Son ya dos días los que llevan sin ir al cole los 487 alumnos del centro de Infantil y Primaria Reggio de Puerto Real (Cádiz). Así seguirán hasta que cierre sus puertas por vacaciones el próximo 22 de junio. Y no saben si volverán en septiembre. Los tejados del centro son de amianto y los padres no quieren correr riesgos con la salud de sus hijos. Las mediciones de partículas de asbesto, el compromiso de sustitución de uno de los tejados que ha dado positivo y la respuesta de la Junta de Andalucía, que cree que se está creando una alarma innecesaria, no les parece suficiente garantía. Están en pie de guerra. El Defensor del Menor ha abierto una queja de oficio para saber qué medidas urgentes va a adoptar la administración andaluza.

El caso lleva coleando meses. El sindicato CGT hace tiempo emprendió una especie de campaña pro eliminación del amianto que contienen los tejados de uralita y otras instalaciones de muchos centros educativos de Andalucía (ya ha habido denuncias similares en centro educativos de Málaga y ahora en Almería). Su denuncia el pasado mes de marzo ante la Inspección de Trabajo dio un resultado positivo en el centro puertorrealeño. Se hicieron mediciones y hubo una zona del colegio que se tuvo que acordonar. Se debe sustituir el tejado porque hay partículas de asbesto en sólido, es decir, en el suelo. Las pruebas de partículas en el aire y suelo del resto del conjunto de edificios que componen este centro educativo dieron negativo.

Hasta ese momento los padres y madres de los alumnos habían estado relativamente tranquilos. Como relata la presidenta de la AMPA de este colegio, María del Mar Falcón, quisieron ser prudentes e intentaron calmar los ánimos esperando a los informes. “Cuando vieron la zona precintada y vallada, ya no era posible y entonces sí saltaron las alarmas”, explica Falcón.

El problema para exigir soluciones fue de ámbito competencial. Si la Consejería de Educación es la propietaria de las infraestructuras educativas, son los ayuntamientos los encargados de su mantenimiento. La primera solución vino de manos del Ayuntamiento de Puerto Real a instancias de la Consejería de Educación. Este se comprometía a cambiar la cubierta afectada. Esta se correspondía con el cuarto donde se guardan los materiales para trabajar el huerto escolar.

Las mediciones dieron positivo en el suelo, donde está la tierra con la que juega y trabajan los niños, y donde se había formado un charco tras días de lluvia. “Esas eran las mediciones en suelo, pero hablamos con empresas especializadas y nos dijeron que las mediciones en aire es muy difícil que arrojen un resultado positivo. No nos fiamos”, asegura Falcón, que recuerda que los tejados de uralita están en el salón de actos, el porche el módulo de Primaria y hasta en la casa del conserje.

Desde CGT, su delegado de Enseñanza en Cádiz, Ignacio Casado, insiste en que las pruebas no fueron las adecuadas y señala que los resultados no se les han dado a los delegados de prevención de riesgos laborales. No le gusta ese “secretismo” y enumera las filtraciones de agua, goteras, roturas y agujeros que presentan estos tejados. Bajo su punto de vista, la sustitución de un tejado es, aparte de una “irresponsabilidad” de la Junta, una solución política “cortoplacista”, ya que “según una directiva europea, en diez años debe estar retirado todo el amianto y no hay un plan de retirada. Es un gran gasto y ese es el problema de fondo, que no hay dinero presupuestado”, argumenta. Esta situación no es única, recuerda que también hay otros cuatro casos ya denunciados en colegios de Rota y Jerez de la Frontera.

"Un parche" insuficiente

También los padres creen que esta primera solución es un “parche” y que es “insuficiente”,  y la Junta les dice que ir a una obra general el plazo sería de tres o cuatro años. “Lo que queremos es que, si de verdad no hay riesgo como dicen, nos den un informe donde diga que el riesgo es cero. Entonces llevaremos a los niños al colegio. Pero no lo hacen”, mantiene Falcón, insistiendo en que eso es lo que les inquieta.

Como recuerda esta madre, la batalla por el mal estado de este colegio viene de lejos. No se sabe la fecha exacta de su construcción, pero calculan que puede ser de finales de los 60 (ni siquiera en los archivos del Ayuntamiento de Puerto Real han dado con ello), y ya en 1999, el director por aquella época dio la batalla porque se arreglara después de que empezaran a desprenderse de trozos de uralita. “El director se puso en contacto conmigo cuando se enteró y me dijo que hiciera lo que él no pudo terminar”, asegura.

Creen que el verano es un momento propicio para que se hicieran obras en el centro. De ahí la presión primero con la no asistencia a clase y con movilizaciones en la calle, la primera de ellas el pasado viernes, y a la que están siguiendo concentraciones diarias en la que también está participando el personal docente.

Sin una respuesta satisfactoria, no descartan ir a más con una “macroconcentración” en Puerto Real. Recuerdan que si no lo ven claro, no descartarían irse a otros centros. En este caso, sería muy complicado plantear una reubicación de tantos niños.

Queja de oficio

La otra vía está siendo elevar quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz. En un goteo constante están llegando a la institución, ya van por más de un centenar, y la reacción de esta ha sido inmediata. Porque no sólo se trata del colegio Reggio de Puerto Real, tal y como ha denunciado CGT, hay otros cuatro centros más en la misma situación.

“Ante la posibilidad de que se estén conculcando los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución -derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente-, el Defensor del Menor de Andalucía ve justificado iniciar, de oficio, un expediente”, explica en una nota, en la que pide información sobre las medidas que, “de forma urgente”, se adoptarán para solucionar este asunto.

Se aclara que también solicitará información sobre si se han llevado a cabo actuaciones para determinar los centros docentes de la provincia cuyas instalaciones puedan contener amianto y si se tiene previsto un plan o calendario de actuaciones para ir sustituyendo las instalaciones o estructuras que contienen dicho material.

La Junta ve una alarma innecesaria

Desde la Junta se mantiene que la normativa estatal que prohíbe la fabricación y uso de los productos que contengan amianto no establece la obligatoriedad de la retirada de lo ya instalado ni da plazo para su eliminación (excepto en el caso del fin de su vida útil). Para tranquilizar, se asegura de que la presencia de fibrocemento en elementos constructivos de los centros escolares “no debe ser un motivo de alarma para la comunidad educativa. Sólo si el material se manipula, perforándolo o cortándolo, o en menor medida si se rompe, puede haber riesgo de desprendimiento de partículas de amianto”.

Estas y otras explicaciones se han intentado trasladar a los padres en distintas reuniones, tanto de técnicos y funcionarios de la Consejería de Educación como de Salud, por el momento sin resultado alguno.

Desde la Agencia pública andaluza de Educación, organismo que depende de la Junta, también se ha querido dejar claro que se visitan los centros en los que pueda existir esta preocupación y se trata de atender las necesidades de retirada de estos elementos “siempre que se constate que puedan ser peligrosos para la comunidad escolar y evitando una alarma innecesaria”.