El Parlament de Cataluña no ha tardado ni 24 horas en iniciar los trámites necesarios para destituir al director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso. Todos los grupos parlamentarios se han reunido de urgencia este miércoles en la cámara catalana y, con excepción del PP, han acordado iniciar este mismo jueves el proceso de revocación del cargo a De Alfonso.
La intención de los grupos parlamentarios es que en una semana Daniel de Alfonso ya no sea el director de la OAC. Este jueves a las 11 se reunirá la Comisión de Asuntos Institucionales, que es quien tiene que iniciar el procedimiento de revocación.
Dicha comisión decidirá que el procedimiento continúa y convocará la junta de portavoces el martes para que incluya en el pleno del próximo miércoles la destitución del director de la OAC. El cese de De Alfonso deberá votarlo tres quintas partes del pleno, una mayoría que parece asegurada puesto que sólo el PP quiere mantenerlo en el cargo.
“En el Parlament seremos implacables con la corrupción”, ha declarado la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, después de reunirse con los grupos. Forcadell no ha descartado que los servicios jurídicos del Parlament emprendan acciones legales contra De Alfonso, algo que todavía no se ha estudiado.
Está por ver si De Alfonso ejercerá su derecho de palabra en la comisión de este jueves. En el caso que el director de la OAC no quiera comparecer, el procedimiento seguirá su curso. Paralelamente al proceso que se desarrollará en la Comisión de Asuntos Institucionales, tanto JxS como C’s han solicitado la comparecencia de Fernández Díaz en el Parlament, una petición que probablemente apoyará el resto de grupos.
Daniel de Alfonso fue nombrado por el Parlament en julio de 2011 a propuesta de CiU y con los votos de PP, PSC y C’s. Su nombramiento se llevó a cabo después de la muerte súbita de su predecesor, David Martínez Madero. Fue elegido para 9 años de mandato y la normativa de su órgano recoge que es una institución “independiente” que sólo debe rendir cuentas al Parlament. La normativa sí prevé, no obstante, la “cooperación” con la Administración de Estado para pedir información cuando una investigación lo requiera.