Las hermanas de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, miembros de ETA asesinados por los GAL,  denuncian el trato discriminatorio que reciben una víctimas de otras y reclaman que no haya distintas categorias ni diferencias entre ellas en el reconocimiento y la protección que les brindan las instituciones.

Pili Zabala y Asun Lasa consideran todavía hoy “desmesurado “ el “agravio comparativo” existente entre el tratamiento que reciben las víctimas de la violencia etarra y las causadas por el terrorismo de Estado, como en su caso, o por los distintos cuerpos policiales.

El Ministerio del Interior primero y la Audiencia Nacional después ha negado a sus familias el derecho a recibir  las indemnizaciones contempladas en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.  Les han excluido de la cobertura legal en aplicación de un Convenio Europeo, que permite la supresión de la ayuda si la víctima pertenece a una organización terrorista.  “Nunca fueron juzgados en vida , por lo que debe prevalecer la presunción de inocencia”, objetan las hermanas de Lasa y Zabala, que han recurrido la decisión.

La falta de “garantías jurídicas” sobre la condición de algunas víctimas no es su única queja. La denuncia se generaliza  cuando señalan que  víctimas de torturas y otras violaciones de derechos humanos, cometidas por los distintos cuerpos policiales, “aún son pasadas por alto y ampliamente ignoradas”. “Víctimas que no son reconocidas y continúan sufriendo en silencio”, reprochan.

Su testimonio se ha oído este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, donde  se tramita un proyecto de ley para el reconocimiento de las llamadas víctimas de abusos policiales producidas en la comunidad autónoma vasca entre 1978 y 1999.

DESAPARICIÓN FORZOSA

Lasa y Zabala fueron secuestrados por la rama “verde” del GAL en Bayona el 15 de octubre de 1983. Los dos jóvenes, huidos a Francia en 1981 tras un atraco en Tolosa, fueron trasladados al palacio de la Cumbre en San Sebastián, donde se les interrogó y torturó durante varios días, bajo las órdenes de Rodríguez Galindo, al frente entonces de la Comandancia de la Guardia Civil en Gipuzkoa . Conducidos luego hasta un descampado en Bussot (Alicante) fueron asesinados a tiros y enterrados bajo 50 kilos de cal viva. Sus restos se localizaron dos años después pero  tuvieron que pasar diez más para que se identificaran sus cadáveres.

Pilar Zabala  lleva bien la cuenta. “Once años, cinco meses y cinco días desaparecidos”, ha insistido emocionada ante un enmudecido auditorio de parlamentarios.

Ante ellos ha recordado la gravedad del delito “continuado” de desaparición forzosa y el “dolor” y la “desesperación” de las familias que veía transcurrir el tiempo sin noticia alguna, “sabiendo “ además de la culpabilidad de quienes les “estaban gobernando”, de un Estado que “violaba” los Derechos Humanos que “tenía” la obligación de proteger.

“AGRAVIOS COMPARATIVOS”

Zabala ha reflexionado sobre la impunidad de la que gozan quienes representan al Estado y vulneran la ley. “¿Cuántos están hoy en la cárcel?, ¿cuántas sentencias hay por torturas?, “Cuántos han sido indultados?”, ha interpelado a los  miembros  de la Comisión.

Y les ha animado a actuar con valentía y alcanzar el mayor consenso posible sobre la ley en tramitación  para reparar  los “agravios comparativos” entre unas víctimas y otras. “Las injusticias suman, no restan”,  ha dicho  refiriéndose a que el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA no merma el de las otras víctimas.

El secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala acabó resolviéndose en los tribunales en 2000, tras años de compleja instrucción en la que resultaron determinantes las investigaciones periodísticas de El Mundo; la labor decidida de la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles  y del comisario general de Policía Judicial, Enrique de Federico; la actuación de los fiscales Ignacio Gordillo y Jesús Santos y del juez instructor Javier Gómez de Liaño; y el impulso del abogado de la familia, Iñigo Iruin.

La Audiencia Nacional condenó al General Rodríguez Galindo y a sus subordinados del cuartel de Intxaurrondo Angel Váquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal a elevadas penas de cárcel  -entre 67 y 71 años- por las que también se vio afectado el exgoberandor civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga.

“Los perpetradores del mal fueron condenados a 75 años  de cárcel, pero hoy están todos en la calle, sin haber perdido perdón, ni ningún tipo de arrepentimiento y sin garantizarnos que no van a repetir ningún delito”, ha subrayado Pilar Zabala, en alusión a las condiciones que sí se exige a los presos de ETA para obtener beneficios penitenciarios, progresar de grado y poder abandonar la prisión.

Su testimonio ha sido compartido por la hermana de José Antonio Lasa, que ha mantenido que las instituciones  “solo veían el dolor producido por ETA”, criticado que el Gobierno vasco “miró para otro lado” y recordado cómo enterraron a sus hermanos “entre tiros y porrazos” de la Ertzaintza.  Esta última referencia ha provocado que el parlamentario del PNV  Íñigo Iturrate le pidiera perdón en nombre de su partido, como ya hiciera en una ocasión anterior.

Asun Lasa ha defendido que las  “víctimas son todas iguales”, con independencia del victimario, porque  todas lo son “del terror” producido por otra persona y ha demandado una única ley que les dé cobertura.  Tras contar que en 1982 fue detenida y torturada durante siete días, ha rechazado la terminología comúnmente utilizada de “abusos policiales” para encuadrar las vulneraciones de derechos humanos cometidos por los aparatos del Estado.

“Mismo delito, mismo tratamiento”, ha reivindicado Zabala, que tenía 15 años cuando secuestraron a su hermano y ha explicado cómo ese hecho marcó toda su vida y las consecuencias de distinta índole, incluidas las económicas, que la familia ha tenido que afrontar.

Zabala ha pedido ayuda al parlamentario del PP  presente en la Comisión, Carmelo Barrio, para que el Gobierno español las acabe reconociendo como víctimas del terrorismo.

Tanto ella como Asun Lasa valoran  positivamente el proyecto de ley del Gobierno vasco. Zabala ha aspirado a que  aporte “garantía jurídica”,  una “verdad oficial” que destierre las “mentiras” de tantos años y la creación de una comisión de la verdad sobre los GAL.

En ese sentido ha señalado que ella cree en la justicia restaurativa y ha anunciado que estaría dispuesta a hablar con guardias civiles de Intxaurrondo arrepentidos si  ellos estuvieran dispuestos a colaborar  en la busca de la verdad y el esclarecimiento de todo lo ocurrido allí y en otros centros de detención policial.

ENTRE 300 Y 450 AFECTADOS

El Parlamento Vasco tramita a contrarreloj el proyecto denominado formalmente de “Ley de reconocimiento y reparación  de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión  ilícita  en la Comunidad Autónoma vasca entre los años 1978 y 1999”.

El texto llegó a la Cámara el pasado mes de abril y la proximidad de las elecciones autonómicas, que tendrán lugar en otoño, obligan al Legislativo a acelerar el ritmo  de sus trabajos para aprobarla antes de su disolución.

Con este objetivo se suceden estas semanas en la Comisión de Derechos Humanos la comparecencia de expertos y víctimas que dejan sus aportaciones al proyecto  remitido por el Gobierno de Íñigo Urkullu.

El Ejecutivo del PNV estima prioritario sacar adelante esta ley, uno de los pilares en los que descansa la acción de gobierno en materia de paz y convivencia.

Su pretensión es dotar de cobertura legal y económica a las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos a manos de miembros de cuerpos policiales,  elementos parapoliciales o “incontrolados”, y  en un contexto de “represión ilícita”, marco que se identifica con la violencia de motivación política.

La ley está llamada a reparar a las víctimas de abusos, torturas y asesinatos. El Gobierno vasco calcula que necesitará 12 millones de euros para atender durante el próximo cuatrienio, 2017-2021, a los posibles afectados, entre 300 y 450 según sus estimaciones. Entre los casos previstos más conocidos están junto al de Lasa y Zabala, los de Mikel Zabalza, Gladys del Estal o Yolanda González.

La iniciativa legislativa es una continuación del decreto aprobado en 2012 por el Gobierno socialista de Patxi López, que se ocupaba de las víctimas de abusos policiales durante el periodo predemocrático y la Transición (1960-1978).

Este miércoles ha comparecido también en la Cámara  vasca José Manuel Rodríguez Uribes, exdirector general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que ha puesto el acento en las dificultades de acreditar la condición de víctima. Una tarea que el texto en tramitación deja en manos de una Comisión de valoración compuesta por  nueve personas: peritos forenses y expertos en Derechos Humanos nombrados por el Gobierno y el Parlamento vasco.

También ha discrepado con la terminología utilizada, al considerar “chirriante” hablar de “represión ilícita”  en vez de “abusos policiales”  cuando se trata de abordar una etapa ya democrática.