La Audiencia Nacional acaba de condenar a once de los 13 exdirectivos que se sentaron en el banquillo por la estafa piramidal de Afinsa, diez años después de saltar el escándalo.

Han sido condenados por los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública a penas que en los casos mas graves alcanzan los 12 años de prisión.

El tribunal les aplica el tipo agravado de la estafa al valorar el perjuicio masivo que produjo la compañía filatélica. Se trató de una de las estafas piramidales más relevante conocida por nuestros tribunales, con 190.022 pequeños inversores afectados, 2.438 acreedores en el momento de la intervención (9 de mayo de 2006) y 2.574 millones de euros en su pasivo y 150 millones de sellos en sus almacenes.

Es más, la Sección Primera de lo Penal impone para los condenados una indemenización de 2.374 millones de euros, a pagar de forma conjunta y solidaria, a los titulares de los 269.570 contratos reconocidos por la administración concursal de Afinsa.

Una estafa que según explica el tribunal afectó a la clase media, con víctimas que en muchos casos perdieron los ahorros que guardaban para la jubilación o para hacer frente a situaciones de crisis. Los clientes firmaban contratos de compraventa o mediación de lotes de sellos, que en muchos casos se quedaban depositados en Afinsa.

Negocio ficticio

Se trató de un negocio ficticio " sin ningún sentido económico" basado en una sobrevaloración constante de sellos que no tenían valor intrínseco y que clientes no informados y crédulos invertían en la medida que se les prometía la devolución de su dinero, incrementado con un interés muy superior a lo que ofrecían las entidades financieras de la época.

Esta estafa piramidal basada en la compraventa de sellos atrapó a más de 190.000 ahorradores. Diez años después de que fuera intervenida la sociedad, los afectados siguen reclamando los 1.928 millones de euros que perdieron. La Fiscalía Anticorrupción acusó a 13 exdirectivos, tras una investigación que acaba de ser confirmada por la Audiencia Nacional.

Según recoge la sentencia, los acusados, desde comienzos de 1998 hasta 2006, desarrollaron un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores. Eran pequeños ahorradores, procedentes de clases medias, que seguían los consejos de los activos agentes comerciales de la compañía, “ profesionales sobreintegrados en la subcultura de la organización, hasta el punto de atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos en la red especulativa tejida por los administradores de aquella”.

La compañía se comprometía a recomprar las estampillas a sus clientes, entregándoles el dinero invertido más una rentabilidad siempre superior a la del mercado financiero. El beneficio, según garantizaba Afinsa en su publicidad, provenía de la constante revalorización de su filatelia. De esta forma, explica la Sala en su sentencia “ los administradores de Afinsa lograron levantar un espacio económico cerrado con sus clientes, que denominaron mercado de valores filatélicos y que funcionaba de modo separado del mercado del coleccionismo, con precios muy superiores que fijaba la compañía”.

Los clientes eran atraídos por la alta revalorización que ofrecían al dinero, “ de ahí que siempre el inversor optara por revender la filatelia y recibir el capital más el interés pactado”que se abonaba periódicamente, según explican los jueces en su resolución.

La sentencia relata que fueron dos de los acusados, Albertino Figuereido como experto filatélico y coleccionista, y Juan Antonio Cano como economista, los que idearon y perfilaron el negocio y fueron incorporando a los demás acusados, con una organización concentrada en el vértice, donde las grandes decisiones eran adoptadas por estos dos socios. Era una empresa con estructura familiar, donde no existía separación entre la propiedad y la administración.

La pirámide, derribada

El tribunal subraya que el negocio de los sellos era inviable. Tenía un ínfimo valor en el mercado, muy inferior al precio de venta y recompra que figuraba en los contratos. Las estampillas no volvían al mercado. En muchos casos eran de muy baja calidad y bajo precio, eran falsos o estaban manipulados, o tenían un ínfimo valor porque eran productos sin demanda ( pruebas de imprenta, bocetos o propaganda).

Para la Sala, el negocio era "inviable" teniendo en cuenta que ya en el primer tramo de la operación se sobrevaloraba de manera impresionante el bien (el margen iba de 8 a 100) por lo que a partir del vencimiento del plazo, todo contrato generaba pérdidas. Además, Afinsa generaba gastos que aumentaban el déficit patrimonial.

A fecha de la intervención, el pasivo registrado era de 2.574.343.530 euros. “La compañía colapsó en el momento de la intervención judicial porque no se podía seguir una actividad sin sentido económico, que generaba pérdidas. El negocio de Afinsa llevaba plazo de caducidad. Cualquier crisis de confianza derribaría la pirámide", recogen los magistrados.