El PP alega indefensión y sostiene que no debe pagar 1,2 millones de fianza

El Partido Popular no está dispuesto a pagar 1,2 millones de euros de fianza impuestos por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata como responsable civil subsidiario en el caso conocido por los 'papeles de Bárcenas'. Ha presentado un recurso de reposición contra la decisión del magistrado de que sea la formación política la que abone la cantidad dado que los acusados no han cubierto totalmente las cantidades. Pide que hasta que se resuelva el recurso, quede sin efecto el plazo de diez días dados al partido para entregar la cantidad.

El objeto de la fianza es poder cubrir la posible multa en caso de que los acusados sean condenados por los delitos fiscales de los que se le acusa, en el marco de la obra de la sede del PP, que se habría pagado en parte con dinero negro. Así, los acusados son los dos extesoreros del PP, Luis Bárcenas, y Álvaro Lapuerta, y el gerente Cristóbal Páez, y el arquitecto, Gonzalo Urquijo, así como varios trabajadores del estudio de éste, Unifica.

El PP no está de acuerdo con la decisión de De la Mata, al entender que entre todos los acusados se ha afianzado un total de 15,6 millones de euros y por tanto esa cantidad debe ser dedicada a cubrir la fianza por responsabilidad civil. En el caso del partido que preside Mariano Rajoy, está en la causa como responsable civil subsidiario y, a su juicio, tendría que abonar la cantidad si ésta no se satisface por los acusados, algo que en este caso ha ocurrido y, por tanto, debería quedar exento del pago.

"Si las cuantías que en primer lugar deberán ser satisfechas en caso de condena son las relativas a las cuotas tributarias presuntamente defraudadas más los intereses de demora, así como el resto de responsabilidad civil derivada de los otros presuntos delitos, es lógico pensar que las cuantías embargadas por ese Juzgado deberían ir destinadas, en primer lugar, a asegurar dicha responsabilidad civil, en este caso 1.245.154,18 euros, así como el resto de responsabilidades civiles derivadas de otros delitos a los que los responsables civiles directos están obligados conjunta y solidariamente", recoge el escrito.

Respecto del delito fiscal del ejercicio 2008 por el Impuesto de Sociedad, el juez fijó una fianza de 220.167 euros. De dicha cuantía responden, en condición de responsables civiles directos Lapuerta, Bárcenas y Páez. "Pues bien, Lapuerta habría acreditado una solvencia de 4.184.490 euros, Páez habría acreditado una solvencia de 455.370 euros y, finalmente, Bárcenas tendría sus bienes previamente embargados" por el 'caso Gürtel'. Por tanto, a juicio del PP, la cantidad está de sobra cubierta.

Cantidad cubierta

Respecto del importe de 1 millón de euros relativo al presunto delito contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades del año 2007 de Unifica, son responsables directos Urquijo, los otros dos acusados del estudio de arquitectura, Bárcenas, Lapuerta y Páez “y, únicamente, para el caso de que estos señores no presten, conjunta y solidariamente, fianza bastante para cubrir esa cantidad operaría la denominada responsabilidad subsidiaria de Unifica y, en su defecto, del PP”, alega en su escrito.

Según recoge un auto del juez, Unifica habría acreditado una solvencia de 10,9 millones de euros y Urquijo y García habrían sido declarados parcialmente solventes, sin que se haya valorado en qué monto. A esta cuantía y las que quedan por determinar habría que sumar 4,6 millones de euros de los bienes designados por Lapuerta y Páez. “Es decir, el Juzgado cuenta con bienes por un valor mínimo de 15.618.787,62 euros para cubrir la cuantía de 1.024.987 euros, la cual, una vez cubierta por uno de ellos ya no será exigible a los otros acusados, ya que la responsabilidad civil es conjunta y solidaria”, recalca el recurso.

A esto se añade, según el PP, que se ha encontrado en una situación de "patente indefensión”, dado que durante toda la pieza de responsabilidad civil de la causa por los 'papeles de Bárcenas' se le ha notificado ninguna sola resolución y por tanto no ha podido defenderse ni recurrir ninguna decisión sobre el recuento de bienes.