La presidenta andaluza, Susana Díaz, no quiso apartar a su consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió investigarlo por un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
Se negó porque consideró que no era más que una "pelea de arquitectos". Era una disputa desatada por la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius) en la etapa en la que su consejero era vicerrector de Infraestructuras de esta universidad. Justo un mes de su declaración como investigado, el Alto Tribunal Andaluz ha decidido archivar el caso contra Ramírez de Arellano.
La principal razón que argumenta el magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJA, Juan Ruiz-Rico, es que "no ha quedado acreditado" que este conociera "los datos de los licitadores, ni cómo se habían documentado las ofertas y demás trámites administrativos ni, en definitiva, que se hubiera producido cualquier tipo de irregularidad al respecto", a lo que añade que "no participó en el proceso selectivo".
El origen del caso está en la denuncia por la vía penal que presentó hace un año el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla por la supuesta adjudicación arbitraria de la redacción del proyecto de construcción del Centrius, cuando Ramírez de Arellano era el responsable de Infraestructuras en la universidad hispalense (ya ha habido otras nueve en la vía administrativa entre la Universidad de Sevilla y este ente colegial desde 2009 por este caso, y todas archivadas menos una, que queda pendiente de apelación).
La Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos. Lo que se investigaba eran los 747.138 euros que se adjudicaron a ese estudio de arquitectura.
El TSJA, que abrió diligencias previas el pasado 18 de abril (tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía), señaló en su auto que los informes de la Policía Judicial, así como la documentación recabada, indicaban la "posible existencia de irregularidades" en el proceso de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra del Centrius, y darse una elección "no concurrencial" de un estudio de arquitectura, lo que benefició y no a otros. Ramírez de Arellano figuraba entonces como firmante de las resoluciones, por eso el TSJA decía en su auto que conducía "a dirigir contra él la investigación, sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar".
Ahora, dos meses después, el magistrado reconoce que Ramírez de Arellano sostuvo en su declaración ante el TSJA de "forma creíble" que ignoraba las supuestas irregularidades en los expedientes denunciados, y que cuando firmó las resoluciones, las propuestas de adjudicaciones y los contratos de adjudicación, lo hizo basándose en la “confianza de su corrección” y fiándose de los criterios de los técnicos que intervenían en la preparación de los expedientes.
Además de las declaraciones "autoexculpatorias" del consejero, el magistrado también ha constatado que esa manera de tramitación "ha sido ratificada por los distintos funcionarios" que han declarado ante el TSJA, y que estos han dejado claro que "en momento alguno recibieron algún tipo de recomendación, indicación, consejo u orden de otro tipo por parte del aforado, para que la adjudicación recayera" en el arquitecto beneficiario, por lo que concluye que el aforado no tuvo participación, "de tipo alguno", en las supuestas irregularidades.
Díaz reacciona vía Twitter
Tras conocerse el auto, la presidenta de la Junta ha reaccionado de inmediato vía Twitter: "Antonio Ramírez de Arellano debe haberlo pasado mal ante tantas acusaciones infundadas. Más de uno, y de una, deberían pedirle perdón".
El tuit tiene destinatarios directos. Son el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la portavoz andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, quienes en más de una ocasión han usado este caso para intentar desgastar con el tema de la corrupción al PSOE. Ambos llegaron a colocar a Ramírez de Arellano al mismo nivel que casos que afectan a otros altos cargos de la administración andaluza por el escándalo de los ERE.
La actitud de Ciudadanos e IU en este caso ha sido más prudente. Ciudadanos siempre ha evitado pronunciarse sobre Ramírez de Arellano apelando al acuerdo de investidura suscrito con el PSOE, en el que sólo se exigirían dimisiones en el caso de que fuera un imputado por corrupción política. Desde IU, su coordinador regional, Antonio Maíllo, ha mantenido que la naturaleza de esta causa estaba lejos de "flagrantes robos o desfalcos" que se han dado en otros escándalos y situando el caso en el ámbito administrativo.
La Universidad de Sevilla (US) ha mostrado su "satisfacción" tras tener conocimiento del archivo por parte del TSJA de las diligencias abiertas contra Ramírez de Arellano y ha anunciado que estudiará la acción judicial que proceda contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, dada la "manifiesta temeridad" de su denuncia, así como para reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la institución y las personas que prestan o han prestado servicio en la misma y cuya honorabilidad "se ha puesto en duda", según informa Europa Press.