La Policía estrecha el cerco sobre la abogada de Manos Limpias que acusó a la infanta

La Policía que lleva a cabo la investigación por las extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias tiene puesto ahora su punto de mira en tres personas que podrían haber colaborado de alguna manera en los presuntos delitos cometidos por los jefes de las dos organizaciones, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente.

Desde hace meses, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) están elaborando informes para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre estas personas, y que podrían acabar imputadas a la vuelta de verano. Los objetivos son la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, el presunto testaferro de Bernad, Lorenzo González, y el trabajador de la entidad Unicaja, José Luis Gómez Boza, que alertó a Pineda que la Policía le estaba investigando.

Respecto de la letrada, encargada de acusar a la infanta Cristina de Borbón para Manos Limpias, entre otros casos, la UDEF ya ha elaborado un informe inicial en el que se le atribuye un “papel activo con poder de decisión” dentro del sindicato. Según fuentes de la investigación, Pedraz va a esperar a la entrega del informe definitivo para pronunciarse sobre su imputación.

Indicios más consistentes

Fuentes del caso explican a EL ESPAÑOL que los indicios contra López Negrete han ido cogiendo consistencia a lo largo de la instrucción. Inicialmente, con las intervenciones telefónicas captadas por la Policía, no existían elementos para considerar que la abogada estaba en connivencia con Bernad y Pineda en sus planes extorsionadores, y que les han llevado a prisión desde el pasado mes de abril. Según la investigación, utilizaron la interposición de querellas para reclamar dinero a cambio de retirarlas.

Lo hicieron con el presidente de Unicaja, Braulio Medel, quien pagó un millón de euros a cambio de que Manos Limpias retirara su imputación en el caso de los ERE de Andalucía. También lo intentaron con el entorno de la infanta Cristina de Borbón, al que se les reclamó tres millones de euros para retirar la acusación en el 'caso Nóos' y que fue denunciado por el abogado de ésta.

En un principio, la Policía no tiene datos que certifiquen que López Negrete tuviera un papel activo en estas extorsiones. Sin embargo, sí la sitúan en la colaboración con Pineda en el plan contra el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, denunciado tras negarse durante años a pagar por publicidad en las publicaciones de Ausbanc.

Su papel contra Blesa

Ambos actuaron como letrados en la causa seguida por el juez Elpidio Silva, y quien acabó apartado de la judicatura por orden del Tribunal Supremo precisamente por prevaricar al enviar a Blesa a prisión. Ahora, los investigadores sospechan que Silva pudo actuar en connivencia con Manos Limpias, que representaba la acusación en la causa contra Blesa inicialmente por haber concedido un crédito de manera irregular al empresario (ahora encarcelado) Gerardo Díaz Ferrán, y después ampliada por la compra por parte de Caja Madrid del City National Bank de Miami.

Para la Policía, es relevante que la letrada se presentara a sí misma como “directora de los Servicios Jurídicos de Manos Limpias” a pesar de que tras la operación policial dirigida contra los máximos representantes de Ausbanc y Manos Limpias, López Negrete quiso distanciarse del sindicato e incluso intentó personarse como perjudicada en la causa seguida por Pedraz, junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Además, la Policía también está analizando la intervención de la abogada en las juntas de accionistas del BBVA, contra la que Ausbanc también actuaba tras 'cortar el grifo' del dinero en publicidad. Como ya publicó EL ESPAÑOL, habría participado y apoyado a Pineda en su estrategia de presión a la entidad.

Junto a la abogada, la Policía está analizando el papel de Lorenzo González, dueño de la sociedad LPM, y que el propio Bernad en un documento define como testaferro. Concretamente, la UDEF encontró en el registro de la sede del sindicato el documento “Escrito consideraciones a la imputación de la infanta”, de fecha 6 de octubre de 2015. Este escrito refleja un esquema elaborado por Manos Limpias de los puntos a tratar en aras a proceder a la retirada de la imputación de la infanta Cristina. El cuarto punto rezaba: “Debemos articular la compensación a Manos Limpias, sin utilizar el denominado testaferro LPM”.

El testaferro LPM

De esta documento, la Policía concluye que existía un interés por parte del sindicato de retirar la acusación popular contra la hermana del rey Felipe VI, pero para llevarla a cabo, se precisaría “una compensación” a Manos Limpias, “la cual debería materializarse dejando de lado al 'denominado testaferro LPM (la sociedad de Lorenzo)'”. Según los agentes, este documento se elaboró para plantearse en una reunión que iban a mantener con miembros de La Caixa, entidad en la que trabaja la hija de Juan Carlos I.

Según declaró el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, ante el juez, en su condición de testigo, Bernad le propuso en octubre de 2015 ayudar económicamente a la empresa LPM, de un amigo suyo, Lorenzo González Díaz, con 2 millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la infanta.

Según los investigadores, el papel de LPM era utilizarla como tapadera para que después el dinero acabara en manos del sindicato. Una de la pruebas es que desde la cuenta bancaria de esta empresa ya se han realizado otras transferencias como la del 7 de enero de este mismo año por un importe de 2.000 euros “observándose con este movimiento bancario el vínculo existente entre Lorenzo y Manos Limpias”, según recoge un informe de la Policía entregado al juez.

El chivato de Unicaja

El tercer objetivo de la Policía, que podría acabar declarando ante Pedraz como imputado, es el presunto soplón, que alertó a Pineda de que estaba siendo investigado. Los agentes han concluido en un informe entregado el pasado 20 de julio, que José Luis Gómez Boza, vinculada a Unicaja, es la persona que realizó el chivatazo al presidente de Ausbanc.

Durante el desarrollo de su investigación, la Policía había requerido información a una serie de entidades, entre ellas Unicaja, bajo el aviso de que se trataba de un asunto secreto y que debían guardar silencio. Sin embargo, Boza llamó a Pineda el 17 de marzo, un mes antes de ser detenido, para hablar con él.

En esas fechas, el presidente de Ausbanc, y otras personas de la organización, ya tenían el teléfono intervenido. Así, los agentes analizan una conversación entre dos miembros de la asociación de consumidores que comentan que Pineda “en la comida estuvo bastante nervioso” como consecuencia de lo que le había dicho “el de Unicaja” en relación a que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional y por la UDEF.

Según el último informe de la Policía, Gómez Boza es una de las personas de Unicaja “con la que Pineda tiene más confianza y que está al corriente de la manera con la que el presidente de Ausbanc negocia y presiona a dicha entidad, utilizando para ello los procedimientos judiciales y los artículos publicados en los medios de Ausbanc, los cuales tendrán un rumbo u otro en función de los pagos que Unicaja efectúe a Ausbanc a través de diferentes convenios”.

Con todos los datos analizados, la Policía concluye que “parece dejar bastante claro que fue José Luis Gómez Boza la persona vinculada a Unicaja que le dijo a Luis Pineda que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional y por la UDEF”, cuando la causa se encontraba todavía secreta y no se había procedido a su detención. Es más, el operativo tuvo que adelantarse dado que al ser alertado de la investigación, Pineda podía destruir pruebas y afectar gravemente la causa.