su despacho. Tras esta afirmación, nunca obtuvo ninguna respuesta.



“Sorprendido por la propuesta, nada más abandonar Riutort el despacho, se la trasladé a la secretaria del Juzgado y ambos coincidimos en que por sí sola no era denunciable ni obligado el documentarla en la causa”. Castro explica en su escrito que en caso de llegar a celebrarse la reunión tenía previsto grabarla para “valorando su contenido, optar por denunciar los hechos o borrar las grabaciones si su contenido resultara inocuo”.



En el documento, el instructor de Palma explica que le trasladó lo ocurrido al fiscal Pedro Horrach por si tenía conocimiento de esta propuesta de reunión y éste le contestó “con un escueto 'no'”, por lo que decidió olvidarse del tema.

Papel injustificable

“De cara al exterior yo no puedo ni debo adivinar qué proposiciones se me hubieran podido ofrecer de haber concurrido a esa pretendida reunión altamente secreta. Es más, dudoso pudiera ser incluso que se me cursara alguna y no, en cambio, el pretender situarme en un escenario en el que un papel sería de muy difícil, por no decir imposible, justificación”, insinúa Castro.

El instructor dice que no quiere hacer adivinanzas de lo que pretendía Roca con esa “clandestina reunión” pero está claro que era algo que no podía hacerse en un “ámbito normalizado” como el de su despacho.

La “gran vergüenza”

Castro explica a Pedraz en su escrito que desde entonces no se volvió a acordar de lo sucedido hasta que saltó la noticia de la detención del líder de Manos Limpias. “No pude evitar que al tiempo que ese supuesto proceder me generara una gran vergüenza, me asaltara también la duda de si no se le habría hecho a la acusación popular ejercida por Manos Limpias un ofrecimiento similar al mío y que, al contrario que éste, aquel sí llegara a ser aceptado por su destinatario, y que fuera en el seno de esas reuniones donde tuvieran lugar las ofertas o exigencias que luego denuncia quien precisamente pudo haberlas propiciado”, espeta.



De esta manera, Castro insinúa que pudo ser el abogado de la infanta Cristina de Borbón quien inició el ofrecimiento de dinero, que pudo llegar hasta los tres millones de euros, a cambio de que la acusación popular retirara la imputación contra la hija de Juan Carlos I.



Sin embargo, al inicio de su escrito, el instructor insiste que su objeto no es salir en defensa de Manos Limpias ni de su abogada Virginia López Negrete, la única parte de la causa que ha defendido su pretensión de sentar a la infanta en el banquillo, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y demás partes personadas.



“Si sus dirigentes -de Manos Limpias- habían cometido los delitos que se decían y, habida cuenta de que se había decretado su prisión incondicional todo parecía inclinarse en ese sentido, en esa situación sería de desear que permanecieran y si mereciera ser compartida por la letrada que ejerce en su nombre la acusación popular contra Cristina de Borbón, pues que así fuera, al igual que aplaudiría su expulsión del llamado 'caso Nóos' si se constatase su responsabilidad en los hechos”.



Castro envía este escrito después de que en la causa instruida por Pedraz se conociera que Roca había denunciado ante la Policía que Manos Limpias le habría pedido tres millones de euros a cambio de retirar la acusación contra Cristina de Borbón, el pasado mes de febrero.





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