Pedraz advierte a Montoro de que Hacienda se niega a colaborar en el 'caso Conde'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha visto en la obligación de dirigirse al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dada la falta de colaboración de dos de sus departamentos en la investigación en torno al expresidente de Banesto, Mario Conde.

En una providencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado advierte de que, desde el mes de abril, se le ha requerido tanto a la Intervención General del Estado (IGAE) como a la Dirección General de la Agencia Tributaria, que designen a un funcionario público como interventor judicial de dos empresas de la familia Conde, Hogar y Cosmética Española (HYC) y Demerquisa, intervenidas tras la operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, en la que se detuvo a Conde y a dos de sus hijos, entre otros.

Sin embargo, desde abril -cuando se llevó a cabo el operativo y se envió a Conde a prisión- ninguno de los dos organismos, dependientes ambos del Ministerio de Hacienda, ha contestado a sus requerimientos. En la resolución, Pedraz les recuerda que “es obligación de todos los estamentos, públicos y privados y particulares, el cumplir con el deber de colaborar con la Administración de Justicia (artículo 118 de la Constitución y 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), cumpliendo con las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales”.

Trasciende de la mera desobediencia

Esa falta de colaboración con la Justicia “trasciende -sostiene el juez- de la mera desobediencia a la autoridad competente para convertirse en atentatorias del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación del derecho de ejecución”.

Dado el grave comportamiento que supone para Pedraz que los dos organismos, uno dependiente de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, y el otro de la Secretaría de Estado de Hacienda, el instructor ha decidido dirigirse directamente al propio Montoro antes de tomar medidas.

“Procede dar traslado al señor ministro de las resoluciones de este juzgado de 29 de abril y 17 de mayo de 2016, y de las respuestas de ambos organismos públicos, para que proceda al nombramiento de funcionario con titulación universitaria de graduado o licenciado, que desempeñe sus funciones en el ámbito jurídico o económico”.

Empresas como tapadera

El magistrado requirió que se designara un interventor judicial que asumiera el control de dos empresas de la familia Conde tras la orden de detención e ingreso en prisión del patriarca y su hija Alejandra -ésta no fue a la cárcel por razones humanitarias-. A los dos meses, consiguieron que el magistrado les fijara una fianza para quedar en libertad. Aún así, tienen el patrimonio bloqueado y les han apartado de la gestión de las sociedades mientras se averigua si el dinero que fue trayendo la familia, a base de pequeñas transferencias desde el extranjero a estas y otras sociedades, tienen como procedencia los 13 millones de euros robados de Banesto.

El juez sospecha que Conde habría montado una estructura para evitar pagar los 11 millones de euros que quedan pendientes de sus responsabilidades pecuniarias por la sentencia de Banesto. Después, habría utilizado estas empresas, a nombre de sus hijos y diversos testaferros, para blanquear el dinero sustraído del banco que dirigió. Pero además, se habría valido de diversas sociedades para engañar a Hacienda y no pagar sus obligaciones tributarias.

Es el caso de Hogar y Cosmética Española, una de las empresas visibles de Conde. Tiene sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), Esplugues de Llobregat (Barcelona) y Estepona (Málaga) y se dedica a la fabricación y comercialización mediante venta directa de derivados del aloe vera. De ese grupo cuelgan otras filiales como Pinisan SL y Demerquisa SA, presididas por Conde, y gestionadas por su hija Alejandra.