La Audiencia Nacional descubre ingresos masivos de fondos procedentes de Suiza mediante lo que los investigadores consideran como “cuentas cifradas” que habrían sido ocultados al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). El Juzgado de Instrucción número 5, en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, considera acreditado que varias entidades financieras, entre las que se encuentran el Banco Santander y el BNP, se coordinaron con el HSBC suizo para desviar fondos a través de cuentas que ocultan la identidad de sus beneficiarios finales mediante un código numérico. A cambio de estos servicios los bancos percibían la correspondiente comisión.
Los investigadores mantienen la tesis, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, de que el Santander y el BNP aceptaron esta operativa opaca adoptando el rol de “banco corresponsal”. Según su criterio debieron haberse negado y dar cuenta de inmediato al Sepblac, extremo que no se llevó a cabo. La inmensa mayoría de las operaciones investigadas son anteriores a 2010 por lo que legalmente las entidades quedarían exentas de responsabilidad penal y ésta descargaría sobre sus gestores.
Las pesquisas han podido determinar hasta ahora que esta práctica irregular no sólo se produjo en una primera fase, cuando los fondos fueron remitidos desde el país helvético a España, sino también en una segunda, cuando el dinero fue desviado a su vez a otras cuentas cifradas a través de las que tenían acceso los destinatarios finales del dinero, que efectuaban en muchos casos retiradas de dinero en metálico.
Tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el Ministerio Público han requerido ya a las entidades financieras a través del juzgado todos los movimientos de supuesto blanqueo de capitales desde el año 2005, quedando todavía por determinar el montante total de los fondos supuestamente blanqueados. En el caso del Santander, por ejemplo, la entidad comunicó a los investigadores que sólo disponía de los datos correspondientes a los últimos ejercicios y se le dio de plazo hasta este miércoles para cumplimentar toda la información requerida.
Fuentes autorizadas del Banco Santander han transmitido su versión a EL ESPAÑOL en los siguientes términos:
"En el Banco Santander no existen cuentas cifradas de ningún tipo. Ni hemos cobrado nunca ninguna comisión por admitir la operativa descrita. No hay cuentas que no identifiquen al titular.
El banco verifica siempre en las transacciones realizadas a través de la cuenta de corresponsales que existe un ordenante, si bien el análisis y comprobación de la información del ordenante no corresponde al banco corresponsal sino al banco del que el ordenante es el cliente.
En todas las transacciones con HSBC Private Banking suisse como banco corresponsal el banco ha cumplido los standares internacionales (normativa swift).
Hasta el 2010 la normativa preveía en las transacciones internacionales el uso de códigos identificativos que incluían el número de cuenta y te permitía identificar al titular. Por tanto no era un código cifrado ni existía anonimato en la transacción.
A partir del 2010 se amplió la información requerida para las transacciones internacionales a fin de que el banco origen de la transacción mandara al banco destino toda la información, incluido el nombre de la persona física o jurídica ordenante.
El banco completará este miércoles el envío de toda la información requerida por el juzgado. En cualquier caso, es importante resaltar que el banco cumple y ha cumplido escrupulosamente con sus obligaciones de reporte de operativa sospechosa al Sepblac".
No es la primera vez que el HSBC tiene problemas con el manejo de cuentas cifradas en España. En 2001 se vio obligado a clausurar 138 depósitos de estas características que fueron descubiertos por el Banco de España y que albergaban entonces 11.292 millones de pesetas. Cabe recordar que la normativa española de prevención de blanqueo de capitales obliga expresamente a las entidades financieras a comunicar al Sepblac la apertura de cuentas bancarias identificando a su beneficiario final y a sus apoderados.
Pieza separada
Estas pesquisas desembocan de la investigación iniciada a raíz de los datos facilitados por el ex empleado del HSBC Hervé Falciani. Este antiguo trabajador del banco suizo puso en manos de las autoridades francesas y españolas una base de datos que contiene 3.000 cuentas pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.
Del grueso de la información facilitada por Falciani, el juez De la Mata ha remitido a otros juzgados cuarenta expedientes de contribuyentes individuales o grupos familiares cuyo fraude supera el umbral de los 120.000 euros a partir del cual está castigado como delito fiscal. El magistrado de la Audiencia Nacional se ha inhibido en favor de juzgados repartidos por toda España a excepción de las comunidades autónomas de Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.
Sin embargo, el magistrado mantiene una pieza abierta que investiga la actuación de las entidades bancarias. Y no se limita únicamente a las cuentas destapadas por la llamada Lista Falciani. Los investigadores han solicitado a las entidades bancarias los datos más sospechosos de sus operaciones de corresponsalía en suelo español, aquellas relacionadas con paraísos fiscales y con el uso de cuentas cifradas. Se desconoce por el momento el montante total de afectados ya que la información todavía no está completa.
La cuenta de Marjaliza
La operación de la Audiencia Nacional intenta poner freno a que los bancos españoles presten servicios de corresponsalía y maquillen con su nombre el uso de cuentas cifradas dentro del sistema bancario internacional. Esta práctica ha sido ya detectada por la Justicia española en grandes casos de corrupción política como la denominada Operación Púnica.
En este caso, por citar un ejemplo, la Audiencia Nacional investiga una transferencia de 300.000 euros remitida oficialmente desde el Banco Santander en España a una cuenta en Suiza controlada por el empresario David Marjaliza.
Correo remitido por el Banco Santander a la Audiencia Nacional.
El 24 de abril del año pasado, el departamento jurídico del banco informó al juez Eloy Velasco de que el Santander, era en realidad un “mero banco corresponsal” en esa transferencia, y que el dinero llegaba realmente desde una sociedad en Panamá que tenía cuenta abierta en una sucursal bancaria de Miami. Sin un requerimiento judicial, a todos los efectos y para el sistema bancario, el dinero llegaba a Suiza desde el banco español, nada sospechoso de incumplir la normativa bancaria sobre control de capitales.
Según la orden de transferencia, cursada el 21 de septiembre de 2006, los 300.000 euros salieron desde la cuenta que la sociedad Internet Enterprise INC tenía en una filial del Santander en Estados Unidos. Como banco intermediario, figura la división de banca privada del BNP Paribas, otra de las entidades investigadas ahora por la Audiencia Nacional. Según informó el Santander tras el requerimiento judicial, la cuenta de destino era un depósito abierto en Ginebra a nombre de una firma llamada Sheraton Trading, controlada por Marjaliza.