La exparlamentaria de EH Bildu  Jone Goirizelaia  ha renunciado este miércoles a la remuneración que abona la Cámara en el periodo transitorio entre legislaturas y devuelto el dinero percibido a causa de un “error administrativo”.  

La conocida abogada de la izquierda abertzale y número tres en las listas de EH Bildu por Bizkaia, ha trasladado su decisión al Parlamento después de que varios medios de comunicación, incluido El Español, informaran de que se había acogido a la citada prestación pese a los escasos quince días en los que se mantuvo como parlamentaria en la última legislatura.

La retribución, equivalente a dos mensualidades, se eleva a 9.893, 36 euros brutos y había sido ya cobrada en agosto por Gorizelaia, que ahora la ha devuelto, según ha anunciado EH Bildu en un comunicado.

La coalición abertzale asegura en su nota que Goirizelaia había  adoptado la decisión, consensuada con su grupo parlamentario, de no solicitar el salario de transición al que el Reglamento de la Cámara le da derecho.

“Sin embargo, un error administrativo a la hora de tramitar las solicitudes del conjunto de miembros del grupo hizo que también se incluyera, sin su conocimiento, el nombre de Jone Goirizelaia”, añade EH Bildu.

La abogada y exparlamentaria “no supo nada de lo ocurrido” hasta que se hicieron eco de ello algunos medios de comunicación, “ya que ella no gestiona directamente la cuenta corriente en la que se le ingresó el dinero”.  Tras aclarar lo sucedido y renunciar ante la Mesa de la Cámara, “ha devuelto el dinero que había cobrado debido a un error burocrático ajeno a ella”.

SALARIO DE TRANSICIÓN

Goirizelaia accedió al Parlamento el pasado 18 de julio, en sustitución de Oskar Matute, portavoz de Alternativa  que resultó elegido diputado al Congreso  en las elecciones generales del 26 de junio, apenas dos semanas antes de  que la Cámara se disolviera, el 2 de agosto, a raíz de la convocatoria de los comicios autonómicos del 25-S, adelantada por el lehendakari Urkullu.

Durante ese periodo la exparlamentaria no presentó ninguna iniciativa y hubo un único pleno, de cierre de legislatura, al que asistió pero en el que no intervino.

Su nombre aparecía en el listado ofrecido este martes por el Portal de Transparencia de la Cámara  sobre el medio centenar de parlamentarios de la X legislatura concluida que han solicitado percibir  la llamada “remuneración de transición”.

 El socialista Aitor  Casado, que accedió al Parlamento a finales de mayo en sustitución de Rodolfo Ares y sólo realizó una intervención en una comisión, también está incluido en la lista de los demandantes de la prestación.

La remuneración está destinada a cubrir el periodo de transición que se genera entre una legislatura y la siguiente, en la que únicamente los  20  miembros de la Diputación  Permanente perciben los ingresos asociados a su acta de parlamentario. Su cantidad, cercana a los 10.000 euros, la fija la Mesa del Parlamento como compensación a la inactividad obligada que comportan las elecciones, que en este caso se calcula entre el 2 de agosto y el 2 de octubre.

Según la relación divulgada por el Portal de Transparencia los únicos que no han solicitado recibir esa indemnización son el lehendakari, Íñigo Urkullu, el senador del PP Iñaki Oyarzábal, y los exparlamentarios socialistas Patxi Elola y Gloria Sánchez.  Los primeros cobran sueldos públicos y los dos miembros del PSE-EE se han reincorporado a sus puestos de trabajo aunque siguen yendo en las listas que el partido presenta al 25-S.

El cobro de esta indemnización es práctica habitual en los exparlamentarios que deben declarar que no perciben ninguna otra remuneración pública o privada y deben comprometerse a su devolución en el caso de que lo hicieran.

 Para los políticos que no regresan a la Cámara existe otra figura, la de indemnización por cese, que tienen asegurada siempre y cuando hayan ocupado el escaño un mínimo de un año y no se reincorporen al mercado laboral. Sustituye al cobro de la prestación por desempleo a la que legalmente no tienen derecho. La ayuda es mensual, equivalente al 40% del salario base de los parlamentarios, y  tiene una duración de entre tres y doce meses  en función del tiempo de permanencia en el escaño.