Las lagunas del Yak-42, 13 años después

“A mi hijo le hicieron un recibimiento con salvas muy bonito en Valencia, donde estaba destinado”. Jacinta Vicente recuerda el día en el que abrazó aquel ataúd. En su interior yacía el cuerpo de su hijo, el teniente Mario González Vicente. O, al menos, eso creía ella. “Resultó que era otro -balbucea-. Un gallego, creo”. Su hijo había sido enterrado en Zaragoza. Y otros padres lloraban el cadáver del teniente González convencidos de que éste era, en realidad, la persona a la que querían.

En la memoria de Jacinta se sostienen con alfileres los recuerdos del 26 de mayo de 2003, fecha en la que se desencadenó la tragedia de mayor magnitud del Ejército español en tiempos de paz. El avión Yakovlev 42-D se estrelló en tierras turcas cuando regresaba de Afganistán. Los 62 efectivos que viajaban a bordo perdieron la vida. También la tripulación, compuesta por 12 ucranianos y un bielorruso. “Ahora al menos puedo hablar del tema, porque hace unos años...”, sostiene la mujer.

La Asociación Familias Yak-42 conmemora este jueves el décimotercer aniversario de la tragedia. Y lo hace con la “esperanza” de que se diriman “responsabilidades”, más allá de los procesos judiciales que ya han recorrido. Pero, para Curra Ripollés, portavoz de la organización y hermana del comandante José Manuel Ripollés Barros -fallecido en el accidente-, lo “más importante” es que haya “memoria” sobre las víctimas: “Iban para defender a nuestro país, pero han terminado por darles la espalda”.

Los miembros de la asociación hablan de las negligencias que se cometieron antes, durante y después del suceso. Por eso, han apostado por agotar todas las vías judiciales. “Justicia”, es lo que solicitan, más allá de las penas a las que ya fueron condenados tres militares españoles por negligencia en la identificación de los cadáveres. Y se aferran a los resquicios de un procedimiento que consideran “irregular”: son los “agujeros negros” del Yak-42.

Un avión subcontratado

Para que los efectivos españoles destinados en Afganistán regresaran a territorio español, Defensa subcontrató los servicios de una empresa ucraniana, UM Airlines. El Consejo de Estado ha emitido una petición al Ministerio para que le facilite estos contratos. La documentación ha sido aportada “parcialmente”, lamenta Elizabeth Martínez, una de las abogadas que representa a la Asociación Familias Yak 42.

Miguel Sencianes, padre del fallecido José Manuel Sencianes López -sargento primero- asegura que “nunca nadie aportó los contratos”: “Excepto el ministro José Bono [titular de Defensa entre 2004 y 2006] que llevó parte de las cadenas de subcontrataciones al Congreso”. Los familiares de las víctimas quieren saber el procedimiento por el que se terminó requiriendo los servicios de un avión al que califican como “pirata”.

Condiciones del avión

“Quieren que volemos en una tartana”, lamentó el cabo Vicente Agulló Canda, con 9 años de experiencia en vuelos. Según una información publicada por Faro de Vigo, el militar gallego transmitió esta inquietud a su familia poco antes de embarcarse en el Yak 42. La aeronave ya había sido empleada por otros Ejércitos europeos para el traslado de sus tropas, pero algunos de ellos -como Noruega- decidieron dejar de usarlo por las quejas de los soldados por sus condiciones.

Los efectivos españoles también presentaron 14 quejas por la seguridad en los aviones procedentes de países que tiempo atrás fueron soviéticos. La agencia NAMSA de la OTAN era la encargada -hasta la tragedia del Yak 42- de intermediar entre el Ejército español y las empresas aeronáuticas.

La identificación de los cadáveres

“Hace 13 años desde que Federico Trillo [ministro de Defensa cuando tuvo lugar el accidente] dijo que el Yak era un buen avión y que se habían identificado correctamente a nuestros familiares”, señala Paco Cardona, padre del sargento Francisco José Cardona Gil. El proceso de identificación se vio alterado y las familias de las víctimas recibieron los cuerpos de otros militares.

Jacinta Vicente relata el rosario de acciones judiciales que tuvo que emprender para recuperar el cadáver de su hijo: otra familia ya lo había enterrado en Zaragoza y no estaba dispuesta a la exhumación de los restos. En otros casos, las víctimas fueron incineradas contra la voluntad de sus seres queridos. La Audiencia Nacional condenó al general Vicente Navarro por la identificación errónea. También lo fueron el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, pero en 2012 el Gobierno indultó parcialmente sus penas.

Responsabilidades por el caso

Las familias de los fallecidos lamentan que no haya habido “ningún tipo de responsabilidad” entre las esferas políticas. “El Gobierno en funciones debería plantearse el coger el toro por los cuernos y pedir perdón, porque nadie lo ha hecho en 13 años”, sostiene Paco Cardona, vicepresidente de la asociación.

Además, el Consejo de Estado ha pedido al Ministerio de Defensa todos los datos posibles sobre el accidente del Yak-42. Con ellos pretende dirimir si el órgano de Gobierno tiene responsabilidad patrimonial por la tragedia. Curra Ripollés, portavoz de la asociación, resume el sentir de aquellos que perdieron a un familiar en el accidente: “En nuestras casas se seguirá estrellando el Yak 42 todos los días hasta que se esclarezca lo ocurrido”.