Alfonso Rus nunca estuvo tan cerca poder entrar en prisión como en su jornada negra del pasado 28 de enero. Jornadas negras fueron también los dos días anteriores. El 26 de enero cuando fue detenido a las 8.20 horas en la macrorredada contra la corrupción de la operación Taula y cuando soportó el registro de su casa y sus empresas desde las nueve hasta las once de la noche. Y también el día 27, mientras esperaba en los calabozos a pasar a disposición judicial por el caso que provocó meses antes su caída política.



El expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del PP en esta provincia no declaró ni en sede policial ni en sede judicial, pero sí escuchó por qué la fiscalía delegada en asuntos de anticorrupción de Valencia pidió prisión provisional, comunicada y sin fianza para él. El argumento completo consta en su (no) declaración ante el juzgado de Instrucción 18 que se ha conocido tras el levantamiento este viernes de parte del secreto de la causa.



Ese día, el fiscal señaló que sobre él pesaban posibles delitos por penas superiores a 15 años de cárcel porque es a Rus a quien implica en la creación “de una auténtica organización criminal justificada para el desvío de fondos públicos en beneficio propio y de terceras personas” en unos hechos que se le atribuyen “desde el inicio de su actividad como político” y que se mantiene “durante todos los cargos públicos que ha ostentado”.



El fiscal sigue con su exposición de por qué Rus debía ingresar en prisión provisional: “La investigación llevada a cabo y las diligencias establecen que dicha persona es el máximo responsable de esta organización y que en consecuencia no solamente la ha dirigido, sino que también ha ostentado el último destino de los fondos obtenidos a través de las distintas actuaciones”. El exalcalde de Xàtiva fue detenido en el marco de la investigación sobre una presunta trama de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas en unas pesquisas que también tratan de determinar su hubo financiación ilegal del PP y blanqueo de capitales.



Finalmente, el fiscal delegado de Anticorrupción recordó su “abundante patrimonio”, también en el extranjero, y que se estaba en una fase inicial de la investigación para pedir su encarcelamiento provisional y evitar una fuga u ocultación de información. 

El abogado de Rus defendió que había tenido todo un año para destruir pruebas o huir si quería porque hacía meses que trascendían las “filtraciones” sobre la investigación. El expresidente de la Diputación hasta acudió a la defensora del pueblo para denunciar estas filtraciones. Finalmente, el juez instructor no decretó la prisión porque no apreció riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.



La presunta actividad de desvío de fondos que señaló el fiscal también aparece destacada en un informe de la UCO incorporado a la pieza sobre la adjudicación del contrato de ‘call center’ que Imelsa, la empresa pública de la Diputación investigada, adjudicó al quien entonces era el suegro del ‘yonqui’ del dinero, Marcos Benavent.



EL “INTERÉS” EN LLEGAR A LA DIPUTACIÓN



En este informe, la UCO destaca que han podido constatar que por parte de todos los investigados (Rus a la cabeza), existía un “elevado interés” para alcanzar la Diputación porque así podrían gestionar un presupuesto mayor. Los agentes consideran que Imelsa jugaba un papel fundamental para ello por el elevado presupuesto que manejaba y por la “gran variedad” de campos en los que podía realizar contrataciones públicas.



La UCO llega a estas conclusiones –que apunta que no son definitivas- tras analizar la parte referente al contrato del ‘call center’ por 842.975 euros adjudicados al exsuegro de Benavent por un contrato que el juez sostiene que fue amañado, tal y como el propio Benavent admitió y según reflejan las pruebas de la causa. También recalca la amistad que unía a Rus y al beneficiario de la adjudicación porque ambos se conocían en Xàtiva por su relación de vecindad y por sus cargos: uno alcalde el otro presidente de la asociación de empresarios de la comarca.



Marcos Benavent, el autodenominado ‘yonqui’ del dinero, llegó a declarar que su elección para ser gerente de Imelsa fue porque había demostrado su elevada capacidad recaudatoria durante su etapa en Xàtiva. Así, dijo que desde que Rus llegó a la Diputación, el procedimiento recaudatorio creció por contar con un presupuesto mayor y con más capacidad de decisión. A él le decían que se necesitaba dinero y que debía articular el procedimiento para recaudar, según consta en el informe. Para la UCO, la recolecta se hizo a través del ‘call center’ y de otros contratos como el de la instalación de césped artificial en instalaciones deportivas, y siguiendo los fines establecidos por Alfonso Rus.



El expresidente de la Diputación de Valencia volverá a pasar ante el juzgado el próximo mes de septiembre para declarar por esta pieza (la del call center) desgajada del grueso del caso Taula.