La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó este lunes un escrito en el Juzgado solicitando que se cierre la investigación al jugar Neymar da Silva y se le juzgue por un delito de corrupción entre particulares por su contrato con el Fútbol Club Barcelona. El fiscal entiende que hay suficientes indicios de delito contra el jugar, su padre, el club, y el ex presidente Sandro Rosell.

Según fuentes fiscales, el Ministerio Público también considera que existen indicios de criminalidad por un delito de estafa para Rosell, el Barça, el Santos -equipo anterior de Neymar- y el directivo de éste. En el caso de la madre del jugar, sería juzgada, según pretende el fiscal, como partícipe a título lucrativo. Esto significa que no se enfrentaría a una pena pero sí a devolver el dinero que habría disfrutado de manera indebida.

El fiscal entiende que se puede dar por concluida la instrucción y solicita al juez de la Auiencia Nacional José de la Mata que acuerde el siguiente paso, para llevarles al banquillo de los acusados.

Está investigación versa por una presunta estafa al fondo de inversión brasileño DIS, que poseía el 40% de los derechos federativos del jugador. El club ya está investigado y pendiente de juicio en Barcelona -tras una instrucción de la Audiencia Nacional- por declarar a Hacienda que el fichaje del jugador había costado menos de lo que realmente supuso.

La Fiscalía entiende que hay indicios para enjuiciar si los directivos del club estafaron al fondo de inversión al impedirle cobrar lo que le correspondía al mentir con las cifras del traspaso. El magistrado admitió a trámite una querella de la empresa brasileña DIS, en la que se denuncia que el Barça, el Santos -anterior equipo de Neymar- y todos los implicados en el fichaje le estafaron al impedirle cobrar su verdadera porción del traspaso millonario, al mentir en las cifras verdaderas.

Un fichaje mayor de lo reflejado

El Barça aseguró que el fichaje le costó en principio unos 17 millones de euros, una cifra que no refleja la realidad, dado que tras la primera investigación abierta en la Audiencia Nacional se descubrió que el precio real del fichaje fue de 83 millones de euros.

Por esta razón, el magistrado les imputó los supuestos delitos de estafa y de corrupción entre particulares, que ahora el fiscal quiere que sea juzgado. En la causa iniciada en su día por Pablo Ruz, se concluyó de manera indiciaria que Rosell y Bartomeu escondieron las cifras reales del traspaso en una maraña de contratos con el objetivo de ocultar el coste real y defraudar así a Hacienda los impuestos correspondientes. Esta causa debe ser juzgada en Barcelona, después de que la Audiencia Nacional confirmara que este órgano judicial no era el competente para investigarlo.

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