Siete meses de fragilidad y desgobierno. Siete meses de claroscuros. Siete meses en los que el barco catalán ha navegado en la incertidumbre desde que tomara el mando Carles Puigdemont y desde que sus socios anticapitalistas se sumasen a la tripulación. Siete meses en los que el Govern ha luchado contra viento y marea para sostener un ejercicio de supervivencia, cuyo último capítulo ha tenido lugar esta semana con el desafío al Tribunal Constitucional.
El tiempo corre en contra de Puigdemont. Tan solo lleva siete meses en el gobierno de la Generalitat, pero la fragilidad de sus alianzas y de la situación pueden pasarle factura. Después de meses de incertidumbre y de peleas con la CUP y con una moción de confianza prevista para septiembre, los convergentes y ERC han decidido activar la desconexión con el resto del Estado español.
Puigdemont arrancó su gobierno prometiendo estabilidad y con dos premisas claras: la defensa de las competencias de la Generalitat y preparar a la comunidad autónoma para cuando llegase el momento idóneo de la desconexión. Salió Mas y entró él como nueva punta de lanza del independentismo. El acuerdo de gobierno ataba, en principio, de manos y pies a la CUP (el acuerdo dejaba a dos de sus diputados sujetos a las decisiones de Convergencia), obligándoles a no votar en contra de ninguna de las decisiones que tomase Junts pel Sí en la cámara del Parlament. Eso no ha impedido, sin embargo, que los socios de Junts pel Sí hayan lanzado un ultimátum al Govern en forma de negativa a los presupuestos.
El pasado enero, Artur Mas tuvo que hacerse a un lado ante la presión que suponía la posibilidad de no formar gobierno. Era la primera vez que Convergencia iba en una candidatura conjunta con Esquerra Republicana de Catalunya. Juntos obtuvieron 62 escaños y necesitaban a los 10 diputados de la CUP para investir un presidente. Y la CUP accedió, pero con otro capitán al mando de la nave. Ahora, nuevamente los anticapitalistas tienen la sartén por el mango. La CUP supeditará, y así lo ha venido demostrando, cualquier tipo de acuerdo a la consecución de pasos hacia adelante en el procés. Y eso condiciona a Puigdemont y sus socios de Esquerra.
"No son épocas para cobardes", clamó Puigdemont en su primera intervención ante el Parlament. Lo hacía firmando un acuerdo con un partido cuyos planteamientos están en las antípodas del pensamiento político de Convergencia. Hasta hace poco, el partido del patriarca Pujol se erigía como el referente de la burguesía catalana.
Líos con la CUP y cuestión de confianza
El pasado mes de junio la CUP rompía un pacto que en un inicio se había instaurado como irrechazable. La negativa de los anticapitalistas a apoyar los presupuestos de Puigdemont ha llevado al hemiciclo catalán a una situación de bloqueo. En gran parte, el acuerdo se sostenía gracias a la intención de ambas formaciones de dar pasos hacia delante en el proceso independentista. Y cualquier desacuerdo en alguna medida concreta iba a poner en peligro la consecución de esos objetivos.
Por ello, el bloqueo en los presupuestos ha cambiado el rumbo de la situación en Cataluña. En su momento Neus Munté, portavoz del Govern de Junts Pel Sí, advirtió a los representantes de la CUP de que lo que estaban haciendo ponía en peligro el plan independentista. “El procés quedaría tocado”, si no se aprobaban las cuentas. Fue en ese momento cuando Convergencia vio peligrar su proyecto junto a ERC. Como si temiesen competir en unas nuevas elecciones, los convergente presionaron a toda costa para sacar adelante los presupuestos convenciendo a la CUP.
Sin embargo, la CUP desoyó los cantos de sirena. A su juicio, el proyecto de Oriol Junqueras, vicepresidente económico y conseller de Economía, no trasciende el marco “autonómico”. Y entonces todo se fue al traste. Puigdemont, tan solo apoyado por su partido, se ha visto abocado a una cuestión de confianza, que se celebrará el mes de septiembre. Para entonces, espera que la CUP ratifique de nuevo el apoyo retirado. Ahí ha entrado en juego el referéndum independentista.
Activan el mecanismo del referéndum...
Ambos hechos están relacionados en el tiempo. Puigdemont, haciendo equilibrios en la cuerda floja de de la falta de apoyos, ha optado por echar de nuevo a andar el referéndum. La votación, que constituye un aval para abrir la vía unilateral, fue la ratificación de que Puigdemont busca recuperar como socio preferente a la CUP, según han aducido desde el resto de formaciones políticas.
Los parlamentarios del PSOE se quedaron en sus asientos, pero no votaron. PP y Ciudadanos abandonaron automáticamente la cámara. Mientras, Catalunya Si Que es Pot fue el único partido de la oposición que votó en contra del acuerdo del Govern. Además, apuntaron a una de las claves de la maniobra desde el gobierno.
La confluencia de Pablo Iglesias justificó su voto en contra al diferir con Junts pel Sí y la CUP en las conclusiones del acuerdo. Desde el partido las interpretan como “el primer capítulo” de la cuestión de confianza de Puigdemont. Coscubiela, uno de sus parlamentarios, achacó al partido de Puigdemont exhibir una especie de espectáculo gratuito de “fuegos artificiales” en Cataluña mientras en Madrid se pacta con el PP por el Congreso.
La maniobra llega en un contexto de horas bajas para la nueva Convergencia. Los resultados del CEO catalán ofrecen un retroceso en el número de escaños de la coalición con la CUP por la independencia, mientras que Catalunya Sí que es Pot subiría de 12 a 22 escaños en intención de voto. Puigdemont y los suyos buscan, a toda costa, evitar la repetición de las elecciones autonómicas.
Y para ello es esencial recomponer el acuerdo con los separatistas de izquierdas de la CUP, que llevan sosteniendo durante todos estos meses su intención de conseguir la independencia a toda costa. Algo que, a día de hoy, resulta utópico, aun en un momento en el que el independentismo ha experimentado un auge entre la sociedad catalana.
...y el Gobierno mueve ficha
Entretanto, el Gobierno del PP ha puesto en marcha el mecanismo para que lo sucedido el pasado miércoles en el Parlament catalán no quede impune. El Ejecutivo en funciones ya se ha pronunciado, al apelar al Tribunal Constitucional para que tome las medidas oportunas. Carme Forcadell, la artífice de la votación junto a la Mesa del Parlament, se encuentra entre la espada y la pared.
Gracias a activar la desconexión, Puigdemont podría llegar con fuerza a la moción de confianza que ha establecido para finales de septiembre. Con suerte, y con los apoyos de la CUP, saldría reforzado. Si eso no ocurriera y se celebrasen unas nuevas elecciones, las cuartas en seis años, la incertidumbre volvería al partido que está en pleno proceso de refundación. Un partido ya en evolución, con nuevo nombre, nueva directiva y quizás, quién sabe, un nuevo candidato.