Chaves y Griñán repiten el mismo guion: si hubo irregularidades no fue la Junta

Los dos ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han vuelto a reencontrarse por un caso de corrupción. Ya tienen un historial paralelo por el caso de los ERE, por el que están imputados, no es el caso de los fondos de formación, pero han tenido que comparecer en la comisión de investigación en el Parlamento andaluz por este supuesto fraude. Han comparecido y compartido algo: el mismo guion que, casi a pies juntillas, han repetido en su defensa. El “convencimiento” de que en la Junta de Andalucía se ha actuado de acuerdo con “legalidad vigente”, los procedimientos son “reglados y garantistas” y si ha habido deficiencias, no ha sido por culpa de la administración, sino por el administrado que ha actuado en contra de esta.

Con su intervención, tanto Chaves como Griñán han venido a exponer la misma tesis que defiende el PSOE: tras oír a los interventores, directores generales y provinciales, ex consejeros y empresarios, no ha habido fraude sino errores o irregularidades administrativas, si ha habido descontrol y atascos en los expedientes ha sido por falta de personal y de medios, no ha habido menoscabo de fondos públicos, y no ha habido exoneraciones sino exceptuaciones. Por tanto, la responsabilidad recae del empresario que ha querido aprovecharse, según su teoría.

En el PSOE van más allá, lamentan que mientras en Andalucía es la administración a la que se sitúa en el epicentro del caso de los fondos de formación, en las otras nueve comunidades autónomas donde ha habido réplicas de este escándalo, la responsabilidad recae en los beneficiarios. El caso Aneri, por poner uno de los ejemplos citados en la comisión.

Los dos han parecido que venían a corroborar lo que ya dijo de una manera más brusca el exconsejero Antonio Fernández, una pieza clave en este caso: todo lo relativo a los fondos de formación va ser un bluf, resultante de los “nervios” de los interventores por la presión política y mediática que se desató tras el caso de los ERE.

De hecho, en el PSOE ya recuerdan que este caso, que acumula unas 300 detenciones y en el que se pretende esclarecer el destino final de una parte importante de los 3.000 millones destinados desde el año 2002 hasta 2012, de los 18 juzgados que lo investigaban ya son sólo doce, porque seis han archivado las causas que instruían.

MISMO ESQUEMA DE DEFENSA

Los dos ex presidentes no se han movido un milímetro de su esquema de defensa: todas las decisiones adoptadas por ellos durante su presidencia y en los Consejos de Gobierno eran legales y si hubo otro tipo de decisiones, la responsabilidad sobre estas quedaban un peldaño más abajo, es decir, echaban balones fuera y para quien estuviera al frente de la Consejería de Empleo. Esto casaría de nuevo con lo que ya advirtió precisamente Fernández el pasado 17 de mayo en su comparecencia a la portavoz de IU, Elena Cortés: “No lleve esa alforja de intentar implicar Chaves y Griñán”.

El PP ha intentado por todos los medios acorralarles, cada uno con asuntos distintos. Al primero, con uno de los más espinosos, el del cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz), que absorbieron hasta 500 millones (indemnizaciones, prejubilaciones y cursos de formación), Chaves tiró de un informe del Ministerio de Trabajo, ya en la etapa de Fátima Báñez, en el que se valoraba bien el trabajo realizado. El efecto bumerán venía con la denuncia que los ex trabajadores han presentado contra él y su sucesor por prevaricación, simulación de contratos y falsedad documental, como ha recordado la portavoz popular Teresa Ruiz Sillero.

El frente abierto con Griñán ha sido por la dimisión de quien fuera su vicesecretario general en 2010, Rafael Velasco, y que vino motivada, en parte, por lo que él definió como una “cacería política” y “una campaña de difamación, de injurias y de calumnias”, cuando El Mundo publicó que su mujer había recibido 726.000 euros en subvenciones de la Junta para los cursos de formación.

Velasco dijo entonces que lo hacía por “motivos personales” y porque afectaba seriamente su vida familiar. Ese mismo argumento ha utilizado Griñán, aunque la portavoz popular le ha recordado las nóminas que cobró la mujer de Velasco, cantidades que de ser irregulares no se podrán recuperar por ser expedientes ya prescritos.

OJEDA, UN HOMBRE CLAVE

Del ex consejero Ojeda, uno de los empresario más beneficiados por los cursos de formación y al que se coloca como uno de los nombres claves de este caso (pudo haber recibido hasta 49,8 millones de la Administración andaluza), tanto Griñán como Chaves se han desvinculado de él al completo. Chaves lo ha tenido fácil, porque durante sus 19 años de mandato ha asegurado que no se le dio curso alguno desde el Consejo de Gobierno, aunque sí hubo 14 subvenciones que le fueron aprobadas desde la Consejería de Empleo (según los datos del PP).

Este hecho le ha servido de perfecta coartada ante las preguntas insistentes del PP. Griñán ha recordado que Ojeda estuvo en la Junta hace ya 27 años.

Otro de los puntos del interrogatorio a ambos ha sido si recibieron avisos, alertas o fueron conocedores de los informes de la Cámara de Cuentas advirtiendo de las anomalías en la gestión, extremos que los dos negaron categóricamente. En lo que también han coincidido es en el reconocimiento al papel de los funcionarios y de los todos los cargos directivos y centros que han estado al frente de estas competencias, y más aún ante la dificultad de su puesta en marcha, y calificaron tanto la “gestión” como la “ejecución” como “positiva, razonable, útil y eficaz”.

La prueba, como recordó Chaves, está en los datos de la EPA: aquellas políticas de empleo dieron resultado y se bajaron las tasas de paro, al menos, hasta que la crisis hizo mella a partir de 2008.

EL PP VE A CHAVES Y GRIÑÁN COMO PASADO

A pesar de lo agrio del interrogatorio del PP, los populares ya no parecen estar tan interesados ni en Chaves ni en Griñán. Los ven como el pasado, y ya están imputados en los ERE, y su atención está centrada ahora en Susana Díaz. Tan es así, que la única pregunta en la que se han atacado a Chaves y Griñán ha sido al requerirle su opinión acerca de la decisión de Díaz, nada más llegar al poder, de suspender la convocatoria para los cursos de formación para el empleo por la sombra de este presunto fraude que se cernía sobre ellos.

Chaves y Griñán, visiblemente molestos, se han negado a responder la pregunta que en dos turnos distintos y bajo fórmulas diferentes le ha cuestionado el PP. Los populares no le han sacado nada más que un “pregúnteselo usted mañana” a la presidenta andaluza.

Habrá que ver si lo hacen, pero tendrán su oportunidad. Tanto Chaves como Griñán han sido los teloneros de Susana Díaz, que será quien tenga que hacer el paseíllo en el Parlamento andaluz, y en plena precampaña electoral. Con Díaz se dará por cerrada la tanda de comparecencias, por la que han desfilado 68 personas, desde alumnos a empresarios, interventores, directores generales y provinciales, y ex consejeros, excepto la ministra Fátima Báñez, que dio esquinazo en el último momento acogiéndose a un dictamen del Consejo de Estado, un informe que establecía que la Cámara andaluza no tenía competencias para llamarla a declarar.