Las víctimas de la etarra ‘Pepona’, "destrozados" por la decisión de Bélgica

El asesinato de Ramón Romeo Botaeche en julio de 1981 dejó una familia hundida. Seis hijos huérfanos, que esta semana han asistido al final de un largo camino judicial en los tribunales belgas saldado sin consecuencias para la considerada autora material del disparo que acabó con la vida de su padre. La etarra Natividad Jauregui Espina, alias ‘Pepona’, no será extraditada a España para ser juzgada y seguirá en libertad disfrutando de su nueva vida como cocinera de éxito en Gante. Allí fue arrestada en 2013 después de más de 30 años de huida.

“Estamos destrozados”, dicen los hijos de Ramón Romeo, según relata a EL ESPAÑOL una persona cercana a la familia. Su padre, un teniente coronel del Ejército, tenía 53 años cuando recibió un tiro en la nuca a la salida de misa en Bilbao. La familia fue avisada por el Ministerio del Interior de la decisión definitiva del Tribunal de Casación belga. La Justicia local confirma una resolución anterior en la que se denegaba la extradición de la terrorista por el riesgo de que fuese torturada al llegar a España.

“No entendemos la decisión”

“No entendemos la decisión del tribunal”, encajan resignados. Una de las hijas del militar asesinado llegó a implicarse personalmente en el caso al remitir una carta de protesta en 2014 al Tribunal de Casación. Se da la circunstancia de que esta víctima también vivió varios años en Bélgica, el mismo país que ha permitido a la presunta asesina de su padre reciclarse entre fogones y recetas.  

En la respuesta que le remitió el Tribunal de Casación, se limitaba a decir no era su competencia entrar a valorar los argumentos de los tribunales de instancia, en este caso el Tribunal de Apelación de Gante: “Aunque puedo entender su decepción, debo sin embargo recordarle que en Bélgica la Corte de Casación no es un Tribunal de Revisión y no tiene el poder de modificar las decisiones de fondo de un juez”.

Esta misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, iba firmada por el propio presidente del Tribunal de Casación, Jean de Codt, quien, no obstante, advertía a la hija del militar asesinado que rechazar la extradición “no implica impunidad” y planteaba que ‘Pepona’ podía ser juzgada en Bélgica por el atentado: “Existen otras medidas que llegado el caso permitirían llevar a juicio a las personas sospechosas de haber cometido crímenes y que no se encuentren en el Estado donde estos delitos fueron cometidos. Usted podría valorar la oportunidad de hacer alguna gestión ante el Ministerio Fiscal federal”.

Petición a Interior

“Pedimos al Ministerio del Interior que reaccione”, solicitan desde la familia del teniente coronel asesinado. Contra la decisión del Tribunal de Casación ya no cabe posibilidad de recurso, pero desde el  El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), su presidenta, Consuela Ordóñez, plantea que el Gobierno de España denuncie a Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Según explica, este es el organismo encargado de hacer valer las leyes de la UE y considera que en este caso se ha incumplido una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por la Audiencia Nacional para que Jauregui fuese juzgada en España.   

“Las OEDE están reguladas, es una regulación común que afecta a todos los países. Para nada está recogido que una motivación para denegar a otro país miembro una orden de detención sea que ese país previsiblemente torture a los detenidos”, explica Ordóñez, quien cree que el Gobierno español debía haber denunciado a Bélgica en 2013 cuando uno de sus tribunales esgrimió por primera vez este argumento. “¿Cómo puede consentir España que otro país diga que tortura? Si así fuese no podríamos estar ni en la Unión Europea”, zanja.