Carmena también busca "alternativas" a los CIE

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha manifestado este lunes sus dudas acerca del funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) contra los que ya se ha manifestado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Las ONG también se muestran contrarias a estos centros y la Policía pide más recursos para los agentes.  

En las últimas semanas la polémica ha aflorado después de las declaraciones de Ada Colau, cuando aseguró que haría todo lo posible porque el CIE de Barcelona no reabriese. Este mismo lunes, desde el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena ha asegurado que buscará fórmulas que garanticen “los Derechos Humanos de la población extranjera sin papeles en Madrid”.

La alcaldesa de Madrid dice preferir "alternativas que eviten el sinsentido del internamiento". "Empezaremos a vigilar las condiciones en las que el internamiento se está produciendo", ha añadido en una rueda de prensa este mismo lunes centrado en este asunto. "Estudiaremos los informes técnicos de otros ayuntamientos como el de Barcelona", ha zanjado.

El día a día de las ONG

Cada día a las diez de la mañana, el abogado Santiago Yerga llega al centro de internamiento de Aluche, sube a la primera planta y presenta la lista con las personas a las que va a entrevistar. Él y otros quince voluntarios de su ONG, Pueblos Unidos, van recibiendo a los cerca de 90 inmigrantes que se encuentra recluidos en el centro de Carabanchel. Lo hacen, como si de una cárcel se tratara, en el locutorio que posee el recinto. Les asesoran, les aconsejan acerca de cuáles son sus derechos, les acompañan en ese día a día entre las paredes amarillas y azules del edificio de Carabanchel. Así hasta la una de la tarde. Un día tras otro, ese es su cometido, y poco más pueden hacer por ellos. El resto es tarea de los policías.

En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), una persona extranjera puede estar recluida como máximo 60 días. Si en ese plazo no es posible tramitar su extradición, se les tiene que liberar. “Es una especie de limbo legal, porque están en la calle, y no se les puede echar ni tampoco pueden obtener papeles”, explica Yerga. Sin embargo, el dato que manejan desde la ONG Pueblos Unidos es que ni siquiera el 50 por ciento de los que acaban en un centro de internamiento son expulsados. “Se les tiene allí privados de su libertad”, explica Yerga.

No son pocas las voces que han manifestado sus dudas acerca de la utilidad de estos centros. Los CIE son lugares, por lo general, herméticos, de los cuales apenas salen informaciones oficiales, y son llevados con celo por el Ministerio de Interior, quien tiene la competencia. ¿Qué son estos lugares?

Qué son los CIE

La colorida fachada del centro de Aluche es solo un espejismo de lo que algunas ONG que trabajan con el centro denominan “El Guantánamo español”. Se inauguró el año 2009 para sustituir a la antigua y derruida cárcel de Carabanchel. Según el informe del año 2015 de Pueblos Unidos, la capacidad inicial del centro, tras la ampliación y las sucesivas reformas, actualmente es de 280 personas, de las cuales 40 plazas, ubicadas en la planta baja, serían para mujeres.

Los CIE nacieron en el año 1985, con la primera Ley de Extranjería. “En ellos, una persona queda privada de su libertad y de otros derechos a lo largo de sesenta días. Si no se les expulsa, acaban en la calle sin documentación. Tienen que esperar tres años para poder tener documentación. Eso lo consiguen por la vía del arraigo social, demostrando que tienen contrato de trabajo. En esos casos, el estado tendría que dotar de algún mecanismo para que, con una mínima regularidad documental, se pudiera disfrutar de una serie de derechos básicos”, explican desde Pueblos Unidos. Sin embargo, había una premisa fundamental que no se podía producir: los locales que se crearon no podían tener carácter penitenciario. Y eso, según ONG como Pueblos Unidos o SOS Racismo, es exactamente lo que está ocurriendo.

Ausencia de asistencia sanitaria permanente

Algunas de las circunstancias que se producen en estos centros adquieren un barniz de notable parecido con los sistemas penitenciarios. Uno de ellos es la ausencia de asistencia sanitaria las 24 horas del día. “Lo que tendría que haber es una asistencia sanitaria permanente. Por que allí por la noche no hay nadie”, explica Yerga.

Pero no son las únicas circunstancias que las ONG notifican en estos lugares: las celdas se cierran por las noches, necesitan de un interfono para hablar con la policía, tienen las llamadas restringidas, las habitaciones suelen ser de seis o siete personas. “Apenas tienen sitio para colocar sus enseres”, explican desde la ONG.

Es ahí donde denuncian ese parecido con las instituciones penitenciarias. Son estos factores en los que se apoyan las organizaciones no gubernamentales para denunciar una realidad que tan solo quieren que desaparezca. “Estos centros se caracterizan en España por un exclusivo componente policial. No hay funcionarios de prisiones. Por ese motivo y otros, nosotros trabajamos para que los centros de internamiento dejen de existir”, explica Santiago Yerga.

Críticas al sistema desde dentro

Ante esta situación, diversas organizaciones se han ido manifestando en los últimos tiempos con la intención de solicitar el cierre de estas instituciones, dependientes del Ministerio de Interior. Sin embargo, no son los únicos que esgrimen duras críticas hacia este sistema. También desde dentro de las propias prisiones surgen las quejas. Concretamente, de los policías, que son quienes operan en estos centros.

Aunque ninguno quiere protestar directamente, lo cierto es que sindicatos como el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) han registrado en los últimos tiempos que los policías están, en muchos lugares, desbordados. “No hay gente suficiente para atender. No llegan”, explica Ramón Cosió. “El otro día, nos llegaron noticias desde Algeciras. Si son 40 o 50 funcionarios, hay solo dos chalecos antibalas”. Además de la falta de recursos, los sindicalistas de la policía denuncian que los policías no dan abasto. En algunos centros, el número de reclusos triplica al de los policías que trabajan en el centro. “La situación es asfixiante. Hablé la semana pasada con ellos. Con estos medios, no se puede trabajar”.