"La candidatura de Soria no era ética", denuncia la presidenta del Consejo de Transparencia

Esther Arizmendi es la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que acaba de cumplir 20 meses de funcionamiento. Este organismo público ha nacido de la Ley de Transparencia, aprobada en diciembre de 2013 y que vino a solventar uno de nuestros mayores retrasos institucionales: España era el único país europeo junto con Chipre que no tenía una norma de transparencia. La misión del Consejo es doble, por una parte, debe velar por el cumplimiento de la ley que garantiza el acceso a la información pública a los ciudadanos y, por otra, promover la cultura de la transparencia.

¿Qué opinión le merece el proceso de selección del candidato José Manuel Soria?

El proceso de selección del candidato Soria ha sido un conjunto de equívocos, malas definiciones y malas elecciones. La primera pregunta es: ¿es legal? Porque se ha dicho que esto era un concurso y no lo era. Bueno, pues era una designación directa, como las que hay en todos los ministerios para cargos internacionales. Entonces, ¿es legal? Sí, lo es. La segunda pregunta sería: ¿es ético?, ¿es oportuno? Sinceramente soy de las que piensan que no. Creo que el mérito fundamental para representar a España es precisamente la transparencia, la ética pública, la ejemplaridad y esto debe exigirse a quien representa a España más allá de lo habitual. Por último, y esto es lo que más me importa: ¿es comprensible por la ciudadanía? No. Entonces, cuando la ciudadanía no entiende algo es que no hay transparencia.

¿Por qué no sabemos quiénes eran los candidatos que competían con Soria o no conocemos las minutas de la Comisión de Evaluación?

No lo sabemos porque este no es un proceso de provisión pública, porque no es un concurso en el que tiene que haber una convocatoria pública y se consideren los méritos baremados…

Perdone, pero la primera explicación que dio el presidente del Gobierno y el ministro de Economía es que “esto era una cosa de funcionarios”, dando a entender que sí lo era…

…pero no lo era. Pero lo sabremos, porque una ventaja que tiene contar con una Ley de Transparencia es que permite conocerlo. Esta misma semana, un ciudadano nos ha pedido información de todo el proceso desde el principio. Y nosotros ya hemos mandado al Ministerio de Economía la petición de información de cómo se desarrolló todo este proceso de toma de decisiones. Y lo vamos a saber en aplicación del principio de transparencia, no porque el procedimiento no haya sido ajustado, que no lo estamos cuestionando porque no es un concurso.

Usted ha dicho que llegaremos a conocer con quién habla el presidente del Gobierno por teléfono. ¿Y los sueldos de los funcionarios?

Ya se puede. La idea de que llegará a saberse con quién habla por teléfono el presidente del Gobierno no es una invención mía ni una ocurrencia. En Estados Unidos así sucede. Cuando haces cosas no las haces transparentes para que te digan que eres transparente, sino que eres transparente y por eso todo lo que haces lo es.

¿Y conoceremos los días de vacaciones de los funcionarios?

Absolutamente.

Hay expertos que afirman que a la Administración española le gusta cumplir procedimientos, pero no que le midan el rendimiento…

No le gusta nada, porque lleva muchos años así y si estábamos tan bien, ¿para qué vamos a cambiarlo? Lo que pasa es que no estábamos bien porque la opacidad no es estar bien. He hablado mucho de que hay que ser transparente, no hacer cosas transparentes, sino ser transparentes. En ese sentido para mí es importante luchar por el tema de las agendas públicas. Las agendas deberían estar en publicidad activa porque si al ciudadano le interesa en qué se gasta el dinero público también le interesa saber en qué se gasta el tiempo. A veces el tiempo es mucho más importante que el dinero o por lo menos igual.

Si uno mira la cuenta de Twitter del presidente del Gobierno la verdad es que muchas veces ve cosas que no están en la agenda…

Su vida privada no me interesa. Yo quiero su agenda pública, que es la que pagamos todos los españoles. Esa es la que genera responsabilidades y por la que viene obligado a rendir cuentas.

Esther Arizmendi. Moeh Atitar

También hay patologías en la transparencia. Otros países con más experiencia ya están viviendo una segunda o tercera fase en la que se detectan abusos. Hay países donde se ha denegado el acceso a cierta información porque alguien la usaba para acosar a un funcionario.

En ese punto la ley española está bastante bien hecha. Hay un artículo, el 15, que se refiere a la protección de los datos de carácter personal, que marca una línea roja. Así, si alguien pide información para otros fines o que se refieren a la intimidad de la persona, allí hay un límite que no se va a traspasar.

Los ciudadanos acuden al Portal de Transparencia y solicitan información. Si la Administración se la deniega, acuden a ustedes. En 20 meses han resuelto 1.082 reclamaciones. ¿Qué conflictos han visto?

Muchos y hemos avanzado en cosas interesantísimas. Algunas tienen que ver con Sanidad, que es una cosa que preocupa al ciudadano. ¿Por qué se retiró del calendario la vacuna contra la varicela y después se volvió a poner? O cosas curiosas como ¿cuántos cambios de sexo se han pagado con dinero público en las cárceles españolas? ¿Cómo se concedieron las licitaciones y los tramos del AVE en la “Y” vasca? Cuestiones que tienen que ver con los Presupuestos, con sueldos, donde hay que ver hasta dónde se puede informar. Si debe ser privado o no lo que se cobra con dinero público. Esto nos ha llevado a establecer un criterio que ya es aplicable a todos: cuanto más cerca estés del poder de decisión, menos te vas a poder amparar en la privacidad.

¿De qué resolución está más orgullosa?

De la que hicimos sobre las retribuciones públicas. Me gusta mucho hacer resoluciones que no sean decisiones, sino que sean criterios.

¿Explíquemela?

Bueno, se acabó la costumbre de que los sueldos de los empleados públicos sean secretos, se acabó no saber qué era la productividad, que en la Administración ha sido toda la vida un misterio porque no se sabía bien por qué alguien la cobraba y otro no. Y se sentó el criterio de que el dinero público debe rendir cuentas y que a mayor responsabilidad mayor transparencia.

Se acabó la costumbre de que los sueldos de los empleados públicos sean secretos, se acabó no saber qué era la productividad

Le voy a poner varios casos donde la opacidad jugó un papel y usted me dice cuál es el criterio del Consejo. ¿Debió hacerse pública la famosa carta de Jean-Claude Trichet a Zapatero en 2011?

Es una buenísima pregunta, pero tendría que hacer el test del daño y verificar si el hecho de que se hiciera pública en un momento determinado, con las circunstancias concretas que había, podía traer como consecuencia que se contaminara la libre toma de decisiones…

¿Qué es el test del daño?

Viene en la ley. Quiere decir que tienes que poner en una balanza si el dato que se ha pedido puede lesionar un límite o un derecho personal protegido por la Ley de Protección de Datos. Esto lo tiene que evaluar el organismo que recibe la pregunta, pero nosotros lo supervisamos. Si la petición de información se refiere a cuestiones puramente organizativas, la balanza siempre se inclina hacia informar. Si hay duda, siempre hay que buscar la manera de dar lo máximo que puedas. Pero si es evidente que se puede causar un mal mayor, entonces gana el otro lado.

En este caso, un ciudadano pidió la carta y el Banco Central Europeo se la dejó leer pasado un tiempo…

Lo que sí creo es que hay algunas peticiones de información que en un momento concreto pueden ser delicadas, pero eso no impide que pasado el tiempo se hagan públicas. Esto pasa habitualmente en Estados Unidos, por ejemplo.

Sigamos, ¿se debió conocer la relación de los invitados a la ‘bodeguilla’ de Felipe González en la Moncloa?

Si el gasto se hizo con dinero público, debería conocerse.

¿Debiera ser transparente la utilización de los fondos reservados?

Ahí hay un límite que está en el artículo 14. Si puede perjudicar a la seguridad nacional, a las negociaciones de casos concretos, a las averiguaciones de los delitos, creo que caería en ese límite.

¿Entonces la transparencia no hubiera podido evitar la existencia de los GAL?

Bueno, no sé si eso es mucho decir...

Esther Arizmendi. Moeh Atitar

Debemos saber quién ocupa las dependencias de la Casa Real en todo momento. ¿Me refiero en concreto a la casa de Mingorrubio en El Pardo que utilizaba la señorita Corinna?

Deberíamos saberlo.

¿Deberíamos conocer la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal?

Hay un artículo específico en la Ley General Tributaria que dice que los datos fiscales están protegidos. Es una ley la que lo impide. Tenemos un contencioso por esto porque ese artículo está actuando como un elemento de opacidad sobre todo un contenido genérico que son los elementos fiscales. Nosotros pensamos que hay una parte que sí se puede conocer. No toda la información es susceptible de sustraerse a los ciudadanos.

¿Deberían conocerse los informes de los diplomáticos al gobierno?

Absolutamente, salvo que hubiera un informe en el cual se hablara de la seguridad del Estado o se pusiera en peligro o riesgo un bien superior.

Le pongo un caso concreto: Aznar decía que había armas de destrucción masiva en Irak y en la mesa de su despacho había un informe que decía que no las había.

Los informes de los diplomáticos y de nuestras embajadas se tienen que conocer ateniéndose a los límites del artículo 14. No vayamos a hacer más daño con la transparencia que los beneficios que aporta.

¿Debemos conocer cuántos coches oficiales hay y quién los usa?

Sí.

Un caso reciente: ¿deberíamos conocer la nómina exacta de los periodistas de RTVE que fueron a los Juegos Olímpicos de Río con sus familias?

Sí, claro. Tenemos muchos contenciosos con RTVE porque es uno de los organismos más reacios a dar información. Tenemos tres asuntos en los tribunales. El primero es el del Festival de Eurovisión que parece una tontería, pero el ciudadano tiene derecho a saber en qué se gasta el dinero de los Presupuestos del Estado. Un ciudadano pidió el coste del festival y no se lo quisieron dar y hemos ido a los tribunales a exigir que se lo den. Tenemos otro contencioso porque un ciudadano ha pedido el coste de cada uno de los canales y nos dijeron que no lo tenían, que tenían que elaborarlo porque no lo sabían. ¡No sé qué es más grave, si la negativa a informar o que no sepan el coste! Por último, se compró un paquete de películas españolas que están poniendo en La 2 y un ciudadano ha preguntado cuánto han costado esas películas. Parece difícil lograr que RTVE nos conteste fluidamente, todavía no han comprendido que la transparencia llegó.

Tenemos muchos contenciosos con RTVE porque es uno de los organismos más reacios a dar información

¿Debería ser transparente la negociación del Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio (TTIP)?

Relativamente, porque la transparencia excesiva en ocasiones es un obstáculo. La cocina del Estado requiere también una parte de cuidado, discreción. No se trata de desnudez, se trata de transparencia y el resultado debe ser beneficioso.

¿Cuando se elaboró la ley se pensó que uno de los puntos de conflicto sería con la Agencia de Protección de Datos?

Podría haber tensión, pero en vez de eso hay diálogo. Tenemos una relación fluida y permanente con la Agencia de Protección de Datos y hemos acordado el criterio de las retribuciones y hace un mes el de las agendas públicas que para mí ha sido muy interesante. Y hemos vuelto a aplicar lo mismo que con los sueldos: las agendas de las personas que están más arriba en el poder son más públicas que las agendas de las personas cuando vas bajando en los niveles de responsabilidad. La transparencia es mucho más que una ley, es una manera de vivir la política y el servicio publico

Entonces, ¿usted cree que se puede decir que en España toda la información en manos del Estado es pública salvo la que la Ley diga que no lo es?

Efectivamente.

Pero esto no está consagrado en la Constitución. En cambio, sí lo está el derecho a la privacidad…

La Ley de Transparencia tiene alma de derecho fundamental. En los países latinoamericanos es un derecho fundamental. Lo que pasa es que el cuerpo que le hemos dado es el de una ley ordinaria. Eso es así y habrá de someterse a lo que digan las leyes orgánicas que son de superior rango.