Fomento exige a Carmena 700 millones de euros por haber anulado la Operación Chamartín

El ministerio de Fomento ha dado un paso al frente. Exige a Manuela Carmena 700 millones de euros por haber derribado la Operación Chamartín. DCN -inversor participado por BBVA y constructora San José- iba a dejar en Madrid 6.000 millones de euros en la prolongación de la Castellana. Estado -propietario de más del 60% de los terrenos-, Comunidad y Consistorio estaban de acuerdo. Tan sólo faltaba la votación del pleno del Ayuntamiento para iniciar las obras. Pero al llegar, Carmena dijo 'no' al proyecto. Algunas modificaciones ya se habían iniciado y de ahí que Fomento exija sus costes al Consistorio.

Carmena no quiere saber nada del dibujo que hizo DCN para la Castellana. Tras un bloqueo de varios meses, esbozó el suyo y lo presentó en sociedad. Ahora, el acuerdo está roto y las otras dos administraciones le dan la espalda. Así se lo dejaron claro en una primera reunión. Un segundo encuentro está previsto para los próximos días.

Fomento amenaza con emprender acciones legales

En una carta enviada al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, Fomento exige el pago de 700 millones: "El Ministerio y sus entidades públicas dependientes han realizado importantes actuaciones en la convicción y bajo los principios de buena fe y confianza legítima de que serían compensados en los términos pactados con el Ayuntamiento".

Fomento habla de varios acuerdos "suscritos", algunos de ellos pactados por el Gobierno de Zapatero, lo que llama la atención, teniendo en cuenta que han sido los socialistas los que han permitido con sus votos la caída de la Operación Chamartín.

El ministerio, además, se reserva su derecho a emprender acciones legales contra el Ayuntamiento por la ruptura de estos acuerdos.

Carmena hace oídos sordos

El Ayuntamiento recibió la misiva de Fomento el 23 de mayo, dos días antes del pleno en el que decidió, junto al PSOE, anular definitivamente la Operación Chamartín.

Los de Carmena presumieron en Cibeles de haber puesto fin al "pelotazo urbanístico" con la derogación de este proyecto.