Manos Limpias quiso aparentar que no se vendían al retirar la acusación a la infanta

El sindicato Manos Limpias tenía todo preparado para, en octubre de 2015, anunciar la retirada de la acusación a la infanta Cristina de Borbón en el 'caso Nóos' tras una negociación con La Caixa, la entidad donde trabaja la hija de Juan Carlos I. Una documentación incautada por la Policía en la sede del sindicato, titulada "Consideraciones a la imputación de la infanta” recoge los puntos a tratar en aras a proceder a la retirada de la imputación:

1. Queremos un interlocutor válido por parte de la infanta. No el abogado Miguel Roca. El interlocutor podría ser el abogado del Estado o la Fiscalía.

2. Debemos abordar de cara a la opinión pública y redes sociales, que no nos hemos vendido.

3. Debemos analizar también la imputación de Iñaki Urdangarín.

4. Debemos articular la compensación a Manos Limpias, sin utilizar el denominado testaferro LPM.

5. Sentencia pactada.

6. Momento a efectuar o suscribir el documento.

7. No se pueden alegar razones de Estado, que efectivamente lo son, pues los ciudadanos no lo entenderían. Hay que alegar razones procesales.

8. Para no llegar a juicio oral y sentarse en el banquillo, incluso en cuestiones previas, una solución sería la de plantear cuestiones previas en escrito previo y contestación por parte de la acusación popular”.

De este documento, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) recalca el hecho de que Manos Limpias no quisiera negociar con el abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca; el hacer creer a la opinión pública que no se han vendido; y el hecho de que reconozcan ellos mismos que utilizan un testaferro.

“Por todo ello, se concluye que existía un interés por parte de Manos Limpias de retirar la acusación popular contra la infanta Cristina, pero para llevarla a cabo, se precisaría 'una compensación', la cual debería materializarse dejando de lado al “denominado testaferro LPM e incidiendo en que durante la negociación no participase el abogado Miquel Roca”, recoge el informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.