Su nombre es Luis Osvaldo Repetto y hasta hoy, era el millonario argentino que daba coartada a Ignacio González en la investigación sobre su dúplex de lujo en Estepona. Según los implicados, Repetto es el hombre que se esconde tras la sociedad en Delaware que compró el ático en 2008. Y con eso, la persona que echa por tierra la tesis policial de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid controlaba el inmueble desde un paraíso fiscal. Si Repetto es el dueño de la sociedad en Delaware, no lo puede ser Ignacio González, que queda libre de toda sospecha.
Sin embargo, la coartada del ex líder del PP madrileño se desmorona. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, lejos de acreditar un poder adquisitivo suficiente, Repetto es un empresario de 73 años declarado en quiebra. El prototipo buscado por las mafias para asumir problemas judiciales: con una edad avanzada para no entrar en prisión y con necesidades económicas urgentes. Según la documentación en poder de este diario, Repetto, productor de cine, arrastra deudas contra la Administración argentina desde 2002. Además, seis años antes de la compra del ático sufrió varios embargos que terminaron afectando a todos sus bienes. Finalmente se declaró en quiebra en 2014 y en solo dos años (2012 y 2013), él y sus empresas colocaron en Argentina 47 cheques sin fondos por valor de 1,4 millones de pesos (84.570 euros al cambio actual).
El año en el que supuestamente envió 750.000 euros a España para comprar el ático (2008), a Repetto le faltaba dinero hasta para pagar el "monotributo impositivo", el escalafón más bajo del fisco en Argentina, pensado para los sueldos más reducidos. Además, adeudaba 48.261 (2.915 euros) pesos argentinos por el impago de la cuota de autónomos desde 2002. Es decir, según la versión que exculpa a González, Repetto compró un piso millonario en España pero, según ha confirmado EL ESPAÑOL, no tenía liquidez ni para cumplir con los impuestos más básicos en Argentina.
Un mar de deudas
El nombre de Luis Osvaldo Repetto apareció por primera vez en el sumario del Caso Ático el pasado mes de abril. En su declaración como testigo ante el FBI, el fiduciario Rudy Valner se reconoce intermediario en la compra del ático por encargo de un empresario argentino llamado Luis Osvaldo Repetto. Valner, abogado del también imputado Enrique Cerezo en sus negocios en EEUU, asegura que fue Repetto quien seleccionó la vivienda y le dio las instrucciones para la compra. Sin embargo, no hay un solo testimonio en el sumario que coloque a Repetto en Marbella. Ni el vendedor de la vivienda, Javier Villate, ni la responsable de la inmobiliaria, María Luisa Barrie, le nombra en sus declaraciones. Sí reconocen en cambio el interés de la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, que visitó la vivienda en dos ocasiones antes de que se vendiera.
La compra del piso por la sociedad Coast Investors se formalizó en mayo de 2008. Y solo un mes después, el expresidente de la Comunidad de Madrid y su esposa tenían ya un contrato de alquiler firmado para el inmueble. González y Cavero consiguieron alquilar el ático de lujo por 2.000 euros al mes, aunque solo los gastos de comunidad ascendían a 1.650 euros al trimestre. Además, el propietario de la vivienda se hacía cargo también del IBI y de la tasa de basuras que impone el Ayuntamiento de Estepona. Los propios abogados de Coast Investors reconocen en sus escritos que el alquiler se limitaba prácticamente a pagar los gastos de mantenimiento del inmueble. Algo poco comprensible, si tenemos en cuenta que en esas fechas el supuesto propietario acumulaba cuantiosas deudas en Argentina.
Según la documentación obtenida por EL ESPAÑOL, mientras Repetto era supuesto propietario de la vivienda -y recibía según esta tesis los 2.000 euros de alquiler de manos de Gonzalez- dejó de pagar 24.348 pesos (1.500 euros al cambio actual) por "aportes y contribuciones", adeudó el impuesto de bienes personales, una multa de la Seguridad Social argentina por 2.870 pesos (173 euros)... Y así hasta diez conceptos de morosidad distintos. En total, el pasado año la administración tributaria local le reclamó más de medio millón de pesos por los atrasos. Pese a parecer cantidades menores y asequibles a cualquier bolsillo, en el año 2014 Repetto fue declarado en concurso ante la imposibilidad de afrontarlas.
La situación llega a un punto todavía más incomprensible cuando el 10 de julio de 2011 González consigue que su arrendador le rebaje el alquiler a 1.400 euros mensuales. En esas fechas, Repetto adeudaba ya 97.330 pesos argentinos por el impago del impuesto de Bienes Personales, el de Ganancias de 2009 (otros 2.502 pesos), el Monotributo previsional (7.133 pesos), además de todos los conceptos relatados anteriormente. Según la documentación que obra en poder de EL ESPAÑOL, un mes antes de que González consiga la rebaja del alquiler, Repetto tiene que pedir al Banco Macro SA de Buenos Aires un crédito personal de 22.059 pesos argentinos (1.332 euros al cambio actual) para obtener liquidez. Un préstamo que también quedó impagado.
Según la versión del testaferro Valner, fue el propio Repetto, pese a su situación financiera cada vez más crítica, quien decidió bajar el alquiler del ex presidente González.
Declarado en quiebra y con los bienes embargados
El 18 de diciembre de 2012, un mes después de que el Sindicato Unificado de Policía registrara la denuncia en su contra, Ignacio González hizo oficial la compra del ático en Estepona. Desde una de sus cuentas, el ex presidente autonómico remitió a un banco en EEUU una transferencia de 741.000 euros. Según la versión aportada por Rudy Valner, los fondos fueron a parar a una cuenta controlada por Repetto en el extranjero.
Sin embargo, la bola de deudas del empresario argentino no cesó con aquella inyección de fondos. Más bien al contrario. Entre abril y agosto de 2013, Repetto colocó cinco cheques sin fondos a su nombre por valor de 172.500 pesos. En total, él y sus empresas emitieron 47 cheques sin fondos entre 2012 y 2013, tal y como confirma el registro del Banco Central de Argentina.
La cascada de deudas de Repetto culminó el 17 de junio de 2014, cuando el Juzgado Comercial número 20 de Buenos Aires decretó el concurso preventivo del empresario a instancias de uno de sus acreedores. El expediente judicial revela que Repetto debía 137.000 pesos argentinos a la Asociación Mutual de Emprendedores, que le reclamaban el impago de un reconocimiento de deuda firmado en diciembre de 2012. El empresario intentó saldarlo con un pagaré emitido el 18 de marzo de 2013, avalado por su empresa, Aries Cinematográfica Argentina. Pero tampoco tenía fondos. El juez Héctor Hugo Vilate decretó entonces la "inhibición general" de sus bienes. Es decir, el bloqueo preventivo de todos ellos.
Además del Banco Macro, que le reclamaba el impago de su crédito personal, y de Hacienda, Repetto se enfrentaba a otra reclamación cuantiosa: la de la Asociación Mutual Valentín Soria. La empresa le pedía 242.585 pesos por la emisión de varios cheques sin fondos girados contra una cuenta del Banco Macro. Antes de llegar a concurso, los responsables legales del acreedor intentaron embargar sin éxito un inmueble que la familia tenía en Buenos Aires.
El mes pasado, Repetto llegó a un acuerdo judicial para abonar de una sola vez las deudas a todos sus acreedores. El empresario -que no ha respondido a las llamadas de EL ESPAÑOL- asegura que obtendrá fondos para ello, ya que su empresa, Aries Cinematográfica Argentina, también en concurso, ha llegado a un acuerdo para vender su catálogo y así obtener el dinero necesario.
Una estrategia clásica
Colocar como testaferro a una persona de avanzada edad y con una situación económica límite es una de las técnicas más conocidas de los delincuentes financieros para burlar la acción de la Justicia. Por un lado, necesitan a alguien con fuertes necesidades económicas que esté dispuesto a asumir esa carga. Y por otro, es más sencillo convencerles con la idea de que, al ser mayores, es posible que nunca ingresen en prisión.
Como ejemplo, en 1999 la Fiscalía Anticorrupción detectó que el principal imputado en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, colocó a su madre -de 93 años- al frente de las sociedades investigadas en el llamado Caso Saqueo. En 2014, la Guardia Civil desarticuló en Murcia una red que utilizaba a personas mayores y en situaciones económicas críticas como testaferros para perpetrar estafas millonarias en el sector del transporte de mercancías. El esquema se repitió dos meses después en otra trama con 52 detenidos. Esta vez los estafadores se dedicaban a captar falsa publicidad para publicaciones que nunca existieron.
Tal y como reveló EL ESPAÑOL, un anciano sirvió también como testaferro para canalizar las comisiones cobradas de forma irregular por miembros de la Diputación de Lleida y en la trama Púnica, un empresario de avanzada edad en quiebra ocupó el cargo de administrador y asumió la responsabilidad penal de una trama de IVA que logró mover 11 millones de euros.
En el caso de Repetto, su aparición en el caso se da tras más de tres años de investigación judicial y con los principales señalados por la policía, Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo, investigados. Solo Cerezo reconoce en su declaración conocer al productor cinematográfico, con el que compartió una película en 2001 titulada Antigua Vida Mía. Es el abogado de Cerezo en Estados Unidos, Rudy Valner, quien aporta el nombre de Luis Osvaldo Repetto como propietario real de la sociedad pantalla. Sin embargo, Valner no aportó documento alguno que acredite su versión. Ni el poder firmado para representarle, ni la documentación bancaria que acredita a Repetto como beneficiario de Coast Investors, ni un solo documento intercambiado entre ambos que probaría su interacción en aquellas fechas.
De hecho, el dinero para el pago de la vivienda en Estepona partió de una cuenta trust en Florida controlada por el testaferro Valner. Otro punto donde tampoco aparece Repetto. El pasado mes de marzo, este diario alertó además de que el entorno de los investigados elaboró un borrador con una versión completamente distinta para la declaración del Rudy Valner. El documento colocaba al financiero de Beverly Hills como auténtico propietario del inmueble y lo justificaba por los continuos viajes de Valner a España, "al menos una vez al año desde hace diez". Ante el FBI, el testaferro aportó finalmente una versión distinta.
Con estos datos y la declaración del productor argentino, será la Justicia quien dictamine si Repetto fue el propietario real del inmueble o si, por el contrario, es una farsa ideada para salvar del banquillo a los principales investigados.