"Nunca tuve conocimiento de irregularidades, ni las toleré y nunca las hubiera consentido". Con este breve alegato arrancaba el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves su intervención en la comisión de investigación sobre el presunto fraude de los fondos de formación en el Parlamento andaluz. En su escueta argumentación previa, también ha querido dejar claro que “nunca” recibió “aviso” o “alerta” sobre deficiencia o irregularidad y “nunca” dio “instrucciones a nadie” para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.
Chaves sobre el fraude de los cursos de formación:
Aunque no descartó la posibilidad de que hubiera“errores” (entre los que ha mencionado la falta de personal o el atasco en la supervisión de expedientes), según su “convencimiento” y su “criterio”, la administración de la Junta ejecutó las políticas activas de empleo y la formación para el empleo “dentro de la más estricta legalidad”, y ha recalcado que no cree que haya “ningún tipo de fraude” en el seno de la administración andaluza. “Nunca, en mi presidencia, firmé ninguna decisión ilegal y toda decisión en Consejo de Gobierno fue legal”, incidió.
Con este punto de partida, ha defendido el papel de los funcionarios y de los todos los cargos directivos y centros que han estado al frente de estas competencias, y más aún ante la dificultad de su puesta en marcha, y calificó tanto la “gestión” como la “ejecución” como “positiva, razonable, útil y eficaz”. La prueba, a su juicio, está en los datos de la EPA: aquellas políticas de empleo dieron resultado y se bajaron las tasas de paro.
Tras el interrogatorio de los cinco partidos con representación en la cámara andaluza (IU, Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE), le tocará el turno a partir de las 19:00 a su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán.
Teloneros de Susana Díaz
Casi cuatro años han pasado desde que los ex presidentes andaluces Chaves (1990-2009) y Griñán (2009-2013) tuvieron que pasar por el trance de comparecer en la comisión de investigación por el escándalo de los ERE en el Parlamentario y ahora tienen que volver hacerlo por los fondos para los cursos de formación para el empleo. Un supuesto fraude que se investiga en 18 juzgados, que acumula unas 300 detenciones y en el que se pretende esclarecer el destino final de una parte importante de los 3.000 millones destinados desde el año 2002 hasta 2012.
Los dos son los teloneros de Susana Díaz, que será mañana quien tenga que hacer el paseíllo en el Parlamento andaluz, y en plena precampaña electoral, pero a diferencia de esta, sobre sus cabezas pende el caso de los ERE, por el que podrían ser procesados. Con Díaz se dará por cerrada la tanda de comparecencias, por la que han desfilado 68 personas, desde alumnos a empresarios, interventores, directores generales y provinciales, y ex consejeros, excepto la ministra Fátima Báñez, que dio esquinazo en el último momento acogiéndose a un dictamen del Consejo de Estado, una informe que establecía que la Cámara andaluza no tenía competencias para llamarla a declarar.
Tanto Chaves como Griñán quedaron limpios de responsabilidad política en la comisión de investigación sobre los ERE, ya que esta acabó sin dictamen. Se cerró en falso. La clave estuvo en el PP, que prefirió que quedara en resultado nulo porque quiso elevar el grado de responsabilidad hasta los ex presidentes, mientras IU tan sólo quería rebajarlo a quienes habían sido titulares de la Consejería de Empleo. La falta de acuerdo acabó con una investigación política fallida. Sin embargo, Chaves y Griñán sí asumieron responsabilidades políticas desde el momento en el que los dos acabaron dejando sus actas como diputado y senador, respectivamente, para no enfangar al partido.