El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va a proponer este jueves al Pleno de la institución emplear los próximos 12 meses de trabajo en elaborar un Libro de la Justicia que analice el estado del Poder Judicial 38 años después de la Constitución y concrete qué debe cambiar para dar respuesta a las necesidades contemporáneas.

El trabajo, que implicará a los 20 vocales del Consejo (no sólo a la Comisión Permanente), pretende valorar todos los aspectos que inciden en el estatuto del juez y de su órgano de gobierno, de un lado, y en el funcionamiento y organización del sistema judicial, de otro.

Existe ya un documento-base de 133 páginas, conocido por EL ESPAÑOL, en el que se plasman las primeras aproximaciones a los diferentes problemas y se esbozan planteamientos novedosos, entre ellos que sea el Consejo General del Poder Judicial, y no el Gobierno, el que fije y abone las retribuciones de los jueces.

Una cuestión de lógica

La propuesta figura en la aportación redactada por los vocales Rafael Fernández Valverde y Mario Macías, encargados de analizar la gestión y mejora del gobierno interno del Poder Judicial: "Carece de toda lógica que el CGPJ tenga atribuida la política de selección, formación, ascensos, provisión de vacantes, nombramientos y régimen disciplinario de los miembros de la carrera judicial y que el contenido económico que llevan aparejadas esas decisiones estén atribuidas a un órgano distinto, el Ministerio de Justicia", afirman.

A su parecer, uno de los elementos más importantes del estatuto de los jueces es el que se refiere a la fijación de sus retribuciones y su adecuación a los destinos servidos, "formando parte de las funciones de gobierno del Poder Judicial, dentro de los límites presupuestarios aprobados por el poder legislativo, una política salarial que se ajuste a las características de cada órgano, su especial complejidad, la dedicación exigida en los mismos, la formación específica necesaria y, en el plano subjetivo, el rendimiento acreditado, a fin de mantener la motivación de los miembros del Poder Judicial, permitir una carrera profesional atractiva y garantizar el mandato del artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Este precepto establece que el Estado debe garantizar la "independencia económica" de los jueces "mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional".

El documento esboza como propuesta la de "asumir la competencia en materia de retribución de los integrantes del Poder Judicial, previo traspaso de la dotación económica y de recursos humanos correspondiente", lo que actualmente está en manos del Gobierno.

Para ello, plantea establecer una comisión mixta CGPJ-Ministerio de Justicia-Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas con el fin de transferir al órgano de gobierno de los jueces, que goza de autonomía presupuestaria, la competencia de fijar el salario de los jueces y gestionar su pago.

De 20 a 12 vocales

El documento-base se refiere también al diseño del propio Consejo General del Poder Judicial, un asunto siempre polémico y en el que no se ha conseguido una solución satisfactoria. El propio texto, redactado por Álvaro Cuesta, reconoce que la actual configuración del CGPJ "mantiene abierto el debate acerca de su autonomía en su función de garante de la independencia judicial, puesta en cuestión por la composición del órgano y el sistema de designación" de sus miembros por el poder político.

Entre las propuestas figura la de reducir el número de vocales de 20 a 12, lo que requeriría una reforma de la Constitución.

También se indica que el procedimiento para la designación de los vocales de procedencia judicial "podría concebirse de forma tal que cada miembro de la carrera judicial goce del derecho a ser elegible en condiciones de igualdad".

"De ser esa la orientación", añade, "cabría considerar la conveniencia de mantener el régimen de avales actualmente previsto o modificarlo para equilibrar el peso de los miembros de la carrera judicial no asociados".

En cuanto a los vocales que deben ser juristas de reconocida competencia, se indica que "se debería analizar la alternativa propuesta por distintos sectores, sin que ello suponga aceptarla apriorísticamente, de reconducir la propuesta [de candidatos] a la que formulen determinadas corporaciones, como Universidades y Colegios de Abogados".

El documento retoma la cuestionada iniciativa de los Consejos Territoriales de Justicia, planteando la "conveniencia" de "una más definida participación de las comunidades autónomas" tanto en las funciones de gobierno del Poder Judicial como incluso en el proceso de designación de los vocales.