El Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno de España, ha reclamado al Ministerio de Defensa un informe sobre las causas que propiciaron el accidente del Yak-42, en el que murieron 75 personas, 62 de ellas, militares españoles. El procedimiento podría servir para dirimir responsabilidades sobre la tragedia y ampliar las compensaciones que recibieron las familias de las víctimas.
La Asociación Familiares Yak-42 ha hecho balance este miércoles del estado en el que se encuentran las causas relacionadas con el accidente de la aeronave, suceso del que mañana, 26 de mayo, se cumplirán 13 años. Además de los 62 efectivos españoles fallecieron toda la tripulación -12 ucranianos- y un pasajero bielorruso. “El Consejo de Estado ha pedido abrir un informe y ha pedido una información al Ministerio de Defensa; entre esos datos están los contratos del Yak 42”, ha subrayado Curra Ripollés, portavoz de la asociación y hermana del comandante José Manuel Ripollés, fallecido en la tragedia.
En la causa relacionada con el accidente de la aeronave fueron condenados tres militares por la incorrecta identificación de los cadáveres de los soldados que viajaban a bordo; una circunstancia que no salió a la luz hasta celebrados los funerales de las víctimas. Con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, los tres fueron absueltos. La petición del Consejo de Estado se centra en la subcontratación del Yakovlev 42D, operado por una compañía ucraniana.
“Son 13 años desde que Federico Trillo [entonces ministro de Defensa] dijo que el Yak era un buen avión y que se habían identificado correctamente a nuestros familiares”, ha lamentado Miguel Sencianes, presidente de organización. Según ha explicado, la petición del Consejo de Estado podría servir para que se abra “una investigación sobre las contrataciones” del avión: “Esperamos el informe con dolor, respeto y esperanza”, ha espetado.
Las preguntas que el Consejo de Estado ha planteado al Ministerio de Defensa son “muy similares” a las que ya plantearon en su día los abogados de la asociación, según ha valorado el letrado Leopoldo Gay. “Para las familias es muy importante saber que preguntamos lo mismo”, ha aseverado.
Las cuatro direcciones en las que se centra la petición del Consejo son: la cadena de subcontrataciones por la que se llegó a requerir los servicios del avión ucraniano; un informe de seguridad sobre el transporte de tropas en este tipo de aeronaves; sobre la situación de la indemnización que los tres militares condenados tuvieron que abonar a las familias de las víctimas; y sobre la responsabilidad civil del accidente -“La tripulación viajaba sin seguro”, ha apuntado la también abogada Elizabeth Martínez-.
El resultado del informe que emita el Consejo de Estado no será vinculante para Defensa, si bien las familias podrían abrir un proceso contencioso administrativo contra el Ministerio en caso de que éste decida no acatar el dictamen. Paco Cardona, vicepresidente de la asociación, ha señalado que las responsabilidades también deberían apuntar en otra dirección: “El Gobierno en funciones debería plantearse el coger el toro por los cuernos y pedir perdón, porque nadie lo ha hecho en 13 años”.