Federico Jiménez Losantos durante el juicio
La decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de anular la condena dictada en 2008 contra Federico Jiménez Losantos por "injurias graves" contra el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, supone una gran victoria para la libertad de expresión.
Implica además un serio varapalo para la politizada justicia española que dictó y ratificó la sentencia condenatoria y especialmente para el Tribunal Constitucional que inadmitió a trámite la demanda por considerar que no afectaba a derechos fundamentales. Eso obligó a Cristina Peña, letrada de Jiménez Losantos a acudir a Estrasburgo, donde acaba de obtener este resonante éxito, acorde con la jurisprudencia del alto tribunal europeo.
Todas las claves de lo que se dirimía, así como el pronóstico del desenlace final, están en esta Carta del Director que publiqué el 30 de marzo de 2008 en El Mundo, antes de declarar como testigo, a favor de Jiménez Losantos. Por su actualidad e interés la reproducimos íntegra:
Ruiz versus Jiménez
Lo que el político arrogante no pudo soportar fue que el periodista impertinente dijera que anteponía su carrera política al sufrimiento de las víctimas y que por eso prefería sepultar la verdad a averiguarla, pasar página antes que leer hasta el final el libro del horror. Aquello era un intolerable ataque a su honor, una ofensa a su dignidad que no podía quedar impune. Por muy alto cargo público que fuera, había cosas que no estaba dispuesto a tolerar; y menos por parte de un individuo así. Acusarle a él de medrar sobre los cadáveres de los inocentes, insensible a todo dolor, ajeno a la trascendencia histórica del drama, era traspasar todos los límites. Lo ocurrido merecía un escarmiento. Acudió a los tribunales y, como no podía ser menos, el ministerio público se puso de su parte. Las leyes de su país no le permitían meter en la cárcel a aquel deslenguado, pero sí ponerle en la picota pública y dejarle marcado para siempre con una condena firme por injurias graves.
No estoy refiriéndome a la querella interpuesta por Alberto Ruiz-Gallardón contra Federico Jiménez Losantos por haberle afeado con durísimos reproches su actitud ante la investigación de la masacre del 11-M, sino a la que el canciller austriaco Bruno Kreisky presentó hace más de 30 años contra el redactor jefe de la revista Profil, Peter Michael Lingens, por haberle acusado con acritud y saña de encubrir el pasado nazi de su potencial aliado el líder del Partido Liberal, Friedrich Peter, y por ende de soslayar la gravedad del Holocausto en beneficio de su juego de poder.
Aunque en España se aguarde con gran expectación el que lleva camino de ser el juicio del año, nunca hay nada nuevo bajo el sol. No sólo los hechos que dan pie al contexto político en el que se produce el ataque a la yugular del divo -una convocatoria en pro de la verdad del 11-M de la que Gallardón se distancia; una denuncia contra su colega del cazanazis Simon Wiesenthal que Kreisky trata de desacreditar- componen situaciones siamesas. No sólo la argumentación del atrevido transgresor de la docilidad informativa y la corrección política es también prácticamente simétrica en uno y otro caso. Ocurre que incluso las palabras ofensivamente «innecesarias», según los respectivos tribunales nacionales, son casi idénticas.
Donde Lingens puso «odioso oportunismo», Jiménez Losantos ha puesto «farsante redomado». Donde el austriaco dijo «monstruoso», «indigno» e «inmoral», el turolense ha dicho «miserable», «traidor» y también «inmoral». A este paso el alcalde de Madrid va a terminar haciendo al director de La Mañana de la Cope tan famoso en la historia del Derecho a la Información como le ocurrió al extrovertido canciller amigo de Felipe González con el periodista al que pretendía machacar.
Expresiones objetivamente ofensivas
Tanto el Tribunal Regional como el Tribunal de Apelación de Viena condenaron a Lingens en base a dos argumentos que han hecho ya suyos contra Jiménez Losantos tanto la Fiscalía de Madrid como la Sala de la Audiencia Provincial que ha convalidado la decisión de abrir el juicio oral señalado para el próximo 28 de mayo. En primer lugar, las expresiones empleadas son objetivamente ofensivas y desbordan los límites de la libertad de expresión. En segundo lugar, no cabe alegar la exceptio veritatis pues tanto Kreisky como Gallardón se cuidaron muy mucho de que sus palabras no tuvieran una interpretación tan unívoca y rotunda como sus respectivos fustigadores les dieron. En mi ánimo no había algo tan terrible como lo que buscando difamarme me atribuyen, ¿cómo voy a poner yo, que soy un hombre de Estado, la ambición de poder por encima de la memoria de los sacrificados por la barbarie?, vienen a alegar a dúo los dos avezados bucaneros de colmillo retorcido.
Y es que, claro, lo que Lingens escribió sobre sus frías cuartillas era verdaderamente fuerte: «Han pasado los tiempos en los que por razones políticas no sólo se debía tener en cuenta a los nazis, sino también a sus víctimas». Y es que, claro, lo que Jiménez Losantos dijo en el calor de los micrófonos era verdaderamente fuerte: «Tú lo que estás diciendo, alcalde, es que te da igual que haya 200 muertos… con tal de llegar al poder».
Total, que condena pecuniaria al canto. A Lingens le impusieron una multa de 20.000 chelines austriacos que al cambio de la época no deben de andar muy lejos de los 72.000 euros que pide la Fiscalía a Jiménez Losantos. También le obligaron a publicar la sentencia que es con lo que sueña Gallardón: levantarse una mañana y escuchar a su pertinaz azote entonando el mea culpa por prescripción judicial.
Lo que Jiménez Losantos dijo en el calor de los micrófonos era verdaderamente fuerte: «Tú lo que estás diciendo, alcalde, es que te da igual que haya 200 muertos… con tal de llegar al poder»
Pero, ojo, porque de Viena nos vamos a Estrasburgo. Aunque en nuestro caso ni siquiera se ha celebrado aún el juicio en la primera instancia, pensando en el supuesto de que la juez encargada de dictar sentencia coincida con la Fiscalía -y con el criterio anticipado por la Audiencia- y que el Supremo y el Constitucional llegaran a avalar la pretensión punitiva de Gallardón, conviene advertir que los argumentos que invoca la letrada Cristina Peña en defensa de Jiménez Losantos también son idénticos a los que esgrimió la representación de Lingens ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"Deslealtad" y "traición" al PP
Como la de su colega austriaco, la reacción de Losantos tampoco se produjo en el vacío. El sentido de la intervención del alcalde de Madrid, que desencadenó su diatriba, quedó nítidamente reflejado en el titular del Abc del día: «Ruiz-Gallardón invita a su partido a obviar el 11-M y huir de la radicalización». Es evidente que asociar el radicalismo al afán por esclarecer la masacre de Madrid suponía una disonancia, una separación y por ende una «deslealtad» y una «traición» política a la línea pública que entonces seguía el PP. Y también lo es que esa conducta quedaba potenciada y realzada por la «intrahistoria» de quien siempre se ha jactado de ser un «verso suelto».
Lo que, por lo tanto, se pretende demostrar citando como testigos a Esperanza Aguirre, Acebes y Zaplana o a los directores de EL MUNDO y La Razón es que esas «críticas duras y ásperas» encajaban a la perfección en el relato veraz de lo sucedido y que, por «gruesas o hirientes» que pudieran parecer fuera de contexto, las expresiones empleadas se convertían en «necesarias por estar conectadas con los hechos que las justificaban». ¿O es que acaso no debe ser lícito, más allá de las normas de estilo que libremente se aplique cada uno, llamar «farsante redomado» a quien, tras realizar las aludidas declaraciones, acudió como si tal cosa a la manifestación convocada por la AVT que tenía entre sus lemas la exigencia de la verdad del 11-M? Farsante es, según el diccionario, «la persona que finge lo que no siente o pretende pasar por lo que no es».
La sentencia finalmente absolutoria -e indemnizatoria- del caso Lingens dio por buenos estos argumentos porque «la libertad de expresión es uno de los principales fundamentos de la sociedad democrática y una de las condiciones más importantes para su progreso» y «no se aplica solamente a las informaciones o ideas que se reciben favorablemente, sino también a las que ofenden, hieren o molestan» porque «la libertad de las controversias políticas pertenece al corazón mismo del concepto de sociedad democrática» y «una condena así amenaza disuadir a los periodistas de participar en la discusión pública de cuestiones que interesan a la vida de la sociedad».
"Libertad para las ideas que detestamos"
Glosando esta histórica resolución, suscrita unánimemente en julio de 1986 por una veintena de jueces de otros tantos países, el premio Pulitzer y durante más de 30 años columnista de The New York Times Anthony Lewis, acaba de poner el énfasis en esa libertad para «ofender, herir o molestar». El la vincula en concreto a la jurisprudencia del legendario magistrado del Tribunal Supremo norteamericano Oliver Wendell Holmes, el hombre que actualizó la volteriana defensa a ultranza del derecho de expresión de las opiniones ajenas, proclamando la «libertad para las ideas que detestamos».
Con este título -Freedom for the thought that we hate- Lewis acaba de publicar un libro maravilloso en el que narra la lucha por la libertad de expresión en los Estados Unidos, a través de la evolución de la interpretación judicial de la Primera Enmienda, que en su literalidad se limita a establecer que el Congreso no promulgará ninguna ley que restrinja la labor de la prensa. Desde la Sedition Act, que permitía meter en la cárcel a los que criticaran al presidente, hasta la actual situación en la que -oído cocina- «en las tertulias de la radio, totalmente abiertas y a menudo poco rigurosas, se puede decir prácticamente cualquier cosa sobre una persona pública sin miedo a tener que indemnizarle», se ha producido una mutación jurisprudencial, cincelada por la sensibilidad de grandes magistrados hacia las ideas básicas de la democracia.
Es emocionante repasar cómo el juez Holmes aplicó su criterio permisivo en 1929 al caso de una inmigrante pacifista que se negaba a cumplir el requisito de comprometerse a defender con las armas a los Estados Unidos para adquirir la ciudadanía; y cómo lo hizo frente a las presiones no sólo de otros miembros del Tribunal, sino de su propia esposa.
Es emocionante leer la sentencia del célebre pleito «Sullivan versus The New York Times», redactada por el juez Brennan: «Consideramos este caso en el contexto de un profundo compromiso nacional con el principio de que el debate sobre asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto y completamente abierto y que puede muy bien incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente hirientes hacia el gobierno y los cargos públicos».
Y es emocionante sobre todo la anécdota que Lewis atribuye a Fred Friendly, el productor, ángel guardián y amigo del alma de Edward Murrow, coprotagonista de la película de la que Zapatero tomó prestado su «buenas noches y… buena suerte» con tanta naturalidad que cualquiera diría que no había hecho otra cosa en toda su vida más que despedirse al final del telediario.
Resulta que Friendly había escrito un libro sobre el primer caso -«Near versus Minnesota»- en el que el Tribunal Supremo había derogado en 1927 una ley estatal por considerarla contraria a la Primera Enmienda. Esa decisión había implicado además la reapertura de un semanario de Minneapolis llamado Saturday Press que había sido clausurado por orden judicial después de que su propietario y director, Jay M. Near, lo utilizara para difundir sus virulentas ideas antisemitas y acusar a las autoridades locales de estar en connivencia con la mafia judía.
Corresponsable de su brote de indignación contra Gallardón
Pues bien, unos cuantos años después Friendly coincidió en el patronato de la Fundación Ford con el consejero delegado del grupo Du Pont, Irving Shapiro, quien, ante su asombro, le dijo que él había conocido a Jay Near. Le contó que su padre tenía una pequeña lavandería en Minneapolis y que cuando se negó a pagar la protección de una banda de gánsteres, le regaron con ácido corrosivo la ropa que había en la tienda. El pequeño Irving lo vio todo desde el cuarto trasero y recordaba muy bien lo que pasó después: «Ninguno de los periódicos locales más respetables dijo nada sobre lo ocurrido. Pero vino el señor Near, publicó la noticia y los gánsteres fueron procesados». La historia demuestra que si se trata de impulsar la calidad de vida democrática de una sociedad no hay mayor valor constitucional a proteger que el pluralismo y el derecho a disentir bajo las formas pacíficas más extremas. Aunque probablemente las hubiera expresado de otra forma -cada maestrillo tiene su librillo-, yo no sólo no detesto las ideas de Jiménez Losantos, sino que en este caso me siento además en cierto modo corresponsable de su brote de indignación contra Gallardón pues fue mi reflexión, comparando su conducta con la de Giuliani y alegando que si alguien no podía desentenderse de la investigación de una masacre era el alcalde de la ciudad en la que se había cometido, lo que le puso en el disparadero.
Pero lo esencial en este debate no es quién tenga razón o si el pasarse de frenada en las formas puede a veces hacer perderla a los ojos de los demás a quien la tiene, sino cuál va a ser el rumbo que en materia de libertad de expresión adoptará la sociedad española. Por eso será tan importante observar de qué lado irán decantándose aquellos sedicentes demócratas que sí que detestan -y están en su derecho- no sólo las ideas y el estilo, sino también la actitud desacomplejada, valientemente subjetiva, apasionadamente parcial e inevitablemente partisana con que Jiménez Losantos tiene en vilo cada mañana con su brillante erudición a nuestra clase dirigente. Sus juicios de valor podrán ser exagerados, injustos o incluso, como digo, detestables, pero en ningún caso delictivos.
Si alguien no podía desentenderse de la investigación de una masacre era el alcalde de la ciudad en la que se había cometido
Sólo un inesperado rasgo de lucidez in extremis del querellante podría ahorrar al PP el trauma de ver reproducidas sus disensiones en el juzgado y a todos nosotros el riesgo de una condena con visos de escarmiento hacia el único estamento -la prensa- que el poder político no ha podido aún terminar de domesticar. No es el huevo -la Cope no va a quebrar por esa multa- sino el fuero lo que está en cuestión. Máxime cuando al final siempre nos quedará Estrasburgo con la inequívoca jurisprudencia del caso Lingens.
Vistas las cosas desde la otra orilla, qué triste sino sería para un fiscal de carrera pasar a la historia del Derecho, cuando de las vanidades de cada uno ya no queden ni los segundos apellidos, como un tal Ruiz que con ayuda del más politizado ministerio público que se recuerda -«Cándido, malo»- trató en vano de amordazar a un tal Jiménez. Se lo he dicho en privado al menos en media docena de ocasiones y se lo digo ahora por primera vez en público: señor alcalde, si cree de verdad en la libertad de expresión, retire la querella.