La Junta Electoral Provincial de Guipúzcoa se ratifica en sus planteamientos iniciales. Su decisión definitiva confirma la adoptada hace una semana: Arnaldo Otegi tiene  su derecho al sufragio pasivo –poder ser elegido- suspendido  y no podrá presentarse como candidato a las elecciones vascas. Rechaza las alegaciones interpuestas por EH Bildu, coalición cuya candidatura pretende encabezar, y vuelve a concluir que es “inelegible”.

Su acuerdo excluye a Otegi de las listas electorales que tras su proclamación se publicarán este martes en el Boletín Oficial del País Vasco.  En ellas no figurará el aspirante designado por la coalición abertzale a la presidencia del Gobierno vasco.

El acuerdo ha sido adoptado este lunes por unanimidad pero sin la intervención de uno de de sus cinco integrantes, el catedrático de Derecho de la UPV, Iñaki Agirreazkuenaga, cuya recusación solicitada por EH Bildu ha sido aceptada por la Junta Electoral del País Vasco.

Agirreazkuenaga opinó en una entrevista que la única posibilidad de Otegi era recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la Junta y el Constitucional no tenían más opción que la de inhabilitarle.

Sus manifestaciones se produjeron antes de que se examinaran las alegaciones del candidato y se adoptara una resolución definitiva. El vocal adelantó en ellas “su interés intelectual” y comprometió “la apariencia de objetividad”, motivo por el que se ha aceptado su recusación, según ha expuesto el presidente de la Junta electoral vasca y presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra.

El veto a la presentación de Otegi en las listas traslada ahora la polémica sobre su inhabilitación a los tribunales ordinarios, donde la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo tiene de plazo hasta este sábado para pronunciarse.

 Sea cual sea su postura,  la última palabra corresponde al Tribunal  Constitucional, que deberá dictaminar antes de que el 9 de septiembre comience la campaña electoral.

Otegi emplaza a Urkullu

En unas declaraciones, previas a la decisión de la Junta, Otegi ha reiterado su intención de seguir siendo candidato “hasta el final” y “no apartarse” y ha intentado de nuevo involucrar a Urkullu en la resolución de su inhabilitación.

Tras considerar “despreciables” las interpretaciones realizadas por PNV y PSE-EE,  que ven en el conflicto suscitado una  estrategia electoral de victimismo puesta en marcha por la propia coalición abertzale, Otegi ha apelado al lehendakari, porque “la más alta magistratura del país algo tendrá que decir sobre esta situación”.

En su opinión las elecciones vascas están siendo sometidas “al chantaje de una institución ajena al país, que decide quién se puede presentar” y un lehendakari no puede permanecer impasible ante ello.   

“Si yo fuera lehendakari de este país y el Gobierno de España decidiera que hay algún candidato de otra formación política que no puede concurrir, yo estaría dispuesto incluso a no presentarme”, ha recalcado.

Debate jurídico

La Junta Electoral  ha reiterado que Arnaldo Otegi no puede ser candidato porque  está incurso en una pena de inhabilitación a raíz de la sentencia firme del caso Bateragune, - reconstrucción de la ilegalizada Batasuna a instancias de ETA-, por la que cumplió seis años y medio de prisión en la cárcel de Logroño.

Los abogados del líder abertzale defienden que la pena se extinguió cuando Otegi fue excarcelado, mientras que la ejecución decretada  por la  Audiencia Nacional la extiende hasta el 28 febrero de 2021. Su cálculo, apoyado por la Fiscalía, se fundamenta en que esa condena no empezó a contar hasta el 4 de septiembre de 2014, que es cuando el dirigente radical acabó de cumplir inhabilitaciones asociadas  a sentencias anteriores.

Por el contario, EH Bildu mantiene que la “razón jurídica” está de su parte y que una sentencia del Supremo y varios autos del Constitucional avalan sus tesis expuestas en las alegaciones presentadas ante la Junta, a la que acusan de “alterar” la condena de inhabilitación impuesta.

Según su argumentación el órgano encargado de proclamar las candidaturas ha modificado la condición “accesoria” de la pena transformándola en “principal”  y alterando así “sus efectos”, “sin respetar el principio de legalidad”.

La representación letrada de Otegi y EH Bildu, dirigida por el abogado Íñigo Iruin, insiste en que una sentencia del Supremo de mayo de 2010 confirma expresamente  que las penas accesorias duran lo que duran la principal, que es siempre la de cárcel, y se extinguen cuando esa acaba.

Pese a la sentencia esgrimida ahora la defensa del líder abertzale no recurrió en su momento el cómputo realizado por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. No lo hizo “en tiempo y forma” como le reprochan desde el PNV, que acusa a EH Bildu de aplazar la batalla jurídica hasta la precampaña para utilizarla como baza importante de su estrategia electoral.

Medios judiciales consultados por El  Español  consideran que tal omisión puede pasarle ahora factura a Otegi  si éste se ve necesitado de plantear recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que recuerdan que  ante él sólo pueden sustanciarse asuntos que hayan agotado todos los cauces anteriores.

Movimientos de apoyo

Tras la decisión de la Junta Electoral de Guipúzcoa  la inhabilitación de Otegi será sometida a un recorrido jurídico cuestionado de antemano por la coalición abertzale, que denuncia el carácter político de las decisiones que se adoptan en esos casos.

La  participación del líder abertzale en los comicios del 25-S  ha sido apoyada, al margen de por el PNV y Podemos, por diferentes políticos y otros personajes públicos que han suscrito un manifiesto en su apoyo. Entre sus firmantes se encuentran los exlehendakaris Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea; la ex consejera socialista del Gobierno de Patxi López, Gemma Zabaleta; el presidente del Sinn Feinn, Gerry Adams; la presidenta en funciones de Uruguay, Lucía Topolansky; el montañero Juanito Oiarzabal; y el músico Kepa Junquera.

Los promotores de la campaña han recogido ya más de 15.000 firmas solicitando que Otegi pueda ser candidato.