La magistrada Carla Vallejo, encargada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, del que es titular la 'jueza de Podemos' Victoria Rosell, ha acordado archivar varios de los delitos por los que en 2014 se inició un procedimiento penal contra el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, al que también ha reducido de 35 a 3 millones la fianza que en concepto de responsabilidad civil fijó el magistrado Salvador Alba.

Alba estuvo al frente de ese Juzgado desde noviembre de 2015 y durante seis meses mientras Rosell se encontraba en excedencia como diputada de Podemos. El pasado 11 de mayo Ramírez compareció ante Vallejo y le entregó una grabación que hizo subrepticiamente a Alba y en la que éste le planteó declarar contra Rosell.

La denuncia de Ramírez está siendo investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debido al fuero del magistrado Salvador Alba. Mientras tanto, Vallejo continúa la tramitación de la causa contra el empresario, aunque ahora con el objeto delimitado con precisión después de resolver las peticiones formuladas por Ramírez, por la Fiscalía y por la acusación que ejerce el sindicato USO.

Prescripción

La instructora ha dado la razón al defensor de Ramírez, José Antonio Choclán, en cuanto a la prescripción del delito fiscal del ejercicio de 2008 consignado en la querella del Ministerio Público, dado que ésta se presentó en enero de 2014.

En cambio, no ha sobreseído los supuestos delitos fiscales de los ejercicios 2009 a 2013, infracciones que se habrían cometido al camuflar como dietas pagadas por la empresa de Ramírez Seguridad Integral Canaria lo que en realidad serían horas extraordinarias realizadas por los trabajadores. En la tesis del fiscal, al declararse esas cantidades como dietas quedaban exentas de tributación por IRPF y tampoco computaban en la base de cotización a la Seguridad Social.

Además de los delitos fiscales, la jueza mantiene como objeto del procedimiento las presuntas defraudaciones a la Seguridad Social de los años 2009 a 2012. Vallejo no rebate la tesis de la defensa, que niega la existencia del delito ya que no se eludió el pago de impuestos sino que se trataría de una diferencia de criterio en cuanto a la calificación tributaria de unos importes declarados a Hacienda y a la Seguridad Social y, por tanto, no ocultados. Pero la magistrada considera que ese debate no es propio de la instrucción -por lo demás, prácticamente terminada- sino del juicio oral, donde se tendrá que analizar si había o no ánimo defraudatorio.

La instructora sí tiene claro que no procede ampliar la investigación a nuevos delitos fiscales y uno contable -como planteó USO- y también rechaza la petición de la Fiscalía de investigar a Ramírez por insolvencia punible al haber puesto determinados bienes a nombre de su ex mujer.

Carla Vallejo considera "precipitada" la petición de la fiscal y recuerda que Ramírez sigue siendo propietario de un "ingente patrimonio" -incluidas las acciones de Seguridad Integral Canaria, con un volumen anual de negocios de 81 millones-, por lo que el eventual pago de la responsabilidad civil está asegurado.

No es el único contratiempo para el fiscal que, además, ha visto archivada su imputación a Miguel Ángel Ramírez de un delito contra los derechos de los trabajadores. Vallejo certifica la "ausencia de indicios" tras más de dos años de instrucción.