La jueza de Madrid Rosa María Freire acaba de cerrar la instrucción por la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y concluye que el PP debe sentarse en el banquillo de los acusados por la supuesta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento.

Con esta resolución, la magistrada deja constancia cómo de manera indiciaria el PP habría encubierto al juez que investigaba su financiación ilegal, Pablo Ruz, los ordenadores utilizados por Bárcenas en la sede del PP y que éste aseguro que allí guardaba todos datos del cobro de donaciones ilegales así como el pago de sobresueldos a dirigentes el partido.

Tras el requerimiento de Ruz de entregar los ordenadores para que la Policía analizara la documentación, el partido optó por entregar los dos aparatos destrozados. Optó por la posibilidad de que se le investigara por esos hechos que no que llegara al Juzgado toda la información guardada por Bárcenas durante prácticamente dos décadas.

El PP insistió en el Juzgado que la destrucción se había basado en la ley de protección de datos pero la juez no ha dado credibilidad a su versión y ha optado por avanzar la instrucción y dar el paso previo para sentar al partido en el banquillo de los acusados.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid da traslado de la causa a la Fiscalía y las acusaciones personadas con el objeto de que, en el plazo de diez días, soliciten el sobreseimiento de la causa o bien la apertura del juicio oral, debiendo formular en ese caso el correspondiente informe de calificación penal provisional o la solicitud de la práctica de diligencias complementarias.

Será una vez se entreguen esos escritos cuando la jueza envíe definitivamente a juicio al partido que preside Mariano Rajoy.

Junto al PP, la magistrada también cierra la investigación contra Carmen Navarro, sucesora de Bárcenas al frente de las finanzas del partido, y el abogado del PP, Alberto Durán, así como el responsable informático, José Manuel Moreno. La magistrada Freire actúa así después de que la Audiencia Provincial de Madrid le obligara a reabrir el caso, que fue archivado por su antecesora en el juzgado, Esperanza Collazos en octubre de 2013 al entender, sin haber practicado ninguna diligencia para esclarecer los hechos, que no existía delito.

La causa fue remitida a los juzgados ordinarios por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso sobre la caja b del PP, que apreciaba posibles delitos de daños informáticos y encubrimiento en la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido, en la calle Génova 13.

Ruz lo remitió a Plaza Castilla después de reclamar al PP los ordenadores de Bárcenas en busca de documentación que acreditara la 'caja b' del partido. El PP entregó dos ordenadores destrozados, alegando que se procedió según la ley de protección de datos.

Impidió investigar la caja b

Respecto al delito de encubrimiento, atribuible tanto a las tres personas investigadas como al PP, viene determinado indiciariamente por el conocimiento por parte del abogado del partido y por Navarro de la investigación sobre la presunta financiación ilegal que se desarrollaba en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, “y la determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que el extesorero Bárcenas guardaba en los ordenadores portátiles usados por él a lo largo de los años de su desempeño como tal pudiesen acceder a la investigación”.

Por ello, procedieron a su destrucción física “con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer por observación directa o mediante estudio pericial lo que se almacenaba en su interior”.

Por estos hechos, el responsable informático es responsable indiciario por su colaboración imprescindible a los fines pretendidos al ser el experto informático que conocía y aplicó las técnicas de borrado.

"Sobrado" conocimiento

Respecto al delito de daños informáticos, la juez señala que la presunta responsabilidad viene determinada, en esencia porque el abogado del PP, Alberto Durán, habría ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviesen, mientras que el informático José Manuel Moreno -también investigado y con un pie en el banquillo de los acusados- habría ejecutado la orden, a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello.

Por su parte, Navarro conocía “sobradamente” las circunstancias del apoderamiento y custodia de los ordenadores portátiles de Bárcenas, la disputa jurídica entorno a los mismos, “y permitió , de forma expresa o tácita, que su subordinado, Moreno, eliminase los discos duros”,

En el caso del PP, la juez considera que debe ir a juicio por no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado “para impedir la comisión de este delito, toda vez que todavía en fechas actuales no existe un inventario de los elementos informáticos existentes en su sede”.

La formación funciona con la presunción de que lo que hay en su interior "es del Partido", y no existe un protocolo interno de seguridad, pues como tal no puede considerarse , de forma seria y rigurosa, el simple folio que contiene un denominado " procedimiento de borrado seguro", procedimiento que era desconocido no solo para los usuarios, como Bárcenas sino para los propios trabajadores y responsables de los departamentos del Servicio de sistemas de información. “Todo ello permitió que personas de su organización cometiesen el delito descrito”, concluye la juez.