El ministro Luis de Guindos justificó la designación de José Manuel Soria en la ley más vieja de España, la que dice que “las cosas siempre se han hecho así”. En una sesión que no pasará a la historia del parlamentarismo español, el ministro no fue capaz de citar una sola norma que diga que al cargo del Banco Mundial al que aspiraba Soria únicamente pueden presentarse como candidatos los 650 técnicos comerciales y economistas del Estado que hay en España por la sencilla razón de que no existe.

Pese a la debilidad argumental de una comparecencia que sólo se sostiene en la tradición y no en la legalidad –desde 1986 sólo los “tecos” se reparten los puestos en las instituciones financieras internacionales- Guindos salió vivo de la Comisión de Economía. Un recortador profesional, el diputado del PP Eloy Suárez, saltó a la arena en el momento oportuno y embarró el campo donde acabó revolcándose con el portavoz del PSOE, Pedro Saura, que no pudo evitar acometer a los múltiples señuelos que le exhibió.

Un novato Pablo Iglesias, cuya intervención fue más periodística que parlamentaria, fue el único que tuvo la templanza de llamar la atención al presidente por tolerar los dislates de Suárez, totalmente fuera del objetivo de la comparecencia. La presencia de Iglesias en la Comisión de Economía fue un ingrediente adicional inesperado. El jefe de Unidos Podemos no pertenece a la comisión, pero acudió como líder de su grupo.

Al margen de los muchos defectos del proceso de selección, que no es un concurso público porque los cargos no son de la Administración, y de su limitación a un cuerpo escogido de funcionarios de élite, el punto más débil de la explicación de Guindos sigue siendo el por qué se suspendió -el 4 de marzo- el proceso de elección de los candidatos cuando había 49 aspirantes para seis puestos, 25 para el del Banco Mundial. Este punto es el que marca la diferencia entre una elección profesional y el acuerdo de una cofradía instalada en el corazón del Estado.

Guindos dijo que se había paralizado por “prudencia”, porque se estaba eligiendo un nuevo gobierno (ese día se efectuó la segunda votación de la investidura de Sánchez). El argumento es flojo y sin respaldo legal. De hecho, sólo cuando se quiso reanudar el procedimiento, ya en julio, el secretario de Estado de Economía pidió un informe a la Abogacía del Estado que es el único documento legal pertinente citado ayer (además de la norma que fija la composición de la Comisión de Evaluación).

Pero este relato le permitió a Guindos desmontar la acusación del portavoz de Ciudadanos, Toni Roldán, de que el procedimiento era un traje a medida para Soria. Cuando el proceso se suspendió, el escándalo de los Papeles de Panamá no había estallado. “Entiendo que admire mi capacidad de previsión”, le dijo Guindos, burlón, “pero no estaba en mis pensamientos la dimisión del ministro”.

El relato de Guindos cuadra con lo que realmente dicen que sucedió en las altas esferas de Economía, pero que los diputados fueron incapaces de descifrar ayer. El candidato al Banco Mundial estaba predeterminado desde enero e iba a ser un alto cargo del Gobierno. Pero originalmente no era Soria, que tenía su ministerio y aspiraba a mayores responsabilidades en España.

El problema es que el fracaso de Sánchez prolongó la interinidad del Gobierno y los altos cargos que aspiraban al Banco Mundial ya no tenían fecha de termino. Así que se decidió esperar para ganar tiempo para ellos.

En el entretanto, Soria dimitió y descubrió que la candidatura aplazada le venía como anillo al dedo. Es decir, los diputados tenían razón en que el supuesto concurso, en realidad una “decisión discrecional” como reconoció Guindos, tenía nombre y apellidos desde el principio. Pero ayer fueron incapaces de demostrarlo.