El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, se sentará en el banquillo de los acusados después de que la Audiencia de Bizkaia haya decidido rechazar su recurso y el de los otros dos investigados, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, el socialista Mikel Cabieces, y el abogado bilbaíno Rafael Alcorta, en el caso judicial conocido por el nombre de la entidad financiera surgida de la fusión de las tres cajas de ahorros vascas.

Los tres serán sometidos a juicio por la contratación supuestamente irregular de Cabieces a cargo de Kutxabank y a través del despacho de Alcorta, asesor jurídico externo en materia laboral del banco con el que éste mantenía un contrato de iguala.

La jueza vio en su actuación indicios de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental cuando dio por finalizada la instrucción en febrero de este año. Su auto ha sido ahora ratificado por la Audiencia, que estima que hay pruebas suficientes para seguir adelante con la imputación penal y decretar la apertura de juicio oral.

El "caso Kutxabank" irrumpió en la vida pública vasca a finales de enero de 2015 cuando el banco con un nuevo presidente al frente, Gregorio Villalabeitia, denunció ante la fiscalía los pagos a Cabieces, quien recibió un total de 243.592, 02 euros desde 2012 hasta 2014 por un trabajo realizado a través del despacho de Alcorta que la entidad consideraba inexistente.

Fernández defendió su actuación, aunque repuso la totalidad del dinero a través de un cheque personal para invalidar la existencia de un posible perjuicio económico para el banco.

El Consejo de Administración aduce ese motivo para no estar personado en la causa, donde la Fiscalía ejerce la acusación pública y el sindicato LAB lidera la acción popular

"CONTRATACIÓN INNECESARIA”

Al desestimar los recursos la Audiencia considera que “existen suficientes indicios racionales de criminalidad” contra los tres investigados, por la contratación “de modo innecesario” de los servicios profesionales de Cabieces, “comprometiendo indebidamente” fondos de la entidad para su abono.

La denuncia de Kutxabank sobre la inexistencia de los servicios prestados por el exdelegado del Gobierno dejó paso en la instrucción a la acreditación de algunos trabajos de “escaso calado jurídico”, a cambio según la jueza de una “remuneración desproporcionada”, de 5.783 euros al mes, más otros 900 de gastos. Este giro, fundamento del recurso de Fernández, no es razón suficiente de archivo para la sala.

Por el contrario, la Audiencia estima que la instrucción es un proceso vivo en la que se perfilan los hechos punibles y repara en la “innecesariedad” de los servicios de Cabieces como “transfondo delictivo más diáfano”.

Mario Fernández contrató al exdelegado del gobierno socialista después de la petición recibida desde un partido político, cuyas siglas no aclaró, y en virtud de un pacto no escrito por el que estaría justificado prestar ayuda a los cargos vinculados a la lucha antiterrorista en su reciclaje para la vida profesional tras años de dedicación a la política.

Sus argumentos, expuestos en sede judicial, no son compartidos por la sala, que expone que “estas motivaciones subjetivas pudieran resultar entendibles desde un prisma de manejo de dinero propio”, pero no lo son desde el cargo de presidente de Kutxabank y gestor de dinero ajeno.

Es más, destaca que Cabieces llevaba 22 años sin ejercer la abogacía y que “no se comprende que interés podía tener la entidad bancaria en su contratación”.

La desconexión del político con la abogacía le sirve a la sala para remarcar también que sí existen parámetros para establecer la desproporción de su salario, puesto que la iguala de todo el despacho de Alkorta, experto en asuntos laborales, ascendía a 7.800 euros mensuales más IVA, frente a los 5.783 más 900 que, según recalca, cobraba el ex delegado.

La Audiencia rechaza también el argumento de que Cabieces estuviera cobrando igualmente 5.300 euros al mes de la compañía eléctrica Iberdrola, por un asesoramiento que no exigía presencia ni dedicación horaria concreta.

Considera que esos pagos no son objeto de la instrucción y que en todo caso la simultaneidad de funciones no ayuda a mantener las tesis de los investigados sobre la veracidad del trabajo realmente realizado para Kutxabank por el exdelegado.

"ABUSO DE FUNCIONES"

Los magistrados de la sala consideran que Mario Fernández se extralimitó en su funciones al contratar a Cabieces mediante un procedimiento “ajeno a los cauces establecidos” en la entidad. Añade además que no lo hizo con el consentimiento de la “cúpula” del banco, como alega en su recurso, sino con el “conocimiento parcial” de algunos dirigentes, todos subordinados suyos.

A la vista de las declaraciones de los testigos concluyen que fue Fernández quien ordenó e impuso la contratación y sus condiciones y que dada su posición jerárquica ni el director general ni el responsable de relaciones laborales tenían capacidad, “real o fáctica”, para oponerse a sus órdenes.

MARIO FERNÁNDEZ SE DEFIENDE

Mario Fernández ha salido al paso del auto de la Audiencia con un comunicado en el que muestra su “disconformidad más absoluta” desde el respeto a la resolución judicial.

En él ha insistido en su conducta "totalmente honesta" durante los seis años que presidió BBK y Kutxabank y ha denunciado “indefensión". Opina que la decisión de la sala se fundamenta en la existencia de una retribución desproporcionada, “algo que no ha sido objeto de prueba alguna” a lo largo de las diligencias, donde las practicadas demostraron el pago a Cabieces "por servicios prestados" en contra de lo manifestado en la denuncia presentada por Kutxabank.

El expresidente del banco vasco reitera su “inocencia” y apunta, finalmente, su determinación de defenderse en un juicio oral “abierto y transparente” ante “los actores y guionistas” de lo que no duda en calificar de “esperpento