Era cuestión de tiempo. PNV y PSE-EE gobiernan conjuntamente en las tres diputaciones vascas y en los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián desde la constitución de las instituciones tras las elecciones municipales y forales de mayo de 2015. No lo hacían en Vitoria hasta que este lunes ambas formaciones han suscrito un pacto de coalición por el que los cuatro ediles socialistas se incorporan al equipo de gobierno que preside el actual alcalde nacionalista, Gorka Urtaran.
La incorporación del PSE-EE palía la debilidad del Ejecutivo de Urtaran, que logra así 9 de 27 concejales. En teoría no corrige su situación de minoría, que obliga al regidor vitoriano a ampliar el consenso sobre sus proyectos, si bien a partir de ahora la configuración de alternativas desde la oposición resulta mucho más complicada. Regidores anteriores como Alfonso Alonso (PP), Javier Maroto (PP) y Patxi Lazcoz (PSE-EE) también gobernaron con nueve escaños.
La entrada de los socialistas en el equipo de gobierno municipal se produce después de que los nacionalistas hayan venido presionando a sus socios institucionales para que reforzaran a Urtaran y a cambio de compromisos programáticos.
También conlleva la cesión de la primera tenencia de alcaldía para el portavoz socialista, Peio López de Munain, y la encomienda al PSE-EE de distintas áreas de responsabilidad, como Seguridad, Políticas Sociales o Cultura. Un reparto que alivia la insuficiencia numérica de los 5 miembros del grupo del PNV, agravada desde que en abril dimitiera de sus cargos por razones personales el número dos y mano derecha del alcalde, Borja Belaundia.
Desde entonces los llamamientos del PNV al PSE se intensificaron y ambos partidos iniciaron unas negociaciones que han concluido con la rúbrica del acuerdo en la Casa Consistorial.
Sus máximos responsables alaveses, José Antonio Suso, presidente de la ejecutiva nacionalista, y Cristina González, secretaria general de los socialistas, han valorado la consecución de un gobierno local “más fuerte” en beneficio de los ciudadanos y una ciudad “más “cohesionada”.
SOCIOS INSTITUCIONALES
Con esta alianza PNV y PSE completan el círculo de su poder institucional en el País Vasco, en el que el partido de Andoni Ortuzar se apoya en los socialistas para compensar la falta de mayorías absolutas y la organización de Idoia Mendia, a la vez que contribuye a la estabilidad de los ejecutivos y aporta cierta impronta social a la gestión, consigue un protagonismo político superior al que le conceden las urnas.
Su entente se materializa desde hace un año en gobiernos de coalición, fórmula que se extiende por todo el territorio a un conjunto de 22 localidades, incluida ahora Vitoria, y a municipios tan importantes como Getxo , Leioa, Galdakao y Durango en Bizkaia, o Irún, Zarautz, Pasaia y Lezo en Gipuzkoa.
En el Gobierno vasco la situación es diferente. El PNV gobierna en solitario, pero mantiene un pacto con el PSE–EE desde septiembre 2013 que le ha permitido al lehendakari, Íñigo Urkullu, aprobar sus presupuestos.
Al acuerdo, con contenido fundamentalmente económico y de política fiscal, se llegó después de que el presidente vasco tuviera que retirar sus primeras cuentas por falta de apoyos.
Aunque el entendimiento entre ambos partidos se ha resentido en el Parlamento Vasco en leyes fundamentales, como la Ley Municipal o la Ley de Vivienda, el balance para el PNV es tan satisfactorio que no oculta su interés por extender al PSE su condición de socio en la próxima legislatura si la matemática electoral lo permite. El acuerdo cerrado en la capital alavesa va en esa misma dirección de perpetuar la alianza.
COALICIÓN EN VITORIA
El pacto suscrito este lunes restaura en Vitoria el acuerdo global postelectoral, roto por el incumplimiento de los nacionalistas en Andoain (Gipuzkoa), que impidió que el candidato socialista alcanzara la alcaldía.
La quiebra de la disciplina de voto de un edil del PNV permitió la reelección de la alcaldesa de EH Bildu, Ane Karrere. A partir de ahí, los socialistas se sintieron libres para no apoyar la elección de Urtaran, pese a haber formado parte de la alternativa articulada junto a EH Bildu y el resto de la oposición para desalojar de la alcaldía vitoriana al popular Javier Maroto, ganador de las elecciones con 35.722 votos y 9 concejales.
El pacto anti -Maroto colocó al frente del Consistorio al PNV , tercera fuerza política respaldada por 19.945 votos, pero dejó a Urtaran en una delicada situación de minoría, aliviada parcialmente por la recomposición posterior de las relaciones entre PNV y PSE-EE.
Ambos partidos suscribieron en julio de 2015 un acuerdo de gobernabilidad para el cambio, que selló el respaldo de los socialistas a diez ejes de actuación que ahora se amplían con su entrada en el Gobierno local.
El nuevo entendimiento, que llega sin que haya revertido la situación en Andoain, ha sido critiado con dureza desde el PP. "Nosotros no cambiamos nuestras ideas por sillones", ha asegurado el ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso.
Javier Maroto, ex alcalde y portavoz municipal del grupo popular, ha expuesto por su parte que el Gobierno de Urtaran sigue estando "en minoría" y que la incorporación socialista "no garantiza la estabilidad" del Ayuntamiento.
CONTENIDOS DEL ACUERDO
En el documento con el que certifican su coalición, nacionalistas y socialistas se reafirman en el mantenimiento del rigor en la gestión económica-presupuestaria, en la intensificación de la lucha contra el fraude y en la realización de una reforma impositiva global, uno de los caballos de batalla del PSE-EE-
Su acuerdo incluye la renovación de la flota de autobuses públicos y de la red de aguas y la optimización del servicio de limpieza de la ciudad.
El apoyo al empleo y a la actividad económica siguen siendo prioritarios y en este apartado resaltan la incentivación de los contratos de jóvenes y parados de larga duración, el impulso al comercio de barrio, planes de rehabilitación de viviendas y la creación de una tarjeta de aparcamiento con tarifa plana para los autónomos.
El PSE gestionará el área de Políticas Sociales con medidas tendentes a reducir las desigualdades, reforzar los servicios que consideran cercenados por el PP y prestar mayor atención a mayores y mujeres maltratadas.
Además de acciones urbanísticas de remodelación de espacios públicos en centro y barrios, el pacto recoge los grandes retos actuales en materia de movilidad: la ampliación del tranvía, la construcción de una nueva estación intermodal soterrada que acoja la llegada del TAV, el relanzamiento del aeropuerto de Foronda y la implantación de líneas BRT (autobuses de tránsito rápido).
El cierre del “anillo verde” que rodea Vitoria enlaza con objetivos de carácter deportivo y cultural, entre los que figuran la construcción de dos campos de fútbol , la reforma del Teatro Principal o el proyecto de un centro museo dedicado al fotógrafo fallecido Alberto Schommer.
PNV y PSE reivindican finalmente la condición de Vitoria como capital del País Vasco para impulsar el euskera y defender la consolidación de los cinco millones de euros anuales que recibe la ciudad del Gobierno vasco.
Este canon de capitalidad, concedido por el Ejecutivo de Patxi López y mantenido por el de Urkullu, no está exento de polémica. Ambos partidos se comprometen a trabajar en colaboración con Bilbao y San Sebastián, para no construir Vitoria “compitiendo” con el resto de las capitales vascas.